Los países de América Latina deben desarrollar desde ya sistemas universales de seguridad social para enfrentar el aumento de población mayor de 60 años, que en 2050 será de 189 millones de personas, concluyó un estudio de la ONU dedicado al tema.
"Los países deben empezar a prepararse ya. Si no se toman medidas desde ahora, en 2050 el problema (del envejecimiento de la población) va a ser difícilmente manejable", dijo a IPS el colombiano José Antonio Ocampo, secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Ocampo presentó este jueves en la capital chilena el "Estudio Económico y Social Mundial 2007. El desarrollo en un mundo que envejece", preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA, por sus siglas en inglés).
"Primero, hay que construir sistemas de pensiones viables con cobertura universal para esos 190 millones de personas, segundo, hay que ir adaptando los sistemas de salud para el cuidado de los adultos mayores, y tercero, hay que desarrollar sistemas que permitan a la población mayor estar integrada política y socialmente", indicó.
El estudio estima que la mayoría de los países en desarrollo deben destinar entre 0,5 y dos por ciento de su producto interno bruto (PIB) al financiamiento de pensiones sociales universales para mantener a las personas de edad avanzada alejadas de la pobreza extrema.
El costo de sistemas de seguridad social más desarrollados, que cuenten con elementos contributivos, es más alto: entre seis y 10 por ciento del PIB, puntualizó Ocampo.
Según proyecciones de DESA, en 2050 existirán casi 2.000 millones de personas de 60 años o más edad en el mundo, 80 por ciento de las cuales vivirán en países en desarrollo.
Dado que América Latina y el Caribe se encuentran todavía en la segunda transición demográfica (reducción de la fecundidad y aumento de los adultos en edad laboral), las proyecciones indican que se pasará de 49 millones de adultos mayores en 2005, que equivalen a 8,8 por ciento de la población total, a 189 millones en 2050, que representarán 24,1 por ciento del total de habitantes.
Los países industriales atraviesan la tercera transición demográfica, que se caracteriza por un largo periodo de descenso de la fertilidad y la mortalidad, por lo que sólo aumenta la proporción de personas de más edad.
Actualmente 80 por ciento de la población mundial no tiene una cobertura de seguridad social, y se prevé que, de no haber un cambio en las políticas, unos 1.200 millones de personas mayores pueden enfrentar inseguridad de ingresos para 2050.
"Nuestras sociedades (latinoamericanas) aún no están plenamente preparadas para abordar los desafíos que derivan del envejecimiento poblacional", afirmó Dirk Jaspers-Faijer, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
"Los riesgos que provoca el envejecimiento en la economía, la salud y la cultura, se deben más a la inexperiencia y escasa visión de futuro para abordar el tema como un asunto público que preocupe a los Estados, que al proceso de cambio demográfico en sí", remarcó.
El informe destaca que el envejecimiento refleja el progreso humano, dado que significa mayor longevidad y menor mortalidad, y debe considerarse una oportunidad para incorporar activamente a los adultos mayores a la sociedad, pero a la vez implica importantes desafíos.
El crecimiento de la fuerza laboral va a desacelerarse o incluso a tornarse negativo, lo que puede afectar la actividad económica.
Asimismo, esta tendencia demográfica puede perjudicar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de vejez y de salud.
El estudio plantea que hay cuatro "respuestas cruciales" ante este escenario: aumentar la participación laboral femenina, eliminar incentivos a la jubilación anticipada, mejorar el ambiente laboral para los trabajadores de edad avanzada y aumentar la productividad laboral.
Un aspecto clave en los países de la región es la construcción de sistemas de pensiones de vejez, ya que se ha comprobado que existe una estrecha conexión entre la cobertura de la seguridad social y la pobreza en edades avanzadas.
Algunos de los países que desarrollaron más tempranamente sistemas de este tipo son Uruguay, con cuenta con 78 por ciento de cobertura, Brasil, con 77 por ciento, Argentina, con 56 por ciento, y Chile, que abarca 55 por ciento de los adultos mayores.
Entre los países con insuficiente cobertura están Haití, con uno por ciento, Bolivia, con 11 por ciento, Paraguay, con 12 por ciento, y México, con 20 por ciento.
El estudio afirma que no existe una fórmula universal para la construcción de los sistemas de pensiones, pero que sí existen principios rectores: acceso universal, solidaridad, igualdad (de género), beneficios adecuados para evitar la pobreza y sostenibilidad financiera.
De esta forma, los sistemas de seguridad de ingresos deben tener múltiples pilares, diseñados de acuerdo a las condiciones y preferencias de cada país.
Los dos más importantes son el pilar no contributivo, que implica la entrega de una pensión a todos los y las mayores de 60 años, y el pilar contributivo, enfocado a reemplazar cierto nivel de salario. En este último caben los sistemas privados de capitalización, del cual Chile es pionero.
No obstante, Ocampo señaló que "no hay evidencia de la superioridad del sistema de capitalización" por sobre el de reparto. "Cualquier sistema depende del crecimiento económico del país", explicó.
En 1981, el entonces dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), reemplazó el antiguo sistema de reparto por uno de capitalización individual, creando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sociedades anónimas que recaudan e invierten en Chile y el extranjero los ahorros obligatorios de los trabajadores chilenos.
Pero sus magros resultados llevaron a la actual presidenta Michelle Bachelet a enviar un proyecto de ley de reforma al Congreso legislativo, actualmente en discusión. Esta iniciativa contempla la entrega de una Pensión Básica Solidaria (PBS) para aquellos trabajadores más pobres que no puedan ahorrar para su jubilación durante su vida laboral.
