Ecuador se apresta finalmente a presentarse ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para demandar a Colombia por las fumigaciones antidrogas que realiza en la frontera común. Esa posibilidad ya había sido advertida por Quito.
"Me atrevo a decir que la vía diplomática sobre el tema de fumigaciones está agotada", dijo en Quito la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
Colombia se negó siquiera a levantar el acta de una reunión sostenida a principios de este mes con una comisión científica ecuatoriana, que pretendía mostrar pruebas sobre el daño a la salud humana y animal, cultivos y medio natural que causan las fumigaciones antidrogas que practica Colombia, informó en la víspera la ministra.
Ahora Ecuador debe pasar "del nivel diplomático y del nivel científico a un nivel jurídico", amenazó Espinosa. Las fumigaciones aéreas con una mezcla potenciada del herbicida glifosato, altamente tóxica y que mata todas las plantas que toca, forman parte del Plan Colombia antinarcóticos y contrainsurgente financiado por Estados Unidos.
No solamente se fumigan las plantaciones de coca, materia prima de la cocaína, de la cual Colombia es el primer productor mundial y Estados Unidos el mayor consumidor. También arrasan con los cultivos de alimentos, según los campesinos colombianos.
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Los labriegos ecuatorianos no saben si deben sembrar, pues, pese a las protestas de su gobierno, Colombia fumiga periódicamente en la zona, a contrapelo del pedido ecuatoriano de que no lo haga en una franja de 10 kilómetros de la frontera.
Afirmaciones de Bogotá en el sentido de que en Ecuador se siembra coca cerca de la frontera han sido desmentidas incluso por enviados especiales del diario El Tiempo, el de mayor circulación en Colombia.
Las operaciones de fumigación, practicadas en zonas de guerrilla, son realizadas por la firma Dyncorp, contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y escoltadas por helicópteros Black Hawk, especialmente acondicionados para la guerra contrainsurgente y que también hacen parte del Plan Colombia.
En la zona fronteriza desde enero no ha vuelto a haber fumigaciones, en parte debido a las protestas de Quito, en parte porque se fumiga cuando está a punto la cosecha de hoja de coca.
En cambio, en este sureño departamento colombiano del Putumayo se adelanta desde marzo la erradicación manual forzada. Lo que parece una solución al diferendo con Ecuador induce, sin embargo, un pánico mayor entre las familias cocaleras colombianas.
"Porque las avionetas pasan, y el campesino corre y se protege. Se mete en su casa", según Nydia Quintero, tesorera de la Asociación Campesina del Sur occidente del Putumayo (Acsomayo).
En cambio, en una operación de erradicación manual forzada "llega el ejército, rodea tu finca, e invade tu terreno", narró. "Llegan los erradicadores y empiezan a arrancar las matas sin previo permiso del dueño de la finca, violando todos los derechos de la familia habitante del predio", añadió.
"Los niños se llenan de terror, la gente corre a esconderse y, además de eso, se están robando las gallinas, los productos de pancoger (para su consumo) de los campesinos", dijo la mujer en el caserío de La Carmelita, municipio de Puerto Asís, del lado colombiano.
Según la integrante de Acsomayo, los equipos de erradicación en su región son integrados por 300 militares y unos 100 civiles.
En la zona Puerto Vega-Teteyé, entre el río Putumayo y la frontera con Ecuador, comenzó la erradicación forzada este mes. La operación fue precedida del incendio de casas y laboratorios, denunció Quintero a IPS.
En junio, el noticiero del canal de televisión colombiana RCN informó que en Putumayo se estaba estrenando un nuevo método de erradicación, utilizando tractores. Las imágenes mostraban una de estas máquinas penetrando en una finca y arrasando con todo a su paso.
El plan de la comunidad para sustituir el cultivo ilegal no ha sido tenido en cuenta.
"La propuesta consiste básicamente en que el gobierno (colombiano) vuelva los ojos a programas de producción agropecuaria, a la construcción de vías, inversión en servicios básicos a las zonas rurales, que generen empleo, trabajo para el campesino", apuntó Quintero.
Así, "el campesino voluntariamente arrancaría la coca", que "se ha convertido en el producto que da el sustento para nuestros hijos". "Cuando el gobierno nos empiece a invertir en el campo, nosotros dejaríamos la coca", aseguró.
La Carmelita es una zona selvática distante 23 kilómetros de la frontera con Ecuador. La agricultura y la coca son allí la forma de vida de los campesinos. Hay una carretera central, con algunos ramales en malas condiciones y de cuyo mantenimiento tienen que hacerse cargo las comunidades.
Por esa única vía central, 16 camiones cisterna transportan a diario petróleo del pozo Cohembí para el consorcio Colombia Energy, que en 1998 obtuvo la concesión de Ecopetrol, la firma estatal colombiana, ahora en proceso de privatización por parte del gobierno derechista de Álvaro Uribe.
El petróleo es sinónimo de riqueza, pero no en este lugar. "En la industria petrolera, los subcontratistas toman personal por mes o por quincenas. Normalmente trabajan tres o cuatro (habitantes) por cada 10 u once veredas (vecindarios rurales). La mayoría de la gente aquí no tiene empleo de la empresa. Solamente 0,3 por ciento" de ellos, informó Quintero.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), principal entidad para la protección de la infancia, adelantó últimamente un diagnóstico nutricional entre más de 400 niños y niñas menores de cinco años de 22 comunidades del municipio de San Miguel y de dos del aledaño La Hormiga.
La valoración mostró a 42,75 por ciento de los niños y niñas con desnutrición global (bajo peso para la edad), 20,6 por ciento con desnutrición aguda (bajo peso para la talla) y 47,6 por ciento con desnutrición crónica (talla para la edad).
Quintero tiene cinco niños. ¿Cuál es la principal preocupación de una mamá en esta región?, le pregunta IPS. "El futuro de mis hijos, qué será de ellos si en este momento nosotros no logramos el derecho a la vida de la gente en la región, por la proyección de la explotación petrolera", responde.
"¿Qué pasará más adelante, cuando la explotación petrolera sea mucho más grande? ¿Nuestros hijos van a tener que salir desplazados para otra parte? Eso me preocupa", dijo.
El pozo fue explotado por Ecopetrol hace algunos años, se cerró y el yacimiento fue retomado por Colombia Energy en 2003.
"Se desplegó una explotación petrolera bastante grande. Con eso, realmente, lo que llegó fue la militarización del territorio", dijo a IPS Amaury Padilla, de la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), una organización civil que trabaja en la zona desde hace 10 años.
En Putumayo actúan insurgentes de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla campesina en armas desde 1964 y que hace 11 años apoyó fuertes protestas cocaleras y que suele extorsionar a las empresas que operan en sus territorios.
Las fumigaciones del Plan Colombia, iniciadas en Putumayo en 2000, ya tenían a las personas en la miseria.
Tan pronto la comunidad vio de nuevo movimiento en torno al pozo, se organizó para demandar a Colombia Energy soluciones "a problemas básicos de educación, salud, infraestructura". "Y la respuesta fue asesinar al líder de esa protesta", relató a IPS Ricardo Vargas, director de Acción Andina y profundo conocedor de la región.
En diciembre de 2005, el presidente de Acsomayo, Luis Melo Bastidas, de 55 años y que orientaba a los 57 caseríos, fue asesinado por paramilitares de ultraderecha, que actúan con la fuerza pública.
A su muerte le siguieron unos seis meses de estupor, pero luego volvieron las reuniones. Ahora, con la ayuda de Minga y de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), lograron hacerse oír en junio por una misión humanitaria interinstitucional que acudió a La Carmelita.
