La tan rica como amenazada biodiversidad de los Altos de Cantillana, un cordón montañoso en la región metropolitana de la capital chilena, recibe desde hace dos años la atención de un inédito y ambicioso modelo de conservación gestionado por el gobierno y privados.
Los Altos de Cantillana son cumbres discontinuas de más de 2.000 metros de altura que pertenecen a la llamada Cordillera de la Costa, que alberga quebradas y valles profundos en los que viven aproximadamente 180.000 personas distribuidas en cinco comunas del sudoeste de la región metropolitana: Alhué, Isla de Maipo, Melipilla, Paine y San Pedro.
Sus 205.000 hectáreas cobijan ocho especies vegetales y al menos 163 de vertebrados entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 15 por ciento de las cuales sólo se encuentran en Chile.
Los Altos de Cantillana están en manos de 2.500 propietarios privados, entre grandes empresas productoras y particulares. Las actividades económicas que se realizan en el lugar son la agricultura, la minería, la ganadería y la recolección de leña y humus, la capa superficial del suelo constituida por la descomposición de materiales animales y vegetales.
En 2004, el área fue declarada sitio prioritario número 1 en la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago.
"Se trata de una zona mediterránea, ubicada en el área central de Chile, de mucho interés mundial por su gran biodiversidad, pero que al mismo tiempo está siendo muy impactada por el ser humano. Es considerada un área crítica", explicó a IPS Diego Urrejola, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coordinador del denominado proyecto GEF-Cantillana.
El plan "Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana" 2005-2009 se inició hace dos años, financiado por el Estado chileno y el Fondo para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (GEF, por sus siglas en inglés). Cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de dólares, la mitad de los cuales son aportados por el gobierno de Chile.
El programa se implementa a través del PNUD y el organismo ejecutor es la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Pero uno de sus principales actores es el llamado Comité Directivo, integrado por los firmantes del "Acuerdo Público-Privado para la Conservación del Cordón del Cantillana" de 2005, al cual adhirieron 16 reparticiones públicas, cinco municipios y 13 propietarios privados.
El proyecto GEF-Cantillana nació precisamente como producto del interés por conservar la zona pero también estimular la producción, expresado tanto por el sector público como los privados.
Algunas de las empresas ubicadas en esta zona son la minera Florida, la división El Teniente de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la compañía chilena Agrosuper, la mayor productora de carne del país y diversas empresas agrícolas.
En el acuerdo, los propietarios se comprometieron a "elaborar los planes de manejo para sus respectivos predios y actividades" y a "colaborar en la minimización de daños sobre la diversidad biológica y fomentar la protección y conservación del territorio con actividades económicas sustentables".
Las principales causas de la pérdida de biodiversidad son la deforestación y el pastoreo ilegal, la extracción de humus la existencia de vertederos ilegales que contaminan el agua.
Urrejola criticó especialmente las malas prácticas en el campo. "La agricultura tecnificada ha ejercido una presión sobre los cerros. Las viñas y las plantaciones de paltas (aguacates) están escalando porque es posible regarlos más arriba. También preocupa el turismo y la recreación no controlada, que pueden contaminar el lugar y provocar incendios", indicó.
"El objetivo principal del proyecto GEF-Cantillana es la conservación de la biodiversidad de la zona, pero a través de un modelo de gestión público-privado", sintetizó su coordinador. Hoy no existe un sistema de administración mixto de terrenos privados.
"Lo que nos proponemos es sumamente innovador: armar una institucionalidad público-privada, es decir, un sistema que tenga personería jurídica, presupuesto y que ayude al desarrollo local", añadió Urrejola.
"Hoy estamos trabajando con 11 predios que cubren aproximadamente 30 por ciento del área total y pronto se van a sumar otros", explicó.
En estos dos años se han diseñado las líneas de acción del proyecto. La primera de ellas es la preservación del lugar, que contempla la recolección de información biológica y social junto con la identificación de los instrumentos formales y no formarles disponibles para conservar un área que no está en la órbita del Estado.
La segunda línea de acción es la producción sustentable. "En el comité directivo estamos trabajando con los grandes propietarios. Sin embargo, la sustentabilidad de los productos del proyecto se verá a nivel comunitario, social. Por ello, estamos diseñando un programa de fomento productivo hacia micro, pequeños y medianos productores agrícolas", señaló Urrejola.
En el caso de la pequeña comuna de Alhué, de gran tradición agrícola y cultural pero de bajo desarrollo humano, se ha pensado, por ejemplo, en crear asociaciones de pequeños y medianos apicultores con la idea de que ganen mercados gracias a sus procesos sustentables.
Asimismo, el municipio pretende conseguir permisos para desarrollar una ruta turística en los Altos.
En tercer lugar, el plan de acción prevé "el fortalecimiento de la fiscalización, de manera de hacer más eficientes los recursos públicos que se destinen a ello e involucrar, en alguna etapa, a los privados, ya sea en los flujos de información o en el autocontrol", dijo Urrejola.
La cuarta línea de acción es la educación y la capacitación. Por último, se contempla el ordenamiento territorial.
Urrejola explicó que el segundo semestre de este año se pondrá en marcha estos lineamientos y que en 2008 se potenciarán. En 2009 el sistema ya debería ser "auto sustentable", aunque los resultados se verán a largo plazo, advirtió.
El consultor del PNUD indico que uno de los aspectos más complejos del proyecto "ha sido identificar los verdaderos intereses de los actores con los que estamos trabajando y aquéllos con los que no estamos trabajando".
"Hay propietarios que sólo quieren conservar la biodiversidad, otros que prefieren ayudar a la comunidad, otros que tienen múltiples intereses desde el pastoreo del ganado hasta el fomento del turismo. Conocer esos intereses, compatibilizarlos y agruparlos en un sistema de gestión a largo plazo, sustentable, no es fácil", sostuvo Urrejola.
Otro de los obstáculos fue llegar a la comunidad. "Hemos comprobado que los municipios tienen muy buena disposición, pero baja capacidad financiera y técnica. Los municipios son claves en esto y fortalecer su gestión es muy importante", agregó.
Aquiles Miranda, gerente de gestión integrada de Minera de Oro Florida, que pertenece a la trasnacional canadiense Meridian Gold, señaló a IPS que "uno los aportes del Acuerdo Público-Privado fue realizar una zonificación" del área, distinguiendo entre sectores de preservación, conservación, amortiguación y producción.
"Minera Florida tiene todas sus instalaciones y operaciones en una zona de producción", subrayó Miranda, para quien el acuerdo sólo vino a confirmar el concepto de minería responsable de la empresa. En 2004, la firma comenzó la plantación de 17 hectáreas de palma chilena y en los próximos tres años espera plantar 60.000 árboles más.
La empresa participa activamente en el comité directivo del proyecto. "Creemos que es una excelente instancia de diálogo para lograr acuerdos y encuadrar legalmente algunas de las actividades que se realizan en la zona", indicó Miranda, aunque lamentó la lentitud con la que avanza el proyecto.
