Empresas de reclutamiento de mercenarios con destino a Iraq, acusadas en Chile de maltrato humano, asociación ilícita, tenencia de explosivos y uso no autorizado de armas del ejército, están en la mira de una misión especial de la ONU.
El "Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación", establecido en julio de 2005 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, seguirá el rastro de las firmas cuestionadas hasta el viernes en Chile y luego en Montevideo.
El senador Alejandro Navarro, del cogobernante Partido Socialista y principal gestor de la presencia de la delegación que arribó el lunes a Santiago, afirmó que estas empresas declaran domicilio legal en Uruguay y que los contratos se firman en el espacio aéreo internacional mientras los mercenarios son trasladados en avión a Medio Oriente.
También se fija una ciudad de Jordania como lugar de la suscripción de los contratos y algunos de ellos nombran como árbitro, en caso de cualquier diferencia, al Tribunal de Comercio de Panamá, añadió el legislador, quien gestionaba desde hace dos años la llegada al país del Grupo de Trabajo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Ahora, finalmente el gobierno de Michelle Bachelet invitó oficialmente a esta delegación presidida por el español José Luis Gómez del Prado, que ya visitó Honduras y Ecuador en 2006 y Perú este año. El grupo se completa con la colombiana Amada Benavides de Pérez, el ruso Alexander Nikitin, la experta libia Najat Al-Hajjaji y Shaista Shameem, de Fiji.
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Navarro especificó que empresas de seguridad privada estadounidenses, como Blackwater y Triple Canopy, que reclutan a guardias a petición del gobierno de ese país para enviar a zonas de conflicto armado para proteger instalaciones estratégicas, suelen subcontratar a firmas sudamericanas como Red Táctica Consulting Group.
El dueño de Red Táctica, cuya sede se ubica en Washington, es José Miguel Pizarro, un oficial que se retiró de las filas castrenses chilenas para vivir en Estados Unidos y enrolarse en el ejército de ese país. El ex militar también fue conocido por su trabajo como comentarista de temas de seguridad respecto de Iraq en la cadena de noticias estadounidense CNN.
Pizarro aceptó en principio reunirse en Santiago con esta misión de la ONU, pero luego dio marcha atrás aduciendo que Gómez del Prado no es imparcial y que tiene posiciones "antiamericanas", según informó el propio jefe del grupo visitante.
La investigación realizada hasta ahora por Navarro dio como resultado que las siete u ocho empresas que hoy se dedican a reclutar a ex soldados jubilados o retirados voluntariamente de las Fuerzas Armadas fueron creadas por lugartenientes de Pizarro, a quien el senador demandó por asociación ilícita ante los tribunales locales en 2004.
Estas empresas pagan cerca de 1.200 dólares mensuales a los "guardias de seguridad internacionales" contratados, proporcionándoles alojamiento y comida, detalló.
En su página en Internet, Navarro afirma que Red Táctica ha violado la ley de vigilantes privados y ha cometido los delitos de asociación ilícita, tenencia de explosivos sin la autorización e inscripción legal respectiva, uso no autorizado de armas del ejército y maltrato animal.
Navarro lamentó ante IPS que "Chile aún no haya suscrito ni ratificado el Convenio Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios de 1989, pese a que sí rechazó con fuerza la guerra de Iraq".
La misión de ONU programó reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Trabajo y Justicia, con la Corte Suprema de Justicia y con miembros del parlamento, además de expertos universitarios, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. También pretende conversar con los representantes legales de las firmas cuestionadas.
Según estimaciones de Navarro, desde 2004 hasta la fecha han partido a Iraq cerca de 1.200 ex militares chilenos, principalmente jubilados, con 40 años de edad como promedio, reclutados por empresas privadas que operan en diversos países para evadir futuras responsabilidades.
En un encuentro realizado el martes con académicos e investigadores universitarios, Gómez del Prado destacó el aumento exponencial de la presencia de mercenarios en conflictos bélicos a partir de la invasión de Iraq en marzo de 2003.
Esta práctica constituye una forma de "privatización de las guerras", que implica la trata de personas y otras prácticas atentatorias contra los derechos humanos, precisaron Gómez del Prado y Benavides de Pérez.
Los relatores del Grupo recordaron que en las torturas denunciadas en la prisión iraquí de Abu Ghraib en 2003 participaron "guardias privados de seguridad" junto a soldados estadounidenses.
