El sábado 16 fue el día más esperado por muchos franceses durante los últimos seis años. En esa fecha terminó la inmunidad del ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) en relación a casos de corrupción que pendían sobre su gestión de 12 años como jefe de Estado.
En marzo de 2001, el entonces fiscal Eric Halphen citó al mandatario a una audiencia sobre una serie de irregularidades en el gobierno de la ciudad de París, que habrían tenido lugar durante los años en que Chirac fue alcalde.
El presidente se negó a asistir a la audiencia, arguyendo que era algo incompatible con su cargo. Su posición fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y por el Consejo de Estado, que supervisa asuntos relacionados con la Constitución.
Ahora, la inmunidad de Chirac está legalmente terminada. Encuestas de opinión sugieren que a la mayoría de los franceses les gustaría que fuera sometido a la justicia, pero pocos creen que eso efectivamente ocurra.
Chirac, de 75 años, podría enfrentar un juicio por varios casos de corrupción. Cuatro de estos se relacionan con su periodo como alcalde entre 1977 y 1995.
El ex mandatario es acusado de haber malversado fondos de la alcaldía parisina para financiar su partido, ahora disuelto, Rassemblement pour la République (RPR). En otro caso se lo acusa de por facturas alimentarias exageradas pagadas por la municipalidad.
Además, se lo señala por supuestamente haber tenido una cuenta secreta en Japón con fondos públicos.
Chirac también fue acusado de ocultar información sobre la muerte del juez francés Bernard Borrel, ocurrida en circunstancias confusas en 1996 en Djibouti, donde Francia mantiene una gran unidad militar. Primero se consideró un suicidio, pero luego el caso fue reabierto como asesinato.
La justicia ya condenó al ex líder del RPR y ex primer ministro Alain Juppé, el asesor más cercano de Chirac durante sus años como jefe del gobierno parisino. En 2005, Juppé recibió una sentencia suspendida de 14 meses de prisión. También fue sentenciado a varias restricciones durante un año.
La fiscalía maneja varias clases de evidencias. Una es una carta fechada el 16 de marzo de 1993 y firmada por Chirac en la que él reclama el ascenso de una asesora administrativa "por su compromiso ejemplar en (el cumplimiento de) sus delicadas funciones". La asistente en realidad trabajaba en el RPR.
El 15 de abril de 1999, el entonces fiscal Patrick Desmure dijo tener "evidencia, en el sentido expresado por el artículo 105 del Código Penal francés, contra (Chirac), en cuanto a que él participó en el tráfico de influencias y abuso de bienes públicos".
Otros fiscales presentaron alegatos contra Chirac por otros asuntos de corrupción.
"Si las instituciones judiciales francesas funcionan normalmente, Chirac será interrogado por asuntos que incluyen el mal uso de fondos públicos en París, y también por su presunta cuenta bancaria secreta en Japón", dijo la ex fiscal anti-corrupción Eva Joly.
Joly, ciudadana noruega que durante 10 años trabajó como fiscal en Francia y que realizó investigaciones pioneras sobre casos de corrupción asociados con la empresa petrolera —otrora estatal— Elf Aquitaine, dijo que "sería indecente para Francia si los casos de corrupción que involucran a Chirac fueran manejados como en Italia contra Silvio Berlusconi, o en Chile contra Augusto Pinochet".
Según una encuesta realizada el fin de semana, 80 por ciento de los consultados quería que se investigara el papel de Chirac en los casos de corrupción. Pero la pregunta es si ahora los fiscales citarán al mandatario para una audiencia.
