La organización no gubernamental Ecologistas en Acción eligió al alcalde de la capital española, Alberto Ruiz Gallardón, del centroderechista Partido Popular (PP), para otorgarle el premio al más dañino del hábitat con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.
Mientras las autoridades de Madrid eran cuestionadas y blanco de la ironía en víspera de la celebración, el gobierno socialista de España daba a conocer los avances registrados en el marco del compromiso asumido con la adhesión al Protocolo de Kyoto, logros considerados positivos pero insuficientes por ese grupo ambientalista y también por Greenpeace.
El galardón Atila le fue concedido a Gallardón y al Consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Mariano Zabia, para "distinguir y premiar su contribución a la destrucción del medio ambiente" por diversas obras y cambios realizados en la ciudad sin respetar las normas de protección.
También se los premia "por haber mantenido, durante toda la legislatura, niveles de contaminación del aire por encima de los máximos permitidos, circunstancia que ha causado la muerte prematura de miles de personas", señaló a IPS Theo Oberhuber, coordinador general de Ecologistas en Acción.
Dos de las obras más cuestionadas son la remodelación del histórico Paseo del Prado y la construcción de túneles desviando y alterando el río Manzanares, que cruza la ciudad de punta a punta. Una de las obras, lateral a ese río, fue inaugurada por Gallardón días antes de las elecciones del 27 de mayo, en las que fue reelegido por amplia mayoría.
Al día siguiente de la inauguración llovió copiosamente y el recién estrenado túnel se inundó, lo cual hizo que organizaciones de vecinos elevaran protestas.
Un vecino de las costas de ese río, Julio Castro, dijo a IPS que después de aguantar meses y meses los ruidos y las molestias de tránsito por esas obras, "más el alto costo de las mismas", considera "una burla que no se hayan planificado correctamente".
El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero tiene un particular empeño en cumplir con los objetivos del Protocolo de Kyoto, el compromiso firmado en 1997 en esa ciudad japonesa respecto de la reducción de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Entró en vigor en 2005 y obliga a los países industriales que lo acatan tienen que mermar sus emisiones de gases a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los que tenían en 1990, con un plazo que va de 2008 a 2012.
Esa emisión, en vez de bajar, en los últimos años aumentó, lo que dificulta lograr los objetivos fijados para España, que consisten que en 2012 rebaje esa emisión a 37 por ciento. Pero, según un informe de la Universidad Politécnica de Madrid, las emisiones subirán hasta 50 por ciento aunque el gobierno actúe para contrarrestarlas, de lo contrario aumentarán más de 70 por ciento.
Juan López de Uralde, director ejecutivo del capítulo español de Greenpeace, manifestó a IPS su desacuerdo con el optimismo gubernamental. Porque, señaló, "España es el país que más incumple el Protocolo de Kyoto y lo que hace para cumplirlo es absolutamente insuficiente".
Es imprescindible, añadió, que España apueste por energías renovables y al respecto dijo tener esperanza "de que el gobierno asuma su responsabilidad y se avance en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto".
Los pasos positivos dados por el gobierno son la donación para el Fondo Fiduciario creado por el Banco Mundial, convirtiéndose en el principal donante al contribuir con cinco millones de euros (6,7 millones de dólares). Otros dos millones fueron para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Asimismo aportó fondos para la Corporación Andina de Fomento y para el Banco Asiático de Desarrollo, además de firmar memorandos de entendimiento sobre ambiente con países de América Latina, China y Marruecos y financiar la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático.
La secretaria federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Soraya Rodríguez, declaró este lunes que "el Protocolo de Kyoto es actualmente la mejor herramienta de la que disponemos para reducir los efectos del cambio climático".
Agregó que "las medidas que el gobierno socialista está desarrollando se encaminan en esa dirección".
El gobierno lleva adelante actuaciones concretas en ese sentido, como la potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril, la promoción del uso de energías renovables, el impulso del ahorro energético, el desarrollo de una política de aguas que evite derroches innecesarios, la protección y recuperación del litoral y de la riqueza de forestal a través de la ley de Montes, detalló.
A juicio de Rodríguez, eso son "claros ejemplos de una política medioambiental creíble, y de la necesidad de seguir apostando por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y el cumplimiento del Protocolo de Kyoto".
Por último, señaló que "para el PSOE afrontar las políticas de lucha contra el cambio climático permitirán mejorar nuestro sistema productivo y nuestros hábitos de consumo y convertirán el reto de la reducción de gases invernadero en una oportunidad para avanzar hacia la independencia energética y lograr una sociedad más comprometida con la preservación del planeta".
