El retorno a sus hogares de 100.000 desplazados por combates entre el ejército de Sri Lanka y los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, en el oriental distrito de Batticaloa, causa más problemas de los que soluciona, advirtieron expertos y activistas.
El plan del gobierno permitió el regreso de unas 20.000 personas en la última semana y, según las autoridades, todo marcha según lo previsto.
"Se ha dicho que este es un plan de reasentamiento forzoso. No existe tal cosa. Todos están retornando de manera voluntaria", dijo a IPS el portavoz de las fuerzas armadas srilankesas brigadier Prasad Samarasinghe.
Batticaloa, centro neurálgico del este de Sri Lanka cuya población pertenece a todos los grupos étnicos del país, quedó envuelto en diciembre en combates entre los rebeldes y el ejército.
La ciudad de Batticaloa y su periferia fueron inundadas por civiles que abandonaron sus hogares cuando estallaron los combates entre las fuerzas del gobierno y los Tigres, primero en el norte y luego al oeste de la ciudad.
A principios de marzo ya había más de 150.000 personas que buscaban refugio por todas partes, incluso debajo de árboles y a la vera de las carreteras.
El alojamiento de los refugiados en escuelas, centros comunitarios y casas de familia afectó la vida cotidiana del distrito.
Cuando los combates alcanzaron su máxima intensidad, 325 centros de estudio quedaron cerrados, lo que interrumpió los cursos para 135.000 estudiantes, según S. Amalanathan, administrador civil de Batticaloa. Ochenta permanecen aún cerrados.
El distrito vuelve dificultosamente a la normalidad. El gobierno de Sri Lanka implementa un plan para el retorno de los desplazados a sus aldeas.
La semana pasada, tres ministros se hicieron presentes para supervisar el regreso a áreas arrebatadas a los Tigres.
Los militares juegan un papel clave en el plan, pues llevan un registro de quienes retornan y les entregan pases de seguridad. Está previsto el regreso de 34.000 personas antes de fin de mes y el de otras 60.000 en la siguiente etapa, que comenzará el 1 de junio.
La mayoría de los desplazados prefiere regresar a sus hogares antes que permanecer en centros de asistencia o en la casa de otras familias.
"Muchos quieren volver pero están preocupados por las condiciones de seguridad. De todos modos, dicen que regresarían si reciben garantías de las autoridades", afirma el Centro para las Opciones Políticas, un grupo de expertos radicado en Colombo.
Algunos de los desplazados por los combates están fuera de sus hogares desde agosto de 2006, cuando huyeron de sus aldeas al sur de la bahía de Trincomalee, bastión del territorio donde es mayoría la etnia tamil, en el norte y este de Sri Lanka.
Estos desplazados debieron recorrer más de 100 kilómetros, frecuentemente llevando sólo un atado de ropa en sus espaldas, para llegar a áreas más seguras en Batticaloa.
El plan de retorno ahora en marcha no se ajusta totalmente a las normas internacionalmente aceptadas, según sus críticos.
Agencias de las ONU como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) pidieron al gobierno una estrategia paso a paso y la evaluación de los riesgos.
La responsable local de Unicef, Natascha Paddison, manifestó preocupación por la falta de acceso a la educación, el agua limpia y el saneamiento, así como por el riesgo de que los bandos beligerantes recluten menores de edad.
Estas advertencias, sin embargo, son moderadas comparadas con la reacción en marzo al reasentamiento de más de 15.000 personas en Vaharai, en el norte de Batticaloa. Informes de Acnur denunciaron entonces reubicaciones forzadas.
El Comité Permanente Interagencias (IASC, por sus siglas en inglés), foro de consulta y toma de decisiones integrado por organizaciones humanitarias, distribuyó folletos en los campos de refugiados para informarles sobre sus derechos, lo que desató la ira del gobierno.
En la actual ronda de retorno de desplazados "no podemos ir a las áreas a las que vuelven los refugiados", dijo Rukshan Fernando, de la no gubernamental Asociación Ley y Sociedad, tras una visita a Batticaloa.
"Las fuerzas de seguridad dicen que no son seguras, lo que resulta un poco sorprendente dado que todos estos civiles están yendo hacia allí", agregó Fernando.
Los militares, sin embargo, aseguran que han permitido el acceso de representantes de la ONU y de otras organizaciones a las zonas a las que retornaron los desplazados.
Pero "no podemos permitirles el ingreso a las áreas donde se realizará la próxima fase, porque no han sido aún despejadas" de actividad insurgente, dice el brigadier Samarasinghe.
El mantenimiento de los campamentos de refugiados se convirtió en otro problema. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU emitió desde marzo dos llamados de emergencia y advertencias sobre el agotamiento de víveres.
El PMA recibió en marzo fondos adicionales, pero ahora busca nuevos donantes para mantener el abastecimiento de provisiones.
"El canal de suministros parece seguro hasta el mes próximo", dijo a IPS Jeff Taft, director de la oficina del PMA en Sri Lanka. La organización provee más de 70 por ciento de las necesidades alimentarias de los 130.000 refugiados en el distrito.
La IASC informó que 13.000 personas, la mayoría alojadas en casas de familia, no reciben todavía provisiones de manera regular.
"Necesitaríamos un compromiso de más largo plazo para mantener el flujo de abastecimiento. Con suerte, los fondos llegarán", dice Taft. El PMA necesita un millón de dólares semanales para alimentar a todos los refugiados de la isla y ya ha reducido algunos de sus programas.
"Estoy muy preocupado por el deterioro de la situación humanitaria como consecuencia del resurgimiento del conflicto. Me inquieta especialmente el impacto en los civiles. Muchos han sido desplazados varias veces a causa de los enfrentamientos", dice Tony Banbury, director de esta agencia de la ONU para Asia.
El PMA y la Cruz Roja recibieron, de todas formas, ayuda adicional para asistir a los refugiados. Japón, Estados Unidos y el Fondo Central de Emergencias de la ONU realizaron contribuciones.
La semana pasada, el gobierno australiano prometió 5,25 millones de dólares para los programas de la Cruz Roja, el PMA y Unicef. Tres millones están destinados a ayuda alimentaria de emergencia del PMA.
"Secuestros, asesinatos y reclutamientos forzosos ocurren a diario", indicó el gobierno de Australia en un comunicado.
"Todos los bandos en pugna violan las leyes humanitarias internacionales de manera regular. El gobierno australiano está preocupado por la tendencia hacia una mayor violencia y el ambiente de creciente impunidad", agregó.
Los socorristas no ven un rápido fin al sufrimiento. "Afrontemos la realidad. Este es un viejo conflicto, que lleva más de 20 años. El armisticio de 2002 existe sólo en los papeles y existen demasiados enfrentamientos como para ser optimista respecto del futuro cercano", dijo Toon Vandanhooven, principal directivo de la Cruz Roja de Sri Lanka.
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, más de 215.000 personas fueron desplazadas en el norte y el este de Sri Lanka por la reanudación de los combates, y que al menos 10.000 huyeron a la India.
Se estima que unas 500.000 personas fueron desplazadas en anteriores fases del conflicto y por el tsunami de diciembre de 2004. Batticaloa figura entre las áreas más afectadas por el maremoto.
Muchos de estos refugiados son vulnerables al hostigamiento de los Tigres, otros grupos armados y miembros de las fuerzas de seguridad, advirtió la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe.
Voluntarios de organizaciones médicas y humanitarias, agrega, fueron hostigados o secuestrados y su trabajo obstaculizado por nuevas exigencias burocráticas, agrega el estudio de Amnistía.
