Cuarenta y seis años después de la muerte del tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo, familiares de sus víctimas y organizaciones civiles piden justicia por asesinatos, torturas, secuestros y detenciones ilegales cometidas contra miles de personas durante su régimen (1930-1961).
Una querella formal para encausar a un grupo de ex agentes del régimen fue presentada este miércoles ante el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, por más de 20 litigantes.
La "justicia dominicana aún tiene una deuda histórica, tanto con las víctimas directas de dichos hechos, como con los descendientes de éstas, quienes por un acto de valor y entrega vieron cruelmente afectada su existencia, teniendo que responder en ocasiones con sus vidas", afirma el texto de la presentación.
Los querellantes piden para cada uno de los acusados una pena de 30 años de trabajo público, y una reparación de 50 millones de dólares por concepto de los "daños materiales y morales" derivados de los hechos denunciados.
Los acusados son el ex coronel Luis José León Estévez, César Rodríguez Villeta, Cándido Torres y José Ángel Rodríguez Villeta, quienes eran miembros del Servicio de Inteligencia Militar, que ejerció el terror mediante un intenso espionaje secreto durante el régimen de Trujillo, nacido en 1891 y muerto en 1961 en un atentado.
"El deseo de nosotros es que se haga justicia", declaró Eduardo Díaz, presidente de la Fundación 30 de Mayo, que promovió el proceso ante la Procuraduría.
Díaz explicó que los querellados están acusados de la comisión de asesinatos, torturas, secuestro, detención y encierro ilegal.
"Al momento en que fueron cometidas las torturas, los ejecuciones sumarias y los demás hechos que conformaron el estado de terror de la denominada era de Trujillo, esas actuaciones eran consideradas crímenes por los principios generales del derecho", dijo Díaz.
Tras recibir la demanda, Jiménez Peña prometió darle el debido curso legal y asignó a Bolívar Sánchez Veloz como procurador general adjunto para que instrumente el expediente.
"Desde el punto de vista del derecho, ese caso puede progresar y tener resultados favorables para los querellantes", dijo a IPS el jurista Cándido Simón Polanco, experto en derecho penal. "No importa que hayan transcurrido 46 años. Esos hechos se pueden tipificar como crímenes de lesa humanidad" y, por tanto, "no prescriben", añadió.
Cristina Díaz, presidenta de la Fundación Manolo Tavárez Justo, organización civil que también sustenta el litigio, explicó a IPS que el momento es propicio para someter a la justicia a "esos asesinos", porque con "la base legal actual es mucho más fácil encaminar cualquier proceso de este tipo".
Trujillo gobernó República Dominicana con mano dura desde el 16 de agosto de 1930 hasta el 30 de mayo de 1961, cuando el vehículo en que viajaba fue emboscado y baleado por un grupo de dominicanos, la mayoría colaboradores del régimen.
"Es importante que prospere la justicia, la sociedad tiene que avanzar a un Estado real de derecho", dijo a IPS Rafael Martínez, secretario general de la Fundación Testimonio, compuesta por ex presos políticos y dedicada a recuperar la memoria de estos hechos históricos.
"Espero que los condenen a todos, ellos fueron torturadores bárbaros tanto contra luchadores contra el régimen como gente que no tenía ninguna vinculación política", dijo Martínez.
La era de Trujillo ha despertado variadas interpretaciones. Mientras muchos consideran que se trató de un régimen absurdo y de vocación criminal, algunos entienden que con la desaparición de esa dictadura también se esfumó el orden y la paz pública. El historiador José Antinoe Fiallo, recordó en declaraciones a la prensa que quienes perpetraron el asesinato de Trujillo formaban parte del poder económico del país y contaron para ello con apoyo material de Estados Unidos.
Al conmemorarse este miércoles un aniversario más de lo que en este país se conoce como el "ajusticiamiento" del dictador, organizaciones civiles, víctimas y familiares se reunieron en el Monumento a los Héroes del 30 de Mayo.
El monumento está ubicado en una de las principales avenidas de la capital dominicana, justo en el lugar donde Trujillo fue ejecutado. De los 11 complotados para matar a Trujillo, sólo sobrevive el general Antonio Imbert Barreras, quien más tarde participó en el derrocamiento del primer gobierno democrático del país y fue él mismo presidente en 1965.
