Desechando la recomendación de la fiscalía de la Corte Suprema de Justicia de Chile, el juez Orlando Álvarez rechazó sorpresivamente este miércoles la extradición a Perú del ex presidente de ese país Alberto Fujimori (1990-2000).
"Estamos decepcionados, sorprendidos ante la decisión del ministro Álvarez", comentó a IPS el director ejecutivo del capítulo chileno de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, Sergio Laurenti.
"A Fujimori se le acusa de violaciones de los derechos humanos generalizadas y sistemáticas durante todo su mandato, que constituyen delitos de lesa humanidad", apuntó.
Laurenti indicó que "Amnistía ha documentado centenares de casos de desapariciones forzadas, torturas y malos tratos cometidos (en Perú) durante su gobierno, por lo que esperamos que Chile cumpla, en caso de no cursar la extradición de Fujimori, con su obligación de investigarlos y juzgar al ex mandatario por estos delitos", enfatizó.
Fujimori, prófugo desde 2001, es requerido por la justicia de su país por su responsabilidad en 10 casos de corrupción y dos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
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La fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Mónica Maldonado, desechó sólo un caso y aceptó como válidos los antecedentes que fundamentan el procesamiento por los crímenes en la Universidad La Cantuta y el de Barrios Altos, así como por nueve actos de corrupción de que se lo acusa.
El ex jefe de Estado llegó imprevistamente a Chile el 6 de noviembre de 2005 procedente de Japón, donde había estado refugiado, quedando de inmediato bajo detención preventiva mientras la justicia peruana fundamentaba el pedido de extradición, juicio que se inició en enero de 2006.
En un informe en derecho de 50 páginas entregado el 7 de junio, la fiscal Maldonado recomendó al juez Álvarez de forma no vinculante, cursar la extradición del ex mandatario a Perú por existir los antecedentes suficientes para procesarlo por 11 de los 12 casos presentados.
No obstante, el juez de instrucción especial estableció en su fallo dado a conocer este miércoles que no se puede acreditar la participación del ex mandatario peruano en ninguno de ellos.
"Cabe concluir que no está debidamente demostrado en estos autos, la participación de Alberto Fujimori en la calidad que se le ha atribuido en la solicitud de extradición, en todos los delitos comprendidos en dichos doce casos", sostiene Álvarez en la penúltima página del escrito. "Por todo lo cual es posible deducir que no se ha acreditado en esta causa que el requerido hubiere cometido los ilícitos que se le atribuyen", agrega.
Después de que se solucionara un confuso problema administrativo, que impedía que Álvarez diera a conocer su resolución este miércoles, el portavoz de la Corte Suprema, Cristián Fuenzalida, dijo que, "en una resolución fundamentada por 122 considerandos, el ministro Osvaldo Álvarez procedió a rechazar la solicitud del gobierno peruano en contra de Alberto Fujimori".
"La resolución del ministro Álvarez será revisada ahora por la segunda sala penal de la Corte Suprema, en forma independiente a que alguna de las partes presente apelación a la resolución dictada", periodo en el cual el ex presidente "se mantendrá con la medida cautelar de detención domiciliaria", añadió.
Los abogados defensores de Fujimori, los chilenos Gabriel Zaliasnik y Francisco Veloso, se declararon satisfechos y tranquilos con la resolución.
Zaliasnik señaló que "por primera vez" Fujimori ha sido juzgado por un Poder Judicial "independiente". El propio ex mandatario emitió un comunicado de prensa en horas de la tarde de este miércoles, donde señala que recibió "con alegría, pero a la vez con prudencia" el fallo.
"Atendido mi respeto por el accionar del Poder Judicial chileno, me abstendré de comentar sus resoluciones, las que en todo momento he acatado y acataré", indicó.
En tanto, Alfredo Etcheberry, el abogado del gobierno peruano que esperaba la decisión del juez Álvarez en Chile, dijo sentirse "absolutamente sorprendido" porque es un fallo "diametralmente opuesto" a la recomendación de la fiscal Maldonado.
Etcheberry indicó que hay que estar "sereno y tranquilo para encontrar los puntos débiles del fallo" y "pedir a la Corte Suprema que rectifique" la determinación. Para ello interpondrá un recurso impugnatorio.
Por su parte, el ministro del Interior de Chile, Belisario Velasco, minutos antes de conocido el rechazo al pedido de extradición, sostuvo que cualquiera fuese la resolución judicial las relaciones con Perú no tendrían por qué verse afectadas, lo cual fue reafirmado más tarde por la propia presidenta, Michelle Bachelet.
"No hay ninguna razón para que ningún fallo, de ningún tipo, afecte las relaciones (con Perú), toda vez que nosotros tenemos relaciones basadas en una agenda de trabajo conjunto, que es de mutuo interés para ambos gobiernos", señaló la mandataria.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo, calificó de "una vergüenza" la resolución de Álvarez, al igual que Gisela Ortiz, familiar de un joven peruano asesinado en la Universidad de La Cantuta, quien fue contactada por la radio chilena Bío-Bío.
Naranjo manifestó que un fallo de este tipo daña la imagen internacional de Chile, ya que avala crímenes contra la humanidad y ampara a los violadores de los derechos humanos, mientras que Ortiz acusó Tokio de presionar a Chile en favor de Fujimori, quien también tiene nacionalidad japonesa.
El Nuevo Partido del Pueblo de Japón presentó oficialmente el lunes la candidatura de Fujimori al Senado de Japón, cuya renovación se concretará en las elecciones del próximo 29 de este mes.
A Fujimori se lo responsabiliza, entre otros delitos, por la masacre del 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, donde un grupo de seguridad del gobierno ejecutó a 15 personas, y de la matanza del 18 de julio de 1992 en la Universidad de La Cantuta, que terminó con la vida de nueve estudiantes y un profesor. Todas las víctimas eran acusadas de integrar la guerrilla de Sendero Luminoso.
En ambos casos, "se rechazan los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada de personas por no aparecer acreditado la participación de Fujimori", dice el fallo redactado por Álvarez.
Entre los casos de corrupción analizados por Álvarez, se cuenta un allanamiento a la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos —su entonces asesor de inteligencia y enjuiciado ahora por actos de corrupción— para ubicar y ocultar pruebas que pudieran incriminarlo, y la intercepción de conversaciones de políticos, periodistas y otros personajes opositores a su régimen.
El magistrado también estudió la desviación de fondos públicos para cancelar una deuda que la empresa del publicista Daniel Borobio, colaborador de su régimen, mantenía con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
Asimismo, el juez analizó el llamado caso "Faisal-Aprodev", donde se le acusa de desviar fondos públicos para crear una página en Internet con el objetivo de desinformar y desacreditar a diversas personalidades opositoras a su gobierno.
De igual forma, se le acusa de efectuar pagos ilegales a legisladores electos para inducirlos a cambiarse de bancada e integrarse al partido fujimorista, y de disponer, en beneficio propio y de sus familiares, de los recursos públicos y donaciones enviadas desde Japón para obras sociales. FIN/IPS/de/dm/ip hd/sl la/07)
