Los familiares de nueve estudiantes y un profesor universitarios asesinados por un comando de agentes del gobierno peruano de Alberto Fujimori (1990-2000) temen que éste se fugue de Chile, tras el pronunciamiento fiscal favorable a su extradición a Perú.
"Cuando nos reunimos con el magistrado chileno Orlando Álvarez, quien es el que va a resolver en primer instancia la extradición, le comunicamos nuestra preocupación por la eventual fuga de Fujimori", dijo a IPS Gisela Ortiz, hermana del estudiante de educación física Luis Enrique Ortiz, uno los asesinados de la Universidad de La Cantuta, el 18 de julio de 1992.
Las familias temen que Fujimori se refugie en la embajada de Japón en Santiago, ya que posee ciudadanía japonesa, o que intente huir para evadir a los tribunales peruanos que lo requieren por su responsabilidad como gobernante en varios casos de violaciones de derechos humanos y corrupción, entre ellos los crímenes de La Cantuta.
"Álvarez nos contestó que entendía nuestra preocupación y que por eso dispuso que los Carabineros (policía militarizada) que resguardan a Fujimori le informaran al final de cada día sobre todos los movimientos del ex presidente", dijo Ortiz.
La fiscal de la Suprema Corte de Justicia de Chile, Mónica Maldonado, señaló en su informe divulgado este jueves que existen evidencias sobre la responsabilidad de Fujimori en los asesinatos de La Cantuta, uno de los casos judiciales más emblemáticos de la lucha contra la impunidad en Perú.
[related_articles]
"Vamos a solicitar a la Procuraduría (peruana) del caso Fujimori y a la defensa del Estado peruano en Chile que pidan a las autoridades judiciales medidas extremas de seguridad para que el ex presidente no abandone el país", dijo a IPS Francisco Soberón, secretario de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, que asiste legalmente a las familias.
"Es necesario que ahora que se está a un paso de la extradición" del ex mandatario, "se le imponga el arresto domiciliario", señaló Soberón.
Fujimori tiene prohibido abandonar Chile, al que llegó en noviembre de 2005 procedente de Japón, pero goza de libertad bajo fianza desde mayo del año pasado.
IPS presenció la reunión de los familiares de las víctimas de La Cantuta, en la que celebraron la decisión de la fiscal Maldonado.
Raida Cóndor, madre del asesinado Armando Amaro, estudiante de ingeniería electrónica, estalló en lágrimas al enterarse de la noticia. "Esto es un acto de justicia. No es una venganza, no es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Es el principio del fin de la impunidad. Señor, son quince años de penurias. Y no voy a descansar hasta ver preso a Fujimori", dijo.
La hija del ex presidente, la legisladora Keiko Fujimori, declaró a la prensa que no estaba todo dicho en los tribunales chilenos.
"Hay que mantener la prudencia y esperar con paciencia el dictamen en primera instancia del juez Álvarez", indicó.
"Mi padre respetará la decisión de la justicia chilena, él lo ha dicho en varias ocasiones", añadió, aventando rumores sobre una fuga.
El procurador peruano del caso Fujimori, Carlos Briceño, resaltó que el dictamen de Maldonado es relevante para la extradición, pero no obliga a un pronunciamiento favorable del juez Álvarez, quien ahora tiene en sus manos el expediente.
Es necesario "solicitar el arresto domiciliario de Fujimori y reforzar la seguridad de la embajada de Japón", estimó el ex procurador del caso Fujimori, Ronald Gamarra.
"El sustento de ambos pedidos es que la fiscal Maldonado determinó que existen evidencias en 11 de los 12 casos que presentó el Estado peruano contra Fujimori, entre ellos delitos de homicidio y corrupción", añadió.
Mientras, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Pablo Ramos, rechazó el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de anular una sentencia castrense de 1994, que había exculpado al ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos y a otros jefes militares de los crímenes de La Cantuta.
"Los militares demuestran estar de acuerdo con las atrocidades cometidas durante la guerra contra la subversión", dijo a IPS Fedor Muñoz, hermano del profesor Hugo Muñoz, otro de los asesinados por un comando del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
En las ocasiones que se le ha pedido su opinión sobre la situación jurídica de Fujimori, el presidente peruano Alan García ha sido cauto, sosteniendo que confiaba en la decisión de la justicia de Chile.
En cambio, dos diplomáticos que fueron víctimas de represión política bajo el gobierno de Fujimori, José Antonio García Belaúnde y Allan Wagner, que hoy ocupan respectivamente las carteras de Relaciones Exteriores y de Defensa, manifestaron satisfacción por el dictamen de Maldonado.
Cóndor, una mujer andina de 62 años convertida en símbolo de la lucha por llevar a la justicia las violaciones de derechos humanos, afirmó que ahora "nos regresa el corazón a su sitio".
"No sólo se trata de nosotros, sino de los miles de peruanos que temían que todo quedaría en el olvido", sostuvo. "Pero también hay que decir que sólo hemos ganado una batalla", añadió antes de dirigirse con otros familiares a una vigilia ante la embajada chilena en Perú. "Nos vamos a bajar la guardia. Estamos vigilantes", añadió.
