La fiscalía general de Colombia pidió concentrar en la capital del país todos los procesos que afrontan dirigentes políticos oficialistas por sus presuntos vínculos con paramilitares comandados por narcotraficantes. Abogados de derechos humanos aplaudieron la iniciativa.
Con esta solicitud a la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general Mario Iguarán pretende cortar el intento de legisladores oficialistas de acudir a la renuncia de sus cargos para que los casos se diriman en sus respectivas regiones, donde dominan el entramado de la función pública y tienen gran capacidad de influencia.
El fuero parlamentario implica el juzgamiento exclusivo por parte de la Corte, frente a la cual los procesados sólo pueden apelar una sola vez, a diferencia de los tribunales menores que habilitan varios recursos de defensa antes de llegar a la condena firme.
La Sala Penal del máximo tribunal de la justicia colombiana ya puso tras las rejas a 13 parlamentarios, seis ex legisladores y dos ex gobernadores, todos oficialistas menos uno, en el marco de la investigación del "paragate", el escándalo estallado a comienzos de 2006 por las relaciones detectadas entre el poder civil, militar y económico con milicias ultraderechistas.
Investigadores de la sociedad civil entienden que se multiplicarán los enjuiciados respecto de la "parapolítica", como también se le conoce en Colombia.
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Aún permanecen prófugos un parlamentario, un ex gobernador y un ex ministro, que apoyaron la norma que otorga beneficios legales a los paramilitares ultraderechistas, desmovilizados parcialmente en 2006 tras una negociación con el gobierno del derechista Álvaro Uribe.
"Celebramos (la medida del Fiscal General de la Nación) y nos parece que es una garantía de imparcialidad", dijo a IPS Omayra Gómez, abogada de la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas.
Gómez agregó que concentrar los casos en Bogotá también es útil "para proteger la vida de los funcionaros que, en región, tienen que adelantar esas investigaciones". "De hecho eso ya se viene haciendo con los casos de derechos humanos", apuntó.
El primer juicio por paragate comenzó el lunes y el acusado es el legislador Eric Morris, ex gobernador del noroccidental departamento de Sucre y ex alcalde de su capital, Sincelejo, a quien la Sala Penal de la Corte le tipificó el delito de "organizar, promover, armar o financiar" grupos paramilitares.
Morris está acusado de actuar desde 1997 con los paramilitares, al igual que su jefe político, el senador Álvaro García Romero, elegido parlamentario siete veces y cuyo movimiento ha alcanzado la gobernación departamental cuatro veces.
En una investigación preliminar, además, la Corte escuchará en versión libre al senador Mario Uribe, socio político y primo hermano del presidente de Colombia, quien enfrenta el cargo de concierto para delinquir.
También está en graves aprietos Jorge Noguera, zar de Inteligencia de Uribe durante tres años como jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y antes coordinador en el septentrional departamento del Magdalena de la primera campaña presidencial.
Noguera está acusado de haber puesto el DAS al servicio del paramilitarismo. Su caso es seguido de cerca en Estados Unidos por el gobierno y el Congreso, cuerpo este último que condicionó la aprobación del tratado de libre comercio entre los dos países a avances en el esclarecimiento del "paragate" y en derechos humanos.
En tanto, el senador Uribe es señalado por testigos de coordinar un acuerdo con paramilitares para conseguir votos en elecciones parlamentarias, entre otras ventajas.
Según el diario local El Tiempo, la Corte citará al presidente Uribe para oír su opinión respecto del llamado Pacto de Ralito, suscripto en 2001 de puño y letra por 30 políticos seguidores suyos y jefes del paramilitarismo, en el que plantean "refundar nuestra Patria" y "firmar un nuevo pacto social", lo que ha sido interpretado como un acuerdo para el asalto al poder.
Por esa época, dos personas supuestamente cercanas a Uribe, entonces en campaña presidencial, habrían contactado a los jefes paramilitares para proponerles su desmovilización a cambio de una amnistía para sus crímenes y una multa, según la confesión de un ex jefe miliciano ultraderechista que debe ser corroborada por la justicia.
Una desmovilización paramilitar parcial fue lograda por Uribe durante su primer gobierno (2002-2006) y los principales jefes de esas milicias rinden actualmente confesión por los crímenes contra la humanidad que cometieron.
