La Cámara de Diputados de Bolivia apura el paso para concluir el estudio del proyecto de ley de voto en el exterior, que puede tener su estreno de lujo el año próximo en el plebiscito de la Constitución actualmente en elaboración por la asamblea respectiva.
La intención es sancionar antes de fin de este mes el proyecto que, gracias a un inusual consenso entre parlamentarios oficialistas y de la oposición, extenderá el beneficio del voto en ausencia a emigrantes documentados e indocumentados por igual.
"Creemos que todos, legales e ilegales, deben ser incluidos. El vínculo jurídico entre el país y el nacional permanece vigente en cualquier lugar del mundo", dijo a IPS el presidente del Comité de Constitución de la cámara baja, Rodrigo Ibáñez, del derechista partido Poder Democrático Social (Podemos).
El debate parlamentario, en coordinación con la Corte Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, avanza a pesar de algunos puntos nebulosos.
Uno de ellos es cómo conformar un padrón electoral que no excluya a los llamados ilegales, en un terreno abonado por la dispersión y las personas sin documentación.
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El no gubernamental Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo calcula que más de 2,5 millones de bolivianos viven fuera de su país, donde la población residente es de 9,6 millones de personas.
Estados Unidos y España figuran como los principales destinos de esta diáspora, con aproximadamente 300.000 bolivianos cada uno.
A continuación se ubica Argentina, que cobija a más de 250.000 inmigrantes bolivianos, según datos del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (Pieb), que menciona a Brasil en cuarto lugar con 200.000, la mayoría de ellos radicados en Sao Paulo.
Aunque los residentes en el exterior equivalen a algo más de 25 por ciento de los habitantes en territorio nacional, Bolivia es una de los pocos países de América Latina que no permite votar a sus ciudadanos en el exterior. Otro caso similar es Uruguay, que tampoco permite ejercer los derechos electorales fuera de su país al 16 por ciento de su población que ha emigrado.
El proyecto de ley de 17 artículos propone otorgar a los bolivianos mayores de 18 años el derecho a sufragar en referéndum o elecciones generales en el país donde estén domiciliados temporal o permanentemente.
El voto en ausencia constituyó una demanda de la comunidad boliviana en Argentina antes de las elecciones de 2005, en las que triunfó Evo Morales, del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) y el primer indígena en acceder a la presidencia en la historia de este país, donde más de 60 por ciento de sus habitantes son parte de alguna etnia originaria.
En el período preelectoral, un fallo del Tribunal Constitucional declaró procedente el recurso presentado por los asesores legales de los bolivianos que viven en Argentina para que el Congreso reglamente el artículo 97 del Código Electoral, norma que reconoce el derecho a sufragar a los nacionales en el país donde residan.
El vértigo de la campaña electoral "sepultó" el tema hasta 2006, cuando el gobernante MAS presentó el proyecto de ley al Congreso.
Las críticas llovieron. Podemos acusó al presidente Morales de intentar jugar la carta de la emigración para obtener la reelección en los comicios nacionales de 2009 y la aprobación de una nueva Constitución diseñada "a medida" del jefe de Estado.
Sin embargo, con el tiempo, las voces a favor se han ido sumando. René Pereira, director del gubernamental Consejo Nacional de Población (Conapo), sostuvo que el voto en el extranjero es una posibilidad de identificar al emigrado, "no para que sea perseguido o deportado, sino para que sea protegido a partir de la formulación de políticas públicas".
Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo de Bolivia, dijo a IPS que la iniciativa tiene que ver con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y que apunta a "mantener el vínculo entre los que están afuera y su patria. En la medida en que los emigrados sepan que el Estado les permite sufragar, se sentirán más comprometidos con la democracia".
Los impulsores de la iniciativa están estudiando formas para poner en práctica el voto en ausencia, principalmente en Argentina, un tradicional destino para los emigrantes bolivianos.
Sacha Llorenti, viceministro (subsecretario) de Coordinación con los Movimientos Sociales, viajó en mayo a Buenos Aires para estudiar los mecanismos para establecer un registro de emigrados en el consulado de Bolivia en esa capital.
El registro, dijo Llorente, tomaría en cuenta la documentación válida en el territorio boliviano (cédula de identidad, libreta de servicio militar, pasaporte o Registro Único Nacional) y es posible que el Estado argentino facilite la nómina electoral elaborada para la elección del jefe de gobierno de Buenos Aires, agregó.
En Argentina, los extranjeros pueden votar en las elecciones comunales locales siempre y cuando puedan acreditar que son residentes legales con una antigüedad mínima de tres años. Gran parte de los inmigrantes bolivianos permanecen indocumentados.
Ërika Strauss, encargada de Asuntos de Género de la Cancillería de Bolivia declinó confirmar esta información a IPS, pero el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, David Choquehuanca, informó que se habían logrado avances en este tema.
"Es interés del gobierno que los compatriotas que viven en el exterior puedan ejercer su derecho en la aprobación de la nueva Constitución el próximo año", dijo a la estatal Agencia Boliviana de Información, dando cuenta de gestiones con países limítrofes como Perú y Brasil.
El proyecto establece que los ciudadanos bolivianos habilitados para emitir su voto podrán hacerlo en las representaciones diplomáticas y consulares o en los recintos electorales destinados para tal efecto en sus distritos de residencia en cualquier parte del mundo.
Los mecanismos para poner en práctica el voto en ausencia son simplemente una cuestión de forma, dijo a IPS el sacerdote Indenilso Bortolotto, coordinador nacional de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).
"Es un proceso y hay que empezar buscando el apoyo de instituciones con experiencia. No sé si Bolivia está preparada, pero en algún momento hay que dar el salto", sostuvo.
Bortolotto, quien ha vivido procesos similares en otros países de América Latina, consideró que la propuesta es una oportunidad para que Bolivia se reafirme como país democrático.
Sin embargo, enfatizó, la medida no debe estar enfocada únicamente a una necesidad política de contar con el voto, sino a la posibilidad de otorgar un mayor acompañamiento del Estado a sus ciudadanos residentes en el extranjero.
A fin de cuentas, concluyó Bortolotto, "siguen siendo bolivianos. Si el país se beneficia con sus remesas de dinero, no veo por qué no prestar atención a la discriminación de que son objeto, la violación de sus derechos humanos y otros factores que son reales y palpables".
Datos de un organismo del Banco Interamericano de Desarrollo indican que el monto enviado por los bolivianos desde el exterior a su lugar de origen sumó 860 millones de dólares el año pasado.