Chile es objeto de atención del Grupo desde 2004, cuando se informó de la presencia de 124 ex militares de este país en Iraq. Fuentes de Santiago estiman que actualmente hay 500, mientras que Navarro eleva esa cifra a 1.000.
Los expertos universitarios convocados indicaron que Chile cuenta con una numerosa legislación sobre los servicios privados de seguridad, pero no está tipificada como delito la práctica mercenaria, por lo cual resulta indispensable que se ratifique la Convención de la ONU para adecuar a ella su legislación interna.
Los relatores de ONU alentaron a que la comunidad internacional adopte este instrumento, suscrito hasta ahora por muy pocos países, para fijar pautas sobre el margen y las reglas de cesión a privados del "uso de la fuerza", que fue considerado en general un monopolio estatal con fines de protección de sus habitantes.
Pero este planeamiento teórico ha sido puesto en cuestión por las prácticas modernas que han impuesto incluso en el terreno bélico prácticas de mercado que contravienen el derecho internacional y eluden las legislaciones internas a través de las empresas contratistas de mercenarios.
Hasta ahora no se han registrado bajas, pero algunos de los ex militares chilenos denuncian irregularidades y malos tratos. Daniel Maturana, un retirado del ejército de 28 años, narró el martes al Grupo de Trabajo de la ONU su historia, que fue difundida hace dos años por los medios de comunicación gracias a la denuncia de Navarro.
Maturana contó que en 2005 fue contactado por Global Guard, también de propiedad de Pizarro, para trabajar como guardia en una "instalación segura" de Iraq, como una embajada o un aeropuerto. La suculenta oferta era de 2.800 dólares mensuales por seis meses, más 250 dólares de viático y vacaciones pagadas.
El ex militar aceptó y partió con destino a Medio Oriente en un charter privado junto a uno de sus hermanos, también ex uniformado, y a otros 160 mercenarios del mismo origen. El contrato lo firmó durante el vuelo, pero, para su sorpresa, éste decía que se les pagaría sólo 1.000 dólares por mes.
"Pizarro nos dijo: 'al que no le guste que se baje del avión'", aseguró Maturana a IPS.
Después de 30 horas de vuelo, sólo comiendo pan y tomando agua, llegaron a Jordania, donde el grupo se dividió. Él y su hermano fueron enviados a custodiar una misión diplomática estadounidense-británica en una localidad cercana a Bagdad, donde debió portar armamento de guerra, como una metralleta AK 47 y cinco cargadores con 30 tiros cada uno.
Aunque dice que fue bueno el trato recibido por parte de Triple Canopy, la empresa que subcontrató los servicios de Global Guard, lo indignó constatar la dimensión del negocio de Pizarro.
La firma estadounidense le abonaba a Pizarro entre 8.000 y 15.000 dólares por cada mercenario, más de 10 veces lo que ellos recibían. "Se embolsaba cerca de 10.000 dólares por cada uno de nosotros", remarcó Maturana.
El ex soldado asegura que Triple Canopy le ofreció, gracias a su profesionalismo, integrarse a sus filas por 15.000 dólares mensuales. Pero como a Pizarro no le gustó la jugada, aprovechó un traslado para agredir físicamente a los dos hermanos, a quienes mantuvo secuestrados durante seis días, al cabo de los cuales fueron liberados por guardias de las islas Fiji.
Tras esta situación, retornaron a Chile sin que se les pagase su sueldo. Un tercer hermano Maturana, que había viajado posteriormente a Iraq, también tuvo dificultades para salir de ese país.
El ex mercenario califica a la firma de Pizarro como una "mafia", pero no reniega de la labor realizada.
"Yo creo que es un desprestigio para el país que se diga que ex militares chilenos son mercenarios, porque no es así. Yo no trabajé de mercenario, no trabajé de asesino a sueldo ni maté iraquíes, sino que protegí instalaciones y personas", aseveró.
A propósito de la visita del Grupo de Trabajo de la ONU, el senador Navarro se reunió con el ministro de Defensa, José Goñi, quien le aseguró que el gobierno tiene la voluntad de suscribir y ratificar la Convención de 1989.
"Ahora está en las manos de la cancillería, que hasta ahora no lo ha considerado prioritario", indicó Navarro.
El resultado de las indagaciones de los especialistas será presentado en septiembre al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.
