Los refugiados colombianos reciben protección y asistencia en Costa Rica, pero la integración es difícil, y pende la amenaza de sicarios enviados desde el país en guerra que abandonaron.
Costa Rica alberga a unos 10.000 colombianos del total de 500.000 refugiados procedentes de ese país, indicó Philippe Lavanchy, director para América de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La cifra total bajo la protección del Acnur llega a 10.636 en este país, casi en su totalidad de origen colombiano.
"Mi principal objetivo es subrayar la importancia que Costa Rica tiene en materia de acogida de personas" desplazadas por los conflictos internos, dijo Lavanchy la semana pasada durante una visita a este país, preparatoria de las actividades relacionadas con el Día Mundial del Refugiado, este miércoles 20.
Costa Rica tiene una fuerte tradición de asilo. "Hace más de 20 años recibieron un buen número de refugiados salvadoreños y nicaragüenses, y esa tradición continúa", expresó Lavanchy.
[related_articles]
En Costa Rica viven unos 30.000 colombianos, de los que una tercera parte son refugiados.
El productor del programa de radio "Tierra compartida", Henry Rodríguez, es uno de ellos. Vive en Costa Rica desde 2000, cuando tuvo que salir de su país tras cubrir las negociaciones gobierno-guerrilla en la llamada "zona de despeje" en San Vicente del Cagüán (departamento de Caquetá), en el sur del país.
"No estaba amenazado de muerte de manera directa como otros tres compañeros, pero sí hubo una serie de llamadas muy extrañas a mi casa y decidimos venir a Costa Rica", dijo el periodista en diálogo con IPS.
"Ser refugiado genera problemas de rechazo de los empresarios. Es un estigma", agregó Rodríguez.
Otra dificultad, explicó Lavanchy, es que "cada vez que hay un problema de violencia se acusa a los refugiados o a personas de determinadas nacionalidades" sin saber exactamente qué ocurrió en realidad.
"Tierra compartida", que inició sus emisiones el sábado 16 con apoyo del Acnur, se dedicará a difundir información sobre los derechos y obligaciones de la población refugiada en Costa Rica.
El conflicto armado en Colombia, que involucra al ejército y paramilitares de ultraderecha parcialmente desmovilizados y a guerrillas izquierdistas, sigue provocando el desplazamiento interno de millones de seres humanos y la salida forzada de miles a los países vecinos.
Esta situación ha generado la mayor operación del Acnur en todo el continente americano.
El problema de los desplazados internos en Colombia es uno de los más graves del mundo. Acnur estima que hay tres millones de personas en esa condición en ese país de 42 millones de habitantes. La base de datos del gubernamental Sistema Único de Registro tenía contabilizados al 30 de abril del año pasado 1.796.508.
Según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, hasta fines de octubre de 2005 habían sufrido desarraigo a causa de la violencia 3.662.842 personas.
Más de 130 organizaciones colombianas e internacionales, incluyendo Acnur, decidieron establecer a 2007 como el año de los derechos de las personas desplazadas.
La campaña apunta a llamar la atención sobre las más de tres millones de personas desplazadas por el conflicto armado y a promover sus derechos. Las víctimas de la violencia constituyen cerca de ocho por ciento del total de la población colombiana y representan el mayor grupo individual de preocupación para el Acnur en todo el mundo.
El informe 2006 de Acnur sobre los desplazados en América apunta que aunque tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones no gubernamentales internacionales y de Colombia y el gobierno de este país reconocen la existencia del problema, existen discrepancias sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.
La respuesta del Estado "está centrada en la ayuda humanitaria antes que en una solución duradera, como la devolución de tierras usurpadas a los desplazados por grupos paramilitares", señala el documento.
En cuanto a los refugiados, Lavanchy destacó la actitud "positiva" del gobierno de Costa Rica, donde "reciben protección y asistencia", destacó.
Sin embargo, para que exista una verdadera integración es importante garantizar la seguridad de las personas, agregó.
"Hay problemas serios, no sólo en Costa Rica. Tenemos claro que no podemos pedir un policía por refugiado, pero sí dar prioridad a casos de seguridad", dijo Lavanchy, en referencia a colombianos asesinados en este país, presuntamente por sicarios que los persiguieron desde su país.
San José está preparando una reforma migratoria, que permitiría mejorar la confidencialidad de los trámites de refugio y solicitud de asilo y elevar la seguridad de los refugiados.
Lavanchy ha planteado la necesidad de redistribuir la masa de refugiados colombianos en la región. Así, consideró "muy positivo" que Brasil hubiera aceptado recibir casos de emergencia en el marco del programa de reasentamiento solidario. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay también se sumaron a esta iniciativa.
Ecuador es el país más afectado, pues alberga en su territorio alrededor de 250.000 refugiados colombianos, mientras que Venezuela acoge cerca de 200.000, si bien son muchos menos los que gozan de estatus de refugio o asilo.
El programa de reasentamiento está dentro del Plan Acción México, firmado en 2004 por más de 20 países latinoamericanos, con el que se pretende desarrollar la legislación de protección de refugiados. También integran este plan los programas Frontera Solidaria y Ciudad Solidaria.
El primero se aplica en las zonas fronterizas de Colombia con Venezuela y Ecuador, donde se desarrollan proyectos especiales para los refugiados y se apoya a la población local "que sufre con la llegada de éstos".
Buenos Aires y Quito están dentro de las "ciudades solidarias" en las que se facilita la integración de grupos vulnerables de refugiados, como las mujeres o familias con niños.
Lavanchy indicó que "los apoyos, en muchos casos no son cuestión de dinero, sino de facilitar a través de la legislación que las personas puedan tener una vida normal, que puedan trabajar, tener acceso a escuelas, servicios médicos".
El representante de Acnur en Costa Rica, Jozef Merkx, destacó las iniciativas de reunificación familiar. "Estamos definiendo protocolos con las autoridades de migración y para ello necesitamos el apoyo del consulado de Costa Rica en Colombia, para la emisión de visas a familiares", explicó.
La oficina de Acnur en Costa Rica otorgó 380 microcréditos, por un total de 250.000 dólares, "en los que también se incluye a costarricenses y migrantes, porque lo importante es la integración", dijo Merkx.
