Chile posee la mayor cantidad de reservorios de agua dulce de América del Sur, los glaciares, pero no tiene leyes para protegerlos. Parlamentarios, agricultores y ambientalistas reclaman una legislación que llene ese vacío.
Se ubican en zonas cordilleranas y son fundamentales para la estabilidad del ambiente y del clima, los asentamientos humanos y actividades como agricultura y generación eléctrica.
En Chile se identificaron 1.751 glaciares, que cubren 16.860 kilómetros cuadrados, 65 por ciento de la superficie de los hielos sudamericanos que abarcan unos 25.700 kilómetros cuadrados. Pero se calcula que falta explorar otros 5.000 kilómetros cuadrados en este país.
Setenta y siete por ciento del agua dulce del planeta está congelada en polos o en glaciares montañosos, afirma el Global Water Partnership. América del Sur posee 28 por ciento de ese recurso.
La Perspectiva Global sobre el Hielo y la Nieve, presentada el lunes 4 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), confirmó que glaciares de todo el planeta retrocedieron a causa del recalentamiento planetario.
Los científicos creen que la causa más probable del cambio climático es la acumulación atmosférica de gases de efecto invernadero emitidos por actividades humanas.
En 2000, un estudio de la Universidad de Chile estableció que 87 por ciento de una muestra de 100 glaciares estaban en retroceso por el aumento de temperaturas. Preocupan especialmente las reducciones detectadas en los hielos patagónicos, que concentran más de 60 por ciento de los sudamericanos, excluida la Antártida.
Pero en Chile, los glaciares también peligran por la actividad minera, principalmente en la zona norte. Se estima que estos hielos contribuyen con más de 60 por ciento al caudal de los ríos en años secos.
En abril, funcionarios del gobierno que sobrevolaron tres glaciares de la norteña región de Atacama, que vive una compleja situación hídrica, detectaron que en ellos se habían practicado caminos y zanjas de prospecciones mineras.
Según la Dirección General de Aguas (DGA), el río Copiapó, alimentado por estos glaciares, está sobreexplotado. Su oferta media anual es de 4.000 litros por segundo y su demanda es de 5.500.
La ecologista Sara Larraín explicó en una entrevista que el interés por proteger los glaciares surgió tras la primera aprobación al controvertido proyecto aurífero andino de Pascua Lama, en la frontera chileno-argentina, de la trasnacional canadiense Barrick Gold Corporation.
"En el primer estudio de impacto ambiental presentado por Minera Nevada, filial de Barrick, aprobado en 2001, no se declaró la existencia de (tres) glaciares" aledaños al yacimiento, afirmó la directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable.
"Por denuncias de comunidades locales y organizaciones no gubernamentales, la empresa se vio obligada a presentar un nuevo estudio, donde sí aparecieron los glaciares" que alimentan sistemas de regadío de 70.000 pequeños productores agrícolas del valle del Huasco, también en Atacama, acotó.
Pero el nuevo estudio de Barrick planteaba la necesidad de remover los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza para explotar el yacimiento de oro y plata a cielo abierto. El proyecto fue aprobado en febrero de 2006 a condición de no remover los hielos.
Aunque el inicio de la construcción está previsto para septiembre de 2007, la DGA ya detectó significativas mermas en los glaciares, producto de las obras preliminares.
En mayo de 2006, cinco senadores oficialistas y opositores presentaron al parlamento un proyecto sobre valoración y protección de glaciares, que está en trámite legislativo.
Mientras, el Programa Chile Sustentable y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) redactaron otro anteproyecto, observado por organismos públicos y empresas privadas.
La Sociedad Nacional de Minería lo rechazó por considerar "que la Ley de Bases del Medio Ambiente da garantías suficientes para la protección de los glaciares, y que es preferible estudiar caso a caso", dijo entrevistado para este artículo el presidente de la SNA, Luis Schmidt.
En octubre, el anteproyecto fue entregado al gobierno de Michelle Bachelet con la intención de obtener su patrocinio. Si esto no es posible, sus proponentes piden que se trate con urgencia el texto que está en el Senado, al que ya se han añadido aspectos contenidos en la iniciativa de ecologistas y agricultores.
Ambos textos establecen actividades permitidas, restringidas y prohibidas en los glaciares. También proponen crear un consejo nacional, de representación público-privada, que deberá crear un registro oficial, controlar su estado y elaborar normas de conservación.
Larraín cree que la industria minera —en particular la estatal Corporación Nacional del Cobre, responsable de la mayor parte de los ingresos chilenos y acusada de dañar un glaciar en el centro del país— ejerce mucha presión contra el anteproyecto no gubernamental. El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, expresó para este artículo su temor de que se termine aprobando un "mal proyecto" que legalice la destrucción de los glaciares.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 9 de junio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
