La Comisión Verdad y Justicia (CVJ) de Paraguay emprendió una campaña para recolectar dos mil testimonios de víctimas y familiares de desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que gobernó con mano de hierro este país durante 35 años.
La campaña, lanzada el 10 de julio, se denomina "2.000 testimonios para la historia" y se propone aportar "fundamentos claros y contundentes" con vistas al informe final que deberá presentar la CVJ en agosto de 2008.
El documento adquirirá entonces el carácter de posición oficial del gobierno paraguayo, que en 1996 reconoció que hubo una dictadura en el período 1954-1989.
El titular de la CVJ, Juan Manuel Benítez Florentín, explicó que ya se han reunido 1.350 testimonios.
No existen en Paraguay cifras oficiales sobre desaparecidos. La CVJ investiga unos 400 casos, mientras que la no gubernamental Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos estima entre 3.000 y 4.000 el número de personas asesinadas durante la dictadura de Stroessner.
"Con esta campaña, queremos lograr una reparación que dignifique las luchas de todos los paraguayos y paraguayas. Este año es vital para recoger más testimonios, de modo de contar con una prueba suficientemente válida para llegar a la verdad", declaró a IPS.
"Queremos dejar registrada para la historia esa época tenebrosa que vivió Paraguay", enfatizó.
La campaña tiene el apoyo del gobierno suizo y de medios de comunicación de este país, que difunden mensajes invitando a la ciudadanía a dar testimonio.
En un corto publicitario para televisión se cuenta la historia del actor Emilio Barreto, que estuvo 13 años en prisión.
Barreto relata crudamente las torturas físicas y psicológicas que padeció: fue, por ejemplo, obligado a cavar su propia tumba. El actor afirma que es "un deber patriótico" colaborar con la campaña, sin importar lo difícil que resulte para las víctimas o el miedo a reabrir viejas heridas.
Entre los testimonios recogidos hay relatos de activistas de derechos humanos, dirigentes políticos de partidos opositores, líderes de movimientos campesinos y militares disidentes.
También se incluyen los relatos de personas que terminaron sufriendo persecución y tortura sólo por expresar su simpatía hacia la oposición.
Así se pudo reconstruir, entre otras, la dramática historia de Costa Rosado, una localidad ubicada en el departamento de Caaguazú, a 150 kilómetros de la capital paraguaya.
En la década de 1960 la comunidad formó parte de las denominadas Ligas Agrarias Cristianas, organizaciones lideradas por sectores progresistas de la Iglesia Católica que establecieron unidades productivas comunitarias.
En la madrugada del 12 de marzo de 1980 Costa Rosado fue invadida por unos 400 militares. Fuertemente armados y con la ayuda de helicópteros rodearon completamente el lugar, sitiaron las casas y detuvieron a varias personas sin orden judicial, a las que acusaron de ser "comunistas y guerrilleros".
La ocupación duró casi tres meses, durante los cuales murieron siete niños por falta de atención médica cuando se desató una epidemia de sarampión. También se denunciaron casos de violaciones a menores de edad y apremios ilegales.
Uno de los líderes de la comunidad era Victoriano Centurión, quien ahora tiene 80 años. Fue apresado y torturado salvajemente en reiteradas oportunidades.
"Lo que más hacían era atarnos de pies y manos y nos pateaban las costillas y la boca. Nos apuntaban con una metralleta y preguntaban si eras comunista, si estabas con Rusia y si les contestabas mal te pegaban", relató Centurión a la CVJ. En los archivos de la comisión se encuentran registrados centenares de casos de tortura, detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos.
"En la primera etapa de la dictadura, la más brutal, que va hasta la década de 1960, el promedio de prisión era de 800 días. Después, en la última etapa, en los 80, el promedio era de 10 días. La gente entraba y salía", explicó a IPS el sociólogo José Carlos Rodríguez, quien colabora en la recolección de testimonios.
Rodríguez dijo que revivir las experiencias es un proceso difícil y doloroso para las víctimas, sobre todo por las secuelas físicas y psicológicas. Muchos sufrieron lesiones internas o desviación de la columna vertebral a raíz de los golpes. Tienen permanentes dolores de cabeza e insomnio.
La dictadura dejó profundas huellas en la sociedad. "Están las secuelas psicológicas, la destrucción del tejido social. Esta sociedad todavía no sabe autogobernarse y por eso en estos casi 20 años de transición democrática la gente aún no sabe utilizar su voto, por ejemplo", dijo Rodríguez.
La CVJ está integrada por nueve miembros y su misión es investigar tanto las violaciones a los derechos humanos del régimen de Stroessner como las cometidas por organismos del Estado hasta el 6 de octubre de 2003, fecha de promulgación de la ley que la creó.
El organismo presentó el año pasado un informe preliminar en el que se destacan varios casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. También señala a los presuntos autores de las detenciones ilegales y brinda información sobre el exilio forzado de defensores de los derechos humanos y opositores durante la época más dura del régimen.
El informe responsabilizó a Stroessner por casos que se produjeron en el marco del Plan Cóndor, una estrategia de varias dictaduras militares de América del Sur en la década de 1970 y 1980 para intercambiar información sobre opositores exiliados y organizar operativos de secuestro y asesinato en territorio de distintos países.
Algunos detalles de esos procedimientos fueron conocidos gracias al hallazgo de los denominados "Archivos del terror", que incluyen documentos secretos de los organismos de seguridad de Stroessner y de comunicaciones con sus análogos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay y que fue descubierto en 1992 en una comisaría en las afueras de Asunción.
El informe añade que "en el Departamento de Investigaciones y la Técnica (dependencias policiales donde se torturaba a los detenidos) se realizaron ejecuciones selectivas de algunos opositores, especialmente del Partido Comunista".
El informe final de la comisión deberá proponer medidas de reparación para las víctimas, no sólo económica sino también moral.
"Deberá proponer acciones legislativas, educativas y administrativas que permitan la asunción de responsabilidades por parte del Estado para construir un futuro de convivencia", resumió el titular de la CVJ, Benítez Florentín.
Stroessner fue derrocado en 1989 y murió, a los 93 años de edad, el 16 de agosto de 2006, exiliado en Brasil.
