Cientos de miembros del movimiento social de Oaxaca reprimido a fines de 2006, tras seis meses de levantamiento, ocupan otra vez y desde hace una semana la plaza central de la capital de ese estado del sur de México. Sus portavoces amenazan con radicalizar acciones si sus demandas no son atendidas.
"Obviamente no tenemos la misma fuerza, pero estamos creciendo y serán las repuestas del Estado las que definan los nuevos caminos y acciones", dijo a IPS vía telefónica desde Oaxaca, Florentino López, portavoz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Oaxaca, un estado que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene niveles de pobreza similares a los de los Territorios Palestinos Ocupados, fue escenario el año pasado un levantamiento contra el gobierno estadual, encabezado por Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El movimiento duró más de seis meses y dejó unas 350 personas detenidas y 370 heridas, en su mayoría producto de acciones represivas de la policía que grupos humanitarios evaluaron como excesivas y marcadas por abusos y violaciones contra las garantías de los manifestantes y de otros que no tenían nada que ver con la rebelión social.
Además, hubo despliegue de grupos armados irregulares que la APPO y activistas afirman estaban al mando de Ruiz, lo cual dejó unas decena de muertos entre ellos un estadounidense que reporteaba para Indymedia, una red de comunicadores identificados con el activismo altermundista.
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La APPO, integrada por diversas organizaciones locales, pero principalmente por profesores sindicalizados, demandan ahora que el gobierno nacional del presidente Felipe Calderón, en funciones desde diciembre, reactive una comisión de negociación sobre Oaxaca y vuelve a pedir que renuncie el gobernador Ruiz.
También llaman a la población a votar contra el PRI y contra el gobernante conservador Partido Acción Nacional en las elecciones legislativas locales programadas para el 5 de agosto, y a rechazar toda posición emanada del Estado.
Pero la población en general del estado sureño no parece conjugar demasiado con esas ideas.
Según una encuesta elaborada por la firma privada Covarrubias y Asociados y difundida a inicios de este mes, 55 por ciento de los entrevistados entre la población de la capital de Oaxaca, de igual nombre que el estado, tiene una opinión "mala" o "muy mala" de la APPO. Entre los habitantes de las zonas rurales, ese mismo punto de vista lo comparte 62 por ciento.
"Las condiciones del año pasado eran diferentes, pero nos recuperamos", expresó López.
"Estamos otra vez en el zócalo (plaza central) de Oaxaca (capital) unas 3.000 personas, aunque sin interrumpir las actividades de la ciudad. Desde aquí salen brigadas a realizar tareas de difusión a las colonias (barrios), las escuelas, en el trasporte público, los mercados y otro puntos", explicó el portavoz, uno de los pocos líderes de la APPO que no llegó a pisar la cárcel tras las acciones policiales de 2006.
Según un poblador de Oaxaca consultado por IPS vía telefónica, el número de manifestantes en el zócalo en realidad no llegaría ni a 300.
Aún están en la cárcel siete personas vinculadas a la APPO, todas capturadas a fines de 2006. Los demás fueron dejados en libertad luego que el gobierno de Oaxaca desistió de la presentación de cargos e incluso pagó la fianza de varios de los acusados.
La Suprema Corte de Justicia decidió el día 21 que la gravedad de los hechos registrados en Oaxaca ameritan una investigación, la que hará a través de una comisión especial.
Se investigará la denunciada "violación de garantías a personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, respeto del derecho de propiedad, entre otras", indicó la Corte.
"También, la probable violación de garantías individuales generalizadas, especialmente libertad de tránsito y de trabajo, el derecho a la información, entre otras; los probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales; y la probable omisión o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona".
López consideró positiva la decisión de los máximos magistrados del país, pero advirtió que en esas investigaciones se podría también inculpar "injustamente" a las organizaciones sociales y con ello "encubrir a los verdaderos responsables".
Tras la rebelión social en Oaxaca, que llegó a paralizar casi toda las actividades comerciales en la capital de ese estado, empresarios privados y ciudadanos acusaron a los miembros de la APPO de haber actuado con violencia y de proferir amenazas y acciones que golpearon duramente a la economía del estado.
El gobierno de Calderón reiteró que las nuevas inconformidades en Oaxaca deben ser resueltas por las autoridades estaduales a través del diálogo. Pero esa respuesta fue considerada por la APPO como inaceptable.
"La semana pasada entregamos una pedido formal al gobierno de Calderón para que se instala una mesa de negociación. No hemos tenido respuesta, pero la esperamos por el bien de Oaxaca", declaró López.
Para Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, "hay una falta de tino político en el gobierno y de acción institucional para atender a Oaxaca por lo que es alto el riesgo de que regresen las protestas".
"El tema de la impunidad en Oaxaca sigue presente así como las causas de la revuelta del año pasado", dijo Ramírez a IPS.
Todos los informes que se han elaborado sobre Oaxaca, entre ellos el de la estatal pero independiente Comisión Nacional por los Derechos Humanos y de la no gubernamental la Liga Mexicana, indican que Ruiz es el responsable de múltiples abusos no castigados, igual que la policía federal al mando del gobierno de entonces de Vicente Fox (2000-2006), del mismo partido que Calderón.
Junto a Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación de México.
Según cifras oficiales, en ese estado con unos 3,5 millones de habitantes, la esperanza de vida es de 73,6 años, cuando el promedio nacional es de 74,5, años y las tasa de alfabetización llega a 81,2 por ciento frente al promedio nacional de 91,8 por ciento. Además, cada habitante en promedio tiene 3.978 dólares de ingreso por persona, mientras que el nacional es de 9.015 dólares.