La Corte Constitucional falló que sólo si relatan la verdad completa pueden acogerse al beneficio de penas máximas de ocho años, fijado en la ley respectiva.
Al senador García Romero, la Corte Suprema de Justicia lo acusa también de ser "determinador" de la masacre de Macayepo, en 2000, que además provocó el desplazamiento forzado de 200 familias.
En esa aldea del septentrional departamento de Bolívar fueron muertos a garrote 15 campesinos, crimen cuya autoría admitió en enero el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La Corte le imputa a García Romero el asesinato en 1997 de la maestra Georgina Narváez, de 30 años, una testigo electoral que demostró fraude en la elección de la gobernación de Sucre, a favor de Morris.
Según documentos, paramilitares asignaron a Morris las votaciones de por lo menos tres municipios aledaños a San Onofre, que sumaban unos 10.000 sufragios.
Estas "asignaciones" suelen hacerse a punta de amenazas a los ciudadanos, según ha corroborado IPS con fuentes directas, no sólo en San Onofre.
A pesar de estar las votaciones cuestionadas, los parlamentarios con problemas por cuenta del "paragate" están siendo reemplazados por sus suplementes, pues aún no se avanza hasta la responsabilidad política.
La búsqueda de la verdad sobre los delitos atroces cometidos por todas las partes en la longeva guerra colombiana, en la que paramilitares y fuerza pública se enfrentan con guerrillas izquierdistas, se desarrolla también a iniciativa de las víctimas en la justicia interamericana.
La justicia del sistema de la Organización de Estados Americanos ha esclarecido crueles matanzas, trazando la coautoría u omisión de la fuerza pública y condenando al Estado colombiano.
Paralelamente, con gran lentitud, avanza ante la fiscalía la etapa de confesión de ex paramilitares desmovilizados. La semana pasada inició su confesión Edwar Cobo, alias "Diego Vecino", el comandante político del bloque paramilitar que asoló el norteño departamento de Sucre y que fue desmovilizado hace dos años, quien conoce todos los secretos de los poderosos locales, de Bolívar y de la zona nororiental de Córdoba, departamentos aledaños.
Cobo es uno de los firmantes del Pacto de Ralito, junto con los poderosos ex jefes paramilitares Mancuso, Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", y Diego Fernando Murillo, "Don Berna".
Aunque la fiscalía recogió 4.000 demandas contra ese bloque, su audiencia fue seguida sólo por contadas personas en una sala contigua dotada de circuito cerrado de televisión. En todo el país se multiplican las denuncias sobre amenazas a víctimas que asistan a esas audiencias. Las víctimas del paramilitarismo inscritas ante la Fiscalía General superaban las 80.000 hasta este martes, se informó oficialmente.
IPS tampoco vio víctimas en el cementerio de San Onofre en febrero, cuando la fiscalía adelantó la exhumación de fosas comunes señaladas por el sepulturero contratado por paramilitares a través de la alcaldía.
Esta persona percibió del gobierno municipal entre 150 y 200 dólares por enterrar restos que recibía en bolsas de plástico negro o en ataúdes cerrados, según dijo a IPS.
"El sistema paramilitar parece estar intacto en Sucre", indicó a IPS el portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda. "Vecino" consideró injusto que los desmovilizados no puedan candidatizarse personalmente para las elecciones regionales y locales de octubre, lo que es materia de debate aunque ya hay tres de estos candidatos inscritos.
Los paramilitares y sus aliados son acusados por el Movice de haber asesinado o desaparecido forzadamente, sólo en Sucre, "al menos" a unas 3.000 personas, de haber cometido 75 masacres entre 1999 y 2000, con 329 muertos, y el ocultamiento de los cadáveres en cientos de fosas comunes.
También responsabilizan a las fuerzas de ultraderecha de causar el desplazamiento forzado de sus hogares de 70.000 personas en Sucre y de 2.162 familias de San Onofre, de práctica regular de la tortura, la aniquilación de organizaciones agrarias, la apropiación violenta de establecimientos de campesinos, el sometimiento político y el saqueo de los recursos públicos.
El Movice denuncia además el exterminio a manos paramilitares de 90 militantes de la Unión Patriótica, el partido legal surgido en 1985 tras un pacto de paz con la guerrilla izquierdista.
