Mientras organiza los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y afronta una fuerte presión internacional para que reduzca la enorme cantidad de ejecuciones al año, China experimenta con una política de conmutación de condenas a muerte a cambio de dinero.
La práctica, sin embargo, resulta polémica.
Una serie de casos en la meridional provincia de Cantón, en los que condenados a muerte se beneficiaron con una amnistía tras entregar dinero a las familias de las víctimas, provocaron una tormenta a comienzos de este año.
También hubo acuerdos de este tipo en las provincias costeras de Shandong y Zhejiang, según se informó.
El conocimiento sobre esta práctica encendió un intenso debate en foros de Internet sobre el valor, o más exactamente el precio, de una vida humana en un país que es habitualmente criticado por ejecutar anualmente a más personas que todas las otras naciones del mundo en conjunto.
[related_articles]
Aunque en los últimos años creció el impulso para reformar la aplicación de la pena de muerte en China, muchos continúan pensando que se trata de una medida efectiva para prevenir el delito.
"El destino de los criminales parece estar determinado ahora por el tamaño de sus billeteras", se lamentó Le Lan, profesor de la Universidad del Suroeste para las Nacionalidades. "La seriedad de la ley ha sido destruida, con lo que se debilitó aun más la comprensión del sistema judicial por parte del público", agregó.
Xu Shu, obrero de una fábrica de Shenzhen, también se mostró indignado. "Esto es un insulto a la ley. ¿Ahora el dinero puede comprar una vida? ¿Qué cosa no puede comprar?", señaló.
Sin embargo, algunos expertos legales defendieron las amnistías por considerarlas signos de una naciente reforma del sistema.
"Esta práctica se ajusta al pedido de la Suprema Corte del Pueblo respecto de disponer menos condenas a muerte y de hacerlo en forma prudente", escribió en el foro de Internet del diario en inglés China Daily el abogado Jiang Qinghan, quien ejerce en el estudio jurídico Guangmao, de Shanghai.
"Si existe arrepentimiento y la conducta del criminal no merece la ejecución, ¿por qué es necesario tomar una vida?", se preguntó.
El dilema al que se enfrentan las autoridades está ejemplificado por un caso sobre el que informó en marzo el diario Southern Weekly, protagonizado por Deng Rongfen, una anciana de Dongguan, en la provincia de Cantón.
El único hijo de Deng, quien era a su vez el único sostén de una familia de cinco, fue asesinado a puñaladas en mayo de 2006, cuando sorprendió a tres trabajadores inmigrantes robando en su casa. Todos fueron condenados a muerte.
Aunque se hizo justicia en los papeles, la familia permaneció en la insolvencia. Deng no tenía medios para enviar a sus nietos al jardín de infantes ni para ayudar a su nuera a criarlos. Esta situación llevó a que el tribunal dispusiera una negociación entre la mujer y los condenados, que desembocó en el pago de una compensación a cambio de una reducción de la sentencia.
Las autoridades judiciales de Dongguan defendieron la opción de "efectivo por amnistía" y aseguraron que la conmutación de penas sólo se realiza con el consentimiento de la familia de la víctima y que no implica "redimir un crimen con dinero".
Los funcionarios argumentaron que las recompensas ayudan a aliviar tensiones sociales, prevenir numerosas apelaciones e incluso a limitar el descontento.
"Alrededor de 90 por ciento de nuestros casos criminales involucran a trabajadores inmigrantes, y tanto los delincuentes como las víctimas son muy pobres", dijo Wang Chuanghui, un oficial de justicia de la Corte de Apelaciones de Dongguan en declaraciones al Southern Weekly.
Irónicamente, la difusión de estos casos parece haber tenido el efecto contrario al buscado y encendió un debate sobre la desigualdad en un momento de profundas divisiones en la sociedad china, a causa de la creciente disparidad de ingresos.
Mientras la rápida y sostenida modernización de la economía en los últimos 30 años benefició a mucha gente en las ciudades, los habitantes de las aldeas han permanecido en la periferia del proceso de desarrollo: ganan menos que sus pares de los centros urbanos y carecen tanto de educación como de servicios de salud adecuados.
"Los pobres que son víctimas del crimen no tienen más opción que aceptar el dinero", escribió en uno de los portales de Internet más populares una persona que utilizó el seudónimo "Principios del Derecho". En cierta forma, agregó, "son forzados a llegar a un compromiso".
A medida que este país da pasos tentativos hacia la reducción del número de ejecuciones, los expertos legales prevén más conflictos.
"El pueblo chino está acostumbrado por tradición a una justicia punitiva, y cree en la pena de muerte como un castigo apropiado para delitos graves", comentó Zhou Guangquan, profesor de leyes en la Universidad Qinghua de Beijing, en una mesa redonda organizada por el diario Xinjinbao sobre el sistema de compensaciones.
"Si se reduce el número de ejecuciones vamos a necesitar un sistema adecuado para aliviar a las familias de las víctimas. En caso contrario, corremos el riesgo de que la gente tome la justicia en sus propias manos", alertó.
China informó que hubo menos ejecuciones en los primeros cinco meses de 2007, después de que la Suprema Corte recuperó el 1 de enero la facultad de ratificar o modificar las condenas a muerte.
El número de sentencias a la pena máxima se redujo 10 por ciento, una tendencia que se repite en todo el país, dijo el 8 de junio Ni Shouming, portavoz de la Corte, en declaraciones al China Daily.
"Los jueces de primera instancia tienen que ser más prudentes ahora", afirmó según el diario. "Si un caso es enviado por la Corte para que se dicte una nueva sentencia no sólo significa que el fallo fue equivocado, también es un motivo de vergüenza para el tribunal inferior", agregó.
El papel de la Corte Suprema como instancia final de revisión de sentencias termina con una tradición de 25 años que permitía a los tribunales inferiores ordenar la pena capital. Esa práctica había sido criticada por defensores de los derechos de los acusados, ya que llevaba a fallos arbitrarios dictados por jueces provinciales y a un creciente número de condenas a muerte.
Además, durante los últimos años, un número de condenas erróneas, que habían sido mantenidas "a la sombra", finalmente se hicieron públicas y generaron un aumento de la presión para reformar el sistema.
El número de ejecuciones ordenadas por los tribunales es considerado un secreto por las autoridades chinas. Pero los expertos legales consideran que pueden alcanzar hasta 10.000 al año. Más de 60 delitos, incluso algunos no violentos como la evasión fiscal y casos de corrupción, pueden ser castigados con la muerte.
