La ciudad de La Paz concedió este viernes a la Asamblea Constituyente de Bolivia un plazo hasta el 6 de agosto para excluir de su agenda el tratamiento del traslado de la sede de gobierno a la capital, Sucre, en un cabildo celebrado por más de un millón y medio de personas.
La ciudad de El Alto, en la zona denominada La Ceja, a 3.850 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y desde la cual se tiene una vista panorámica de La Paz, a 3.650 m.s.n.m., fue escenario de una manifestación que anunció el inicio de movilizaciones para defender la permanencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en su actual emplazamiento.
El proyecto de traslado de la sede de gobierno nació como inquietud de las autoridades locales de la ciudad de Sucre, capital republicana ubicada 740 kilómetros al sur de La Paz, donde se realizan las deliberaciones de la Asamblea Constituyente desde agosto del pasado año.
Esa iniciativa fue luego apoyada por los constituyentes que representan a los movimientos autonomistas del este y sudeste de Bolivia y que expresan intereses económicos de la gran agropecuaria y la explotación petrolera radicadas en esas zonas.
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Sucre es, desde la instauración de la República en 1825, la capital y sede del Poder Judicial, pero el gobierno central y los legisladores tienen su centro de actividades en La Paz.
Morales atribuyó a la manifestación del mediodía "la garantía de unidad y transformación del país", y reiteró la advertencia de que la inclusión de temas como la creación de nuevos departamentos o un cambio de sede de los poderes del Estado en los debates constituyentes, conducirá a una confrontación.
El cabildo se cumplió en el combativo El Alto en homenaje a su actitud de rebeldía en octubre de 2003, cuando un paro regional contra la política energética provocó la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y terminó con 60 muertos y más de 200 heridos.
La manifestación en El Alto, un gigantesco suburbio pobre de La Paz, se convirtió en expresión de la cultura aymara por la llegada de miles de campesinos ataviados con ponchos, sombreros y látigos, en una hermandad con habitantes de zonas urbanas empobrecidas y de sectores acomodados.
Con ambiente festivo y en un día de paro cívico departamental, decenas de miles de ciudadanos marcharon desde alejadas zonas y organizaron largas caravanas vehiculares matizadas por las banderas nacional, departamental y la multicolor aymara.
Al abrir la ronda de oradores, el dirigente de El Alto, Nazario Ramírez, atacó en lengua aymara a las comunidades de emigrantes radicados en el oriental departamento de Santa Cruz por generar corrientes divisionistas en el país.
En un llamado a quebrar el poder de la "oligarquía económica y política" asentada en el oriente, Ramírez reivindicó la defensa de los recursos naturales, la recuperación de los hidrocarburos y la integridad nacional.
Las movilizaciones sociales de El Alto sirvieron de plataforma política a Morales, que recogió la demanda de nacionalización de los hidrocarburos y consiguió renegociar contratos con empresas transnacionales petroleras, lo que ha permitido multiplicar los ingresos fiscales de 200 millones de dólares a 1.000 millones de dólares por año.
El presidente del concejo municipal paceño Luis Revilla reclamó de la Asamblea Constituyente una nueva carta magna orientada al desarrollo económico en un clima de paz, en lugar de generar una confrontación entre bolivianos.
"No podemos permitir que le quiten a La Paz una sede que alberga por muchos años, y no puede repetirse el episodio sangriento de la guerra federal", dijo a IPS el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar.
En 1899, el departamento de La Paz emprendió una campaña militar contra Sucre para exigir la permanencia de la sede de gobierno que era itinerante entre ambas ciudades, de acuerdo a las tareas estratégicas que debían realizar los gobernantes.
Con el respaldo de miles de aymaras dirigidos por el legendario líder indígena Pablo Zárate Willca, el ejército de La Paz enarboló el federalismo como bandera de lucha y derrotó al bando defensor de Sucre como capital plena, aunque la federalización nunca llegó porque las limitaciones económicas del país no permitieron la descentralización.
Hoy la historia parece repetirse. Un fuerte resurgimiento de las culturas indígenas es aliado de los sectores urbanos reacios a ceder la sede de gobierno a Sucre.
La inclusión de la capitalidad plena en los debates de la Asamblea "puede ser peligrosa porque provocará una división política", dijo Aguilar, quien reclamó caminos de unidad.
El constituyente paceño Raúl Prada anunció una estrategia orientada a evitar la discusión del tema, así como vigilias permanentes en la Asamblea, huelgas de hambre y alianzas con representantes de otras regiones.
Los asistentes al cabildo se mostraron dispuestos a paralizar las actividades departamentales de manera indefinida e instruyeron a los constituyentes de La Paz a realizar las gestiones necesarias para conseguir la exclusión del asunto de los debates de la Asamblea.
La solución pasa por un reconocimiento a la supremacía política de La Paz, dijo a IPS el historiador y ex prefecto Fernando Cajías. Pero no se debe descartar una mayor descentralización de actividades sociales, culturales y educativas para beneficio de otras regiones, agregó.
Bolivia es un país que, en diferentes épocas, tuvo dos centros de poder geopolítico por su capacidad productiva minera, comercial o agroindustrial.
Pero en todos los procesos históricos, La Paz se mantuvo como uno de los motores de impulso nacional, argumentó Cajías.
Tres horas después del cabildo paceño, la masa humana, estimada entre un millón y medio y dos millones de personas por las autoridades de El Alto, se desconcentraba lentamente rebasando la capacidad del transporte.
