El agente civil de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990), Osvaldo Romo, muerto este miércoles en prisión, había dicho en una entrevista concedida 12 años atrás que su lápida podía identificarlo como torturador.
"Uno no puede dejar de recordar que fue un torturador y que sus víctimas conocieron su brutalidad, salvajismo y ensañamiento, principalmente con las mujeres, ya que violó a muchas de ellas, como consta en los procesos judiciales", dijo a IPS Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Romo, de 69 años y considerado el más cruel de los agentes que practicaban la brutalidad del régimen pinochetista, falleció en la madrugada de este miércoles en el Hospital de la Penitenciaría de Santiago, de un paro cardiorrespiratorio, después de permanecer 24 horas inconsciente.
"Al igual que otros (agentes militares) que se han suicidado, Romo murió sin haber aportado toda la información necesaria para esclarecer el paradero de nuestros familiares", señaló la dirigente.
Romo vivió sus últimos años aquejado de numerosas enfermedades, entre ellas la diabetes, y en absoluta soledad, dado que no era visitado por sus familiares, quienes tampoco han reclamado su cuerpo.
Al momento de su muerte, cumplía condena por cuatro causas de secuestro calificado en contra de siete ex miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que sumaban en total 37 años de presidio. Además, estaba procesado en otra decena de casos.
El "guatón Romo" o "comandante Raúl", como se lo conocía, confesó en diversas oportunidades que aplicó los más atroces métodos de tortura a cientos de detenidos durante la dictadura de Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.
Casado y padre de cinco hijos, integró como agente civil la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), principal cuerpo represivo secreto de la dictadura, que funcionó entre 1974 y 1978, y que contribuyó con gran parte de los 1.119 desaparecidos y de los 1.800 opositores asesinados en esa época.
En 1975 Romo dejó el país y se radicó en Brasil, de donde fue expulsado en 1992 por cometer infracciones a la ley de extranjería, entre ellas falsificación y uso indebido de documentos de identidad. Los 15 años que estuvo en Chile antes de morir los pasó en la cárcel.
El abogado defensor de Romo, Enrique Ibarra, dijo este miércoles que el ex agente nunca consideró un error las violaciones de derechos humanos que cometió. "Estimaba que en un momento determinado el país había requerido sus servicios y eso lo tenía contento", afirmó.
A comienzos de la década del 70, Romo, quien alcanzó a escribir parte de sus memorias en la cárcel, se destacaba por sus radicales posturas izquierdistas. Inclusive fue candidato a alcalde y diputado por la desaparecida Unión Popular Socialista.
El 11 de septiembre de 1973, Pinochet condujo el golpe que derrocó al entonces presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), Romo fue detenido. Después se integró al grupo Halcón de la DINA. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que siempre fue un infiltrado.
En una entrevista concedida en 1995 al canal Univisión de Miami, dio una detallada clase sobre las técnicas que aplicaba, entre las que se contaban los choques eléctricos en los genitales de los detenidos. También habló sobre la forma de deshacerse de los cadáveres.
En esa oportunidad, la periodista chilena Nancy Guzmán le preguntó si volvería a torturar, a lo que respondió: "Lo haría igual y peor aún. Y no dejaría periquito vivo. Todo el mundo pa' la jaula. Ese fue un error de la DINA, yo se lo discutí hasta última hora a mi general (Pinochet): ¡No deje a estas personas vivas!".
También indicó que en el epitafio de su lápida "podría decir… un torturador". "Para mí eso es una cosa buena. Yo creo que lo que hice lo volvería a hacer", afirmó.
"Pero no pueden decir que he sido un sinvergüenza, que he ofendido personas y que me he aprovechado de mujeres. Sí pueden decir que yo cumplí una etapa, bien cumplida. Yo estoy limpio con mi conciencia. Lo que hice lo volvería a hacer", aseguró ante las cámaras.
Romo murió en momentos en que la policía de investigaciones sigue los pasos del general retirado Raúl Iturriaga Neumann, quien lleva tres semanas prófugo de la justicia, declarado en rebeldía.
El militar se negó a presentarse el 11 de junio en el Penal Cordillera para notificarse del cumplimiento de la condena a cinco años y un día de reclusión, dictada por la Corte Suprema, como autor del secuestro en 1974 de Luis San Martín Vergara, también integrante del MIR.
Díaz dijo a IPS que su agrupación sospecha que existe una poderosa "infraestructura" detrás de Iturriaga, en referencia a generales en retiro e inclusive a algunos en servicio activo que lo estarían amparando.
A raíz de este caso, el comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta, informó hace una semana que se terminaría con los descuentos voluntarios de 0,23 por ciento del sueldo de militares en servicio para cubrir los gastos de defensa judicial de los ex uniformados procesados.
La institución castrense está buscando otras alternativas para recaudar fondos, entre las que no se descarta la creación de una organización no gubernamental dedicada a ello.
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, señaló este miércoles que el gobierno ha adoptado todas las medidas de seguridad para que no se produzcan incidentes ni enfrentamientos durante el funeral del torturador Romo.
