En busca del «encuentro de muchos caminos, unidos contra el olvido», como rezan las pancartas, unas 3.500 víctimas de la guerra civil de Colombia piden reconocimiento y respeto por su situación, tanto de las autoridades como de la sociedad.
Mujeres, campesinos, negros, indígenas, desplazados, sindicalistas, familiares de asesinados, secuestrados o desaparecidos, todos afectados por el accionar de paramilitares de ultraderecha, guerrillas izquierdistas o agentes de seguridad del Estado, se reúnen desde el jueves y hasta este sábado en Bogotá para reconocerse y buscar alternativas de solución a su problemática.
"Queremos hacer visible la situación de las víctimas, y para ello pretendemos que la sociedad colombiana no tolere, ni auspicie, la apología de acciones criminales, de manera independiente de sus autores", dijo a IPS el activista Iván Cepeda.
En la asamblea, con la participación de 80 organizaciones civiles de todo el país, se divulgó que 31.656 personas murieron o desaparecieron por razones políticas entre junio de 1996 e igual mes de 2006, según cifras aportadas por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una entidad no gubernamental con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas.
La CCJ asegura que, de ese total, se logró identificar a los autores de 20.352 muertes, 16.064 a manos de "agentes directos e indirectos del Estado, es decir funcionarios públicos y paramilitares", y el resto por la guerrilla.
Por su parte, la no gubernamental Escuela Nacional Sindical denunció que fueron asesinados 2.515 dirigentes y militantes de organizaciones laborales desde 1986.
La Fundación Prensa Libre asegura, a su vez, que desde 1985 fueron muertos en el marco de del conflicto armado interno 157 periodistas, mientras que la no gubernamental Federación Nacional de Concejos Municipales indica que las víctimas fatales de ediles suman 251 desde 2000.
A estas estadísticas se suman testimonios en vivo. Desde La Guajira, en el extremo norte de Colombia, mujeres Wayuú, vestidas con sus largas túnicas de colores y pañuelos en la cabeza, contaron que más de 200 miembros de su comunidad debieron cruzar la frontera hacia Venezuela, atemorizados por los crímenes que con total impunidad cometían policías frente a la ranchería (casas indígenas).
Otras zonas, como el departamento del Quindío, sobre la cordillera central y "tradicionalmente remanso de paz, es ahora escenario de desmanes a cargo del grupo emergente de paramilitares Águilas Negras", señaló a IPS un campesino de la región.
"Soy desplazado desde 1997. A mi hermano lo mataron y me fui a trabajar el campo en Quindío. Pero desde hace dos años llegaron los paramilitares, y en este tiempo han desarrollado un plan de muerte y persecución. Sólo en la población de La Tebaida, mataron a por lo menos 150 y unas 130 familias fueron obligadas a abandonar el lugar", aseguró.
Por eso, agrega entusiasta, "yo estoy aquí para que el mundo entero sepa lo que pasa en Colombia".
"Quiero que el mundo nos ayude, porque la población desplazada sufre hambre, enfermedades, necesita ayuda", apuntó.
También hay en esta reunión rostros negros del pacífico colombiano, indígenas del Cauca que llegaron en las llamadas "chivas" (entre bus y camión, sin vidrios y pintados de colores vivos) y llevando en sus manos los "bastones de mando", indígenas de la Sierra Nevada con sus túnicas blancas y mochilas tejidas, así como habitantes de distintos departamentos.
"La participación tan grande nos demuestra que este país está victimizado a lo largo y ancho de su geografía", dijo a IPS el sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo, fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que trabaja con comunidades en regiones de conflicto.
"Creo que estábamos en mora de realizar un evento como éste, porque desde hace muchos años el país está lleno de víctimas, pero hace muy poco empezaron a salir, a reunirse, y verlos ahora juntos me impresiona", agregó el sacerdote.
Como víctima también fue invitada Marleny Orjuela, presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por los Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), impulsora constante de un acuerdo humanitario reclamado a través de un "plantón" semanal frente al edificio del Congreso legislativo.
"Esperamos que el profesor Moncayo alcance a llegar al evento", afirma Cepeda, refiriéndose a Gustavo Moncayo, quien camina desde mediados de junio desde su natal Nariño, en la sudoccidental frontera con Ecuador, pidiendo por la liberación de su hijo, secuestrado por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1997.
La Corporación Reiniciar recordó que en 1993 presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso del partido izquierdista Unión Patriótica, con un listado inicial de 1.163 de sus dirigentes y militares ejecutados entre 1985 y 1993. La cifra de asesinados de esta fuerza "hoy está cercana a las 5.000", afirma el documento.
"Todo esto para qué", se pregunta Cepeda. "Este sábado realizaremos una audiencia pública que contará con la presencia de funcionarios del Estado como el vicefiscal general Guillermo Mendoza, el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, y un representante de la Procuraduría", cuyo nombre aún no conocemos".
"Les pediremos que adopten programas pedagógicos y un proyecto de ley que tipifique la apología al delito en cualquiera de sus formas, y que ellos lo presenten en el Congreso las veces que sea necesario hasta lograr su aprobación", agregó.
En la misma audiencia, las víctimas reconocerán la actitud asumida por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional por haber "puesto límite a las pretensiones desmedidas de los grupos paramilitares y a la impunidad (para ellos) buscada por los políticos vinculados con la parapolítica", agregó Cepeda.
De forma complementaria, jóvenes, teatreros y colectivos culturales realizarán actividades como la jornada de "graffiti en vivo", denominada "Ecos y Rastros de la memoria", que pintarán sobre lienzos obras alusivas a la verdad, la justicia y la reparación, para conformar una galería.
