Constituyentes, expertos y líderes políticos y de organizaciones sociales no logran ponerse de acuerdo sobre la caracterización de Bolivia. El país unitario y plurinacional que imaginan los indígenas y partidarios del gobierno queda muy lejos del ideal de los grupos económicos dominantes.
El debate cobró fuerza con la propuesta de la mayoría de integrantes de la Comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente, una de las 21 creadas para considerar más de 400 artículos del proyecto de la nueva ley fundamental.
La declaración de "estado unitario y plurinacional", contenida en el informe aprobado por la mayoría afín al presidente izquierdista Evo Morales y su Movimiento al Socialismo, choca con la postura del opositor y derechista Poder Democrático y Social (Podemos), que defiende "una sola nación con diversidad cultural, étnica y lingüística, en el marco de la interculturalidad".
Una importante representación indígena, entre los 255 miembros de la Asamblea Constituyente que finalizará sus sesiones el 14 de diciembre, intenta obtener el reconocimiento de los pueblos originarios, excluidos del poder civil y político desde el mismo nacimiento de Bolivia como país independiente en 1825.
En el otro frente, Podemos lleva la representación de los grupos empresariales, de productores de la agroindustria y propietarios de vastas extensiones de tierra, asentados en el oriental departamento de Santa Cruz, quienes temen perder sus propiedades.
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La "interculturalidad" propuesta por los sectores conservadores, no tiene una interpretación única pero alude a determinada cultura a partir de otras diferentes, indicó a IPS el sociólogo y profesor universitario Oscar Vargas.
Esta explicación puede entenderse como un "conocimiento recíproco de las tradiciones, prácticas culturales que puede resumirse en un concepto suave como el conocimiento folclórico", señaló.
Pero una "definición sociológica radical" interpreta a la interculturalidad como un proceso de interacción, un intercambio de prácticas culturales, un encuentro entre actores sociales, con procesos de comunicación de por medio.
También podría traducirse en la acción dominante de una cultura sobre otra, o en una relación democrática de culturas con la misma jerarquía y peso, agrega.
En una aproximación a la presencia indígena del occidente de Bolivia en el gobierno, el experto describe otra variación a la que denomina "etnocentrismo" y la define como forma de relación no democrática, con la hegemonía de una cultura "dominante" respecto de otra "dominada o sometida".
Una figura de dominación podría compararse a un acto de revancha, comentó a IPS el sociólogo e investigador Miguel Morales, quien advierte una debilidad del Estado porque no consigue convertirse en el "arco de identidades colectivas", donde las nacionalidades se sientan representadas.
Cuando el propio oficialismo habla de multinacionalidad o plurinacionalidad cae en una confusión en la interpretación de los conceptos básicos, sostuvo Vargas.
La multinacionalidad es el reconocimiento de naciones que poseen cualidades y atributos como un espacio territorial, dotado de recursos naturales, con soberanía y autodeterminación.
Por lo tanto, "existe una contradicción de términos", porque no puede existir un "Estado unitario" cuando se desea incluir a "naciones con territorios autónomos, libres y soberanos en su forma de gobierno", como plantea el MAS y sus aliados, indicó.
"Sería muy peligroso, porque los gobiernos de las naciones autónomas pueden proclamarse independientes", en virtud del reconocimiento de esa facultad en la propia constitución, agrega.
Pero Vargas afirma que el interés de reconocer a las naciones en el nuevo Estado no representa un acto inocente y, por el contrario, advierte que el MAS desea ejercer la representación de las nacionalidades indígenas desde una posición hegemónica.
Hasta la instalación de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto de 2006, los representantes de los pueblos originarios reclamaban autonomías para 36 naciones, pero, mientras el debate cobra intensidad, las demandas de reconocimiento suben a 40 grupos culturales.
Sectores radicales como el Consejo Nacional de Markas y Ayllus (Conamaq), que llegaron a la Constituyente en alianza con el MAS, demandan el reconocimiento de gobiernos originarios con funciones, delimitación territorial y autodeterminación previa a la colonia española.
Esta exigencia no coincide con el ordenamiento político y territorial de la actual república boliviana, dividida en nueve departamentos, en provincias, cantones y 327 gobiernos municipales con autonomía de gestión administrativa.
También es contraria a la autonomía reclamada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que obtuvieron una victoria en un referéndum realizado el 2 de julio de 2006, y aguardan una ratificación formal de la asamblea constituyente.
¿Y dónde queda la clase mestiza?, interroga el sociólogo Miguel Morales al explicar que 60 por ciento de los 9,6 millones de bolivianos vive en ciudades y están marginados de las demandas expuestas en la Constituyente por la representación indígena.
Morales admite que los grupos culturales originarios como la comunidad aymara, que es dominante en la región andina de occidente del país, fue explotada durante la colonia y luego en la vida independiente del país y ahora observa a la Asamblea como el espacio para obtener el reconocimiento negado desde la conquista española.
Pero su análisis tiene nuevas interrogantes. En el caso de un reconocimiento a las naciones indígenas, su poder generaría un "peligro" para la gobernabilidad y generaría conflictos con el gobierno central y de otras regiones, expresa.
"Representarían un 'suprapoder' por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial", advirtió.
Otro de los conflictos por resolver es la forma de asignación de las autonomías indígenas en regiones pobladas como el departamento de Santa Cruz, donde la presencia de inmigrantes aymaras es tan importante como la de los habitantes de los pueblos originarios del lugar.
¿Quién tiene la prioridad para obtener el reconocimiento?, se volvió a preguntar el investigador Morales.
La existencia de naciones originarias independientes se registró durante la etapa pre-colonial y hoy no es viable esta forma de gobierno, por eso es necesario elegir un camino orientado a garantizar la convivencia de las personas, opinó el antropólogo y sacerdote jesuita Xabier Albó.
El experto sugiere un modelo intercultural con el reconocimiento de los grupos étnicos, desde su localización geográfica, hasta incluir a los habitantes de las ciudades en la nueva Constitución bajo un pensamiento amplio de pluralidad.
Cada habitante debe mantener su orgullo de pertenecer a un grupo cultural, pero aceptar al otro dialogando y si perder la identidad, puntualizó. *****
