Los testimonios y la sentencia de un juicio simbólico de dos días convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) afirman que el exiliado Luis Posada Carriles organizó varios planes para matar a Fidel Castro.
De acuerdo con la sentencia dada a conocer al término del "juicio político" celebrado el lunes y el martes en La Habana, una "obsesión enfermiza" llevó al anticastrista a fraguar planes sobre todo en la década de los años 90, intentando aprovechar viajes del mandatario cubano a otros países latinoamericanos para asistir a reuniones cumbres iberoamericanas y a otros encuentros internacionales.
El primer intento fallido fue en 1994, cuando Castro asistió a la IV Cumbre Iberoamericana celebrada en Colombia. Luego, en 1997, el escenario de la conspiración fue la Isla de Margarita, en Venezuela, durante la VII cita de gobernantes iberoamericanos.
El delito no se consumó por la información que recibieron las autoridades venezolanas, que adoptaron "eficaces" medidas de seguridad en todo el territorio nacional, según lo dicho en el juicio.
Pero Posada Carriles, reclutado en los años 60 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, persistió en su idea y organizó un nuevo plan contra Castro, que debía ejecutarse durante la Reunión Especial de Jefes de Estado y de Gobierno del Cariforo, realizada entre el 20 y el 25 de agosto de 1998 en Santo Domingo, República Dominicana. Volvió a fallar.
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Tras el último de sus intentos, el 17 de noviembre de 2000, el anticastrista fue arrestado en la capital panameña "por ser responsable de la ocupación de 34,44 libras de explosivo c-4" que serían colocados en el paraninfo de la Universidad de Panamá, donde estaba previsto un encuentro de Castro con unos 2.000 jóvenes.
Ese complot fue denunciado por el propio Castro al llegar al aeropuerto internacional de la capital panameña para participar de la X Cumbre Iberoamericana. Fue el último de esos encuentros al que asistió el gobernante cubano, aunque no interrumpió su agenda de viajes.
En esa ocasión, "no sólo se atentaría contra la figura de Fidel, sino contra todos los estudiantes, los invitados, la prensa que estaría allí. Era un atentado contra Panamá", dijo a IPS el teniente coronel Roberto Hernández, uno de los que testimoniaron ante el tribunal.
El oficial, investigador de delitos contra la seguridad del estado del Ministerio del Interior desde hace unos 20 años, consideró que el simulacro de juicio en La Habana fue "necesario", más que simbólico, y permitió dar a conocer "las tendencias que hacen de Posada Carriles un terrorista".
En su opinión, el proceso mostró además "la necesidad" de que ese hombre sea juzgado, porque, de lo contrario, se está concediendo "patente de corso para que continúen las actividades terroristas", inclusive dentro de Estados Unidos.
"Es necesario que se sepa que mientras el gobierno de Estados Unidos mantenga una política de doble rasero con respecto al terrorismo, en ese país habrá terroristas capaces de hacer cualquier cosa", insistió Hernández, para quien Washington posee elementos suficientes para juzgar a Posada Carriles.
El militar aseguró que el gobierno de su país ha colaborado y entregado al estadounidense suficiente información que prueba "no sólo la participación de Posada Carriles", sino de directivos de la Fundación Cubano Americana, organización de exiliados residentes en Miami, en "la escalada terrorista contra Cuba". Pero la administración de George W. Bush carece de "voluntad política para juzgar a Posada Carriles" debido a que ha estado involucrada en todas las acciones contra Cuba y a su "relación con los terroristas implicados", la mayoría de ellos miembros de la estadounidense CIA, sostuvo.
Hernández viajó a Estados Unidos en más de una ocasión para testificar en procesos por secuestros de aviones desde Cuba y en el juicio contra cinco cubanos sentenciados a duras penas por el cargo de espionaje.
"Mi comparecencia allí dice mucho de la voluntad de mi gobierno de cooperar en el combate al terrorismo, aunque el gobierno norteamericano no ha estado dispuesto a responder en la misma medida", señaló.
Posada Carriles y los también exiliados cubanos Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón y Guillermo Novo Sampoll, cómplices del "frustrado magnicidio" en Panamá, fueron juzgados en ese país sólo por delitos menores y condenados en abril de 2004 a penas de cuatro a ocho años de prisión.
A punto de terminar su mandato, la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso concedió el indulto a los cuatro. Posada Carriles viajó entonces a Honduras, hasta que a principios de 2005 reapareció en Estados Unidos, donde ingresó de manera ilegal.
Arrestado en mayo de ese año, permaneció encarcelado hasta el 19 de abril, cuando quedó en libertad bajo fianza y viajó de inmediato a Miami, epicentro del exilio cubano en territorio estadounidense.
El 9 de mayo, la jueza estadounidense Kathleen Cardone desestimó pruebas de la fiscalía, que acusaba a Posada Carriles de delitos migratorios. La falta de sustento de la acusación habría dejado al acusado prácticamente a las puertas de su libertad definitiva.
Al dictar su sentencia en La Habana, el tribunal conformado en su mayoría por estudiantes de derecho, acusó a Washington de violar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y numerosos tratados sobre terrorismo, por los cuales estaría obligado a juzgar a Posada Carriles o entregarlo a Venezuela, que pidió su extradición.
El anticastrista huyó en 1985 de una cárcel de ese país sudamericano, con lo cual quedó inconcluso el proceso por su responsabilidad en la voladura de un avión comercial cubano en pleno vuelo en 1976, que costó la vida de sus 73 ocupantes, la mayoría jóvenes deportistas.
Familiares de las víctimas de ese ataque perpetrado frente a costas de Barbados, que testificaron en el juicio simulado, reiteraron su demanda de justicia, lo mismo que Giustino Di Celmo, padre de Fabio, el joven italiano que murió en 1997 por una de las bombas que por encargo de Posada Carriles fueron puestas en hoteles de La Habana.
"El mundo sin justicia no puede sobrevivir", reflexionó Di Celmo ante una sala repleta de jóvenes en una de las últimas sesiones del llamado "juicio político del tribunal antiterrorista: la juventud acusa a Luis Posada Carriles y al gobierno de los Estados Unidos".
En una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, Posada Carriles había admitido su responsabilidad en esos atentados en los que murió el turista italiano y otras 11 personas fueron heridas.
