Colombia conmemoró sus 197 años de independencia de la corona española el viernes 20 de este mes. En la madrugada de este lunes, unos 5.000 indígenas iniciaron un recorrido de 800 kilómetros para preguntar al gobierno «¿qué independencia?».
"Llegaremos hasta el Congreso (legislativo) de la República para dejar constancia de nuestro desacuerdo por leyes aprobadas que ponen en grave riesgo la soberanía nacional y la autonomía de los pueblos indígenas", dijo a IPS el líder Feliciano Valencia.
Indígenas de las etnias nasa o paez y guambiana iniciaron el recorrido en Santander de Quilichao, 100 kilómetros al norte de Popayán, capital del suroccidental departamento del Cauca.
Los derechos de las etnias nativas a manejar y controlar sus resguardos, territorios ancestrales, y a autogobernarse en ellos, consagrados en la Constitución de Colombia, están amenazados por leyes y proyectos ambientales, de ordenamiento territorial y de desarrollo rural, afirman los indígenas.
La movilización es a pie hasta la entrada y salida de ciudades y poblaciones intermedias, pero la mayor parte del trayecto es en autobuses. En cada parada, los líderes indígenas conversan con los pobladores en busca de opiniones sobre asuntos de actualidad económica y de derechos humanos.
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El recorrido incluye capitales departamentales como Popayán y Cali, sobre la cordillera occidental, y Armenia e Ibagué, en la central, para arribar este jueves a Bogotá, situada sobre la cordillera oriental, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
"Queremos decirle al mundo que el gobierno de Colombia no garantiza la convivencia de los colombianos, y cuestionar las leyes emitidas por el Congreso de la República, en contra de los sectores rurales", agregó Valencia.
El indígena se refería al Estatuto de Desarrollo Rural, aprobado en junio por la Cámara de Representantes y que pasará a estudio del Senado durante las sesiones ordinarias instaladas el viernes pasado.
Para el gobierno, las medidas contenidas en el estatuto "apuntan a lograr la actualización de un modelo conceptual que promueva, ordene y tecnifique el desarrollo de las zonas rurales del país", afirmó el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, en declaraciones registradas en el sitio de Internet de su cartera.
El ponente de la ley, el legislador conservador Pedro Ramírez, considera que ésta "debe marcar un norte al campo colombiano para que las próximas generaciones tengan la posibilidad de hacerlo más productivo y competitivo, frente a una globalización cada vez más exigente".
Pero los marchantes creen que ésta es "la ley más retrógrada de los últimos años". Portavoces de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) afirman que el Estatuto de Desarrollo Rural "desconoce y atropella normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución, como la libre determinación, el manejo y control de sus territorios".
"Nuestros resguardos serán arrasados al establecer que puede haber dentro de ellos igual derecho de terceros. El proyecto es una estrategia de adecuación del territorio que facilite la vigencia del Tratado de Libre Comercio", agregaron en referencia al TLC negociado con Estados Unidos, pero aún pendiente de aprobación legislativa en ese país.
La protesta indígena también es contra "la insistencia del gobierno para la aprobación del TLC", dijo Valencia, quien instó a la población a presionar por el acuerdo humanitario entre las autoridades y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permita liberar a rehenes mantenidos por esa guerrilla a cambio de guerrilleros presos.
Las organizaciones nativas también están en contra de otras medidas del gobierno, como el Plan de Desarrollo Territorial y la Ley de Trasferencias, además de "la fragmentación territorial planteada por las leyes ambientales y normas favorables a las multinacionales en regiones mineras".
Los indígenas piden asimismo una salida negociada al conflicto armado que Colombia vive hace 43 años y que ha dejado en sus comunidades "masacres, asesinatos selectivos, abusos contra niños y ancianos y atropellos contra adultos, víctimas del fuego cruzado del Estado contra la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes" dijo el senador indígena Jesús Piñacué a los medios de comunicación.
El antecedente más destacado de una movilización como ésta data de septiembre de 2004, cuando 30.000 nativos de las comunidades nasa y guambiana llevaron a cabo la Minga Popular por la Dignidad de los Pueblos, caminando desde Santander de Quilichao hasta Cali.
La minga, una institución indígena precolombina, es una reunión para conseguir algún propósito colectivo.
Los marchantes afirmaron que "ésta es una minga pacífica por los derechos de los indígenas y los colombianos golpeados por las políticas de la administración" del presidente Álvaro Uribe.
Están "fuera de lugar las presiones del gobierno nacional para que no se realice", agregaron.
En su inicio, la marcha no ha producido reacciones ni ha sido registrada por los medios nacionales de comunicación.
Uribe celebró el domingo la fiesta de independencia nacional con colombianos residentes en Nueva York y Nueva Jersey, donde afirmó que "la aprobación del TLC permitirá generar más empleos de calidad y reducir la violencia en Colombia".
El periodista indígena Emilio Basto aseguró en lengua nasa yuwe: "Nakiwa guagas kusete ustenxu nchika eukhe nenxumenhaw kwesx mamakiwes kiyuhuka", que en español significa "mientras la tierra esté en manos de los poderosos, sus hijos seguiremos siendo esclavos. Libertad para nuestra madre tierra".
