El Ministerio de Ambiente de Brasil pisó terreno minado al proponer un Distrito Forestal Sustentable (DFS) para contener la deforestación en el Polo siderúrgico de Carajás, una de las áreas más devastadas y violentas de la Amazonia, ubicada en su parte oriental.
Con un tajante "no a proyectos que involucran destrucción y muerte", los movimientos sociales y ambientalistas locales rechazaron la idea, que consideran la continuación del proceso deforestador, agravado por estímulos al monocultivo de eucaliptos (género Eucaliptus) para obtener el carbón consumido en los altos hornos de la siderurgia.
Por otro lado, los empresarios quieren modificar la legislación que exige preservar hasta 80 por ciento los bosques de las propiedades existentes en la Amazonia Legal, conjunto de nueve estados brasileños.
Las empresas locales "sólo se sustentarán con una reducción a 50 por ciento" de esos bosques, porque la región presenta demasiados problemas agrarios y deforestación anterior, sostuvo Ricardo Nascimento, presidente del Sindicato de la Industria del Arrabio, del nororiental estado de Maranhão.
Pero tal medida despertaría el rechazo de un mundo movilizado contra el recalentamiento planetario, una de cuyas principales causas es la deforestación amazónica.
El DFS de Carajás, propuesto por el flamante Servicio Forestal gubernamental y aún sometido a debate público, inflama las contiendas ambientales, agrarias y sociales que agitan la región desde hace cinco décadas. La construcción de carreteras y políticas de incentivo a la ocupación fomentaron la deforestación, especialmente por la extracción maderera y la ganadería.
El gigantesco yacimiento de hierro descubierto en 1967 en la sierra de Carajás propició el desarrollo de un enclave industrial volcado a la exportación e impulsado desde los años 80 por un ferrocarril de 892 kilómetros y un puerto atlántico en São Luís, capital de Maranhão.
Desde 1987, la implantación a lo largo de la vía férrea de 14 empresas productoras de arrabio, materia prima principal del acero que se obtiene fundiendo carbón, caliza y mineral de hierro en los altos hornos, acentuó la presión sobre los bosques. Las autoridades ambientales calcularon que 60 por ciento del carbón vegetal usado por esa industria es ilegal y consumió 59.835 hectáreas de bosques que el sector debería reponer.
Eso "no es verdad", replicó Nascimento a Tierramérica. Las siderúrgicas aprovechan residuos de la industria maderera, que son más voluminosos que lo declarado y antes se quemaban, los extensos bosques que serán inundados por embalses hidroeléctricos y leña que sobra en tierras ya deforestadas o de áreas lejanas de expansión agrícola, dijo. Producir carbón en bosques nativos cuesta más del doble que otras fuentes, arguyó.
Además, la industria está reforestando con apoyo de un fondo creado por las mismas empresas. La suya, Gusa Nordeste, ya plantó 15.000 hectáreas de eucaliptos fuera del Polo Carajás, a 300 kilómetros de su sede en Açailandia, Maranhão, y será autosuficiente en 2011, aseguró.
El DFS promovería la autosuficiencia sustentable en carbón vegetal para todas las siderúrgicas locales hacia 2015, según el proyecto, que define un territorio de 25 millones de hectáreas en un radio de 200 kilómetros, donde fomentar actividades forestales y de desarrollo y conservación a través de políticas agrarias, industriales, educativas y de infraestructura. En el caso de Carajás, se trata también de recuperar áreas ya deforestadas.
"Rechazamos ese proyecto impuesto con informaciones vagas, diseñado sin participación de la sociedad" y que tiene fines "exclusivamente económicos", afirmó a Tierramérica Edmilson Pinheiro, secretario ejecutivo del Foro Carajás, una red de organizaciones socioambientales.
Nada asegura que las siderúrgicas producirán carbón de forma legal y sustentable, más costosa que seguir expoliando bosques nativos, y la expansión de plantaciones de eucalipto agravaría el deterioro ambiental y social, expulsando a los campesinos de sus tierras, acotó.
El DFS Carajás busca sólo "salvar a las siderúrgicas exonerándolas de recomponer las áreas que deforestaron", sentenció el agrónomo y sociólogo Raimundo Cruz Neto, presidente del Centro de Educación, Investigación y Asesoría Sindical y Popular, de Marabá, ciudad central del Polo Carajás.
"Ya son tres décadas de incentivos a la deforestación que prosigue con la soja y el eucalipto. Más allá de las zonas de conservación e indígenas, en áreas privadas sólo queda 20 por ciento de los bosques", no el 80 por ciento que indica la ley, dijo a Tierramérica.
La esperanza de Pinheiro son las presiones económicas, más poderosas. La Compañía Vale do Rio Doce, dueña de las minas de Carajás, amenaza con suspender el suministro de mineral de hierro a empresas que deforesten la Amazonia, y los mercados importadores tienden a rechazar productos que violen normas ambientales y laborales.
Las siderúrgicas de Carajás enfrentan también denuncias de trabajo esclavo en sus carbonerías, pero alegan que éstas están tercerizadas. En 2004 crearon el Instituto Carbón Ciudadano para controlar a los proveedores de carbón y excluir a aquellos que cometan graves abusos contra sus trabajadores.
"Nos quieren como chivo expiatorio; no somos responsables de la deforestación pasada, estimulada por políticas gubernamentales" que ofrecían incentivos tributarios y crediticios para convertir bosques en pastizales, contrarrestó Nascimento, defendiendo una industria que genera "60.000 empleos directos e indirectos" y produce cuatro millones de toneladas de arrabio, cuyo precio de exportación es siete veces mayor al del mineral de hierro.
* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 30 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
