Los gobiernos de Venezuela y Cuba reaccionaron con irritación al anuncio de que una jueza estadounidense colocó a milímetros de su libertad definitiva a Luis Posada Carriles, autor confeso de atentados terroristas y buscado por la justicia de los dos países.
Su par de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó a su tiempo que su país "ratifica la solicitud de que sea extraditado". "Demandamos al gobierno de Estados Unidos, protector de Posada Carriles, que sea recapturado y certificado como terrorista", agregó.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha señalado a Posada Carriles como "el más grande terrorista del hemisferio", y repetidamente sostuvo que su puesta en libertad en Estados Unidos calza con planes de magnicidio que alientan sectores reaccionarios dentro y fuera de Venezuela.
Posada Carriles fue juzgado en Caracas como organizador del atentado contra un avión comercial cubano en pleno vuelo en 1976, sobre aguas del Caribe, que le costó la vida a sus 73 ocupantes, en su mayoría jóvenes deportistas de la isla caribeña.
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Este cubano de 79 años, nacionalizado venezolano, escapó de una cárcel venezolana en 1985, antes de que finalizara el juicio, y reapareció en 2000 en Panamá, donde fue detenido junto a otros tres hombres sindicados de preparar un atentado contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, quien participaba en ese país la Cumbre Iberoamericana.
Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón y Guillermo Novo Sampoll, también cubanos anticastristas exiliados, y el propio Posada Carriles fueron condenados en abril de 2004 a penas de cuatro a ocho años de prisión por la justicia de Panamá, pero la presidenta de ese país, Mireya Moscoso, los indultó poco antes de dejar el cargo.
Una vez en libertad, habría viajado a Honduras y a principios de 2005 ingresó a Estados Unidos sin la documentación requerida procedente de México, por lo que fue arrestado en mayo de ese año.
Venezuela reclamó entonces en vano su extradición, mientras la justicia estadounidense le procesa por mentir en una solicitud de ciudadanía. Washington aduno para negar el pedido de Caracas que, si lo entregaba, el encausado podía sufrir torturas o ser a su vez extraditado a Cuba.
Actualmente se encuentra en Miami en régimen de libertad condicional y con un dispositivo electrónico en uno de sus tobillos que permite ser localizado por las autoridades.
La jueza a cargo de su caso, Kathleen Cardone, desestimó este martes la transcripción de una entrevista a Posada Carriles, principal prueba de la fiscalía, y dictaminó que el gobierno "observó mala conducta" en el procedimiento para inculpar al terrorista anticastrista.
Según Cardone, el gobierno estadounidense "incurrió en fraude, engaño y trucos" durante la entrevista, y advirtió que su tribunal "no dejará a un lado los derechos del acusado porque sea políticamente una papa caliente".
La falta de sustento de la acusación, aunque apelable ante un tribunal en Nueva Orleáns (sur estadounidense), coloca a Posada Carriles a las puertas de su libertad definitiva.
La decisión de la jueza "es algo secundario. Lo cardinal es la conducta del gobierno de Bush, porque le basta con decir que es un terrorista para que de una vez lo puedan arrestar y deportar o, en su defecto, procesarlo en Estados Unidos", dijo Pérez Roque.
La solicitud venezolana fue siempre desestimada por el gobierno de Bush y los tribunales en Estados Unidos bloquearon la posibilidad de deportarlo con el alegato de que en las cárceles del país sudamericano, según organizaciones humanitarias, la tortura de los detenidos es una práctica común.
"Aunque hay registros de tortura por autoridades policiales, un gobierno puede dar a otro garantías suficientes sobre la integridad de un deportado, y de todas maneras, si Washington no lo extradita está obligado a procesarlo en su país", recordó a IPS Alfredo Ruiz, de la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Pérez Roque blandió un argumento semejante este miércoles y dijo que, "si Estados Unidos quiere ser coherente con su discurso y cumplir con los tratados internacionales, debe extraditarlo o procesarlo por los crímenes de los que se le acusa".
En un artículo que publicó en el diario oficialista cubano Granma en abril, Castro dijo que "Bush elude el carácter criminal y terrorista del acusado" y aseguró que Estados Unidos y "sus instituciones más representativas decidieron de antemano la libertad del monstruo".
Pérez Roque sostuvo que "la decisión de la jueza es algo secundario. Lo esencial es que el gobierno de Estados Unidos no califica a Posada de terrorista ni lo entrega a la justicia porque tiene miedo de que hable y cuente lo que hizo como agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense)".
Destacó que "el período más intenso de ataques terroristas contra Cuba, del que el atentado contra el avión en 1976 fue apenas uno, coincide con los años en que dirigió la CIA George Bush, el padre del actual mandatario.".
Para Maduro, "Washington tiene un doble discurso y una doble moral en el tema del terrorismo y la supuesta defensa de los derechos humanos". A su vez Pérez Roque dijo estar "ante otra gran hipocresía de un gobierno que, en nombre de la guerra contra el terrorismo, ha causado la muerte de 500.000 civiles en Iraq".
