Las ejecuciones en Irán llegaron a 177 en 2006, casi el doble del año anterior. La situación refuerza la postura de activistas de derechos humanos de que la pena de muerte debe abolirse porque, además de ser un castigo inhumano, tampoco es un método efectivo de disuasión de delitos.
Tampoco hay signos de que las ejecuciones vayan a disminuir este año en Irán, según activistas, quienes señalaron que tan sólo en las dos primeras semanas de este mes, la prensa informó de 18 nuevos casos.
Los datos en la materia en este país no son oficiales, pues no hay estadísticas gubernamentales, por lo que el informe de Amnistía se basó en publicaciones y datos de otras organizaciones no gubernamentales.
China encabeza la lista mundial elaborada por esta organización con sede en Londres con 1010 ejecuciones en 2006, aunque los activistas de derechos humanos sostienen que la cantidad real puede llegar a ser hasta ocho veces mayor.
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"La abolición de todas las leyes vinculadas a la pena capital en Irán parece un sueño muy exagerado", dijo a IPS un activista que pidió reserva sobre su identidad. "Ese castigo es considerado como un elemento vital para evitar los delitos en nuestra sociedad", explicó.
Una de sus tareas más importantes ahora, señaló, es generar conciencia de que más ejecuciones no se traducen en menos delitos. También es necesario presionar a las autoridades para que reduzcan el número de ejecuciones.
Hay varios delitos pasibles de ese castigo extremo en Irán como asesinato, infracciones vinculadas a drogas, otras financieras e ideológicos e incluso sexuales.
En este país, la ejecución suele ser por ahorcamiento. Cuando se trata de delitos sexuales o terrorismo y tráfico de drogas, se cuelga a los culpables en público. Pero los responsables de crímenes sexuales pueden ser lapidados.
Un alto porcentaje de los ejecutados este año fue por tráfico de drogas. Es que para las leyes de esta nación es un delito capital poseer más de 30 gramos de heroína o cinco kilogramos de opio.
En febrero, Nasrollah Shanbezehi fue acusado de terrorismo tras un juicio sumario y durante el cual no tuvo derecho a contar con un abogado, según activistas. El 19 de ese mes, al otro día del fallo, fue ahorcado en la sudoriental ciudad de Zahedan.
Shanbezehi fue uno de los cuatro presuntos separatistas balochi detenidos tras la explosión de un coche bomba frente a un autobús que trasladaba efectivos de la Guardia Revolucionaria que terminó con la vida de 12 de ellos.
Antes del juicio, Shanbezehi confesó frente a las cámaras de televisión y suplicó perdón.
Pero ese no fue el único caso de juicio sumario y arreglado en los que el acusado no puede contar con un abogado, según defensores de derechos humanos.
Además, Irán sigue matando menores, a pesar de estar prohibido por las leyes internacionales, informan los activistas.
Cuatro jóvenes acusados de violar la ley cuando tenían menos de 18 años estuvieron entre las personas ejecutadas el año pasado, según esa misma fuente. En 2004, se ejecutó a una joven en público imputada de delitos sexuales. Luego se probaría que tenía 16 años al momento de su muerte.
La abogada y defensora de los derechos del niño Nasrin Sotoudeh defiende a una mujer llamada Soghra que fue sentenciada a muerte por un supuesto asesinato que cometió cuando tenía 13 años.
Soghra, ahora de 30 años, hace 17 que está en el pabellón de los condenados a muerte, indicó Sotoudeh a IPS, y añadió que conoce otros 36 casos de menores sentenciados a la pena capital en los últimos tres años.
Pero existen "muchos más" en localidades pequeñas que no aparecen en la prensa ni en los registros oficiales, señaló la abogada.
"Creo que la situación empeoró en los últimos dos años o tres", sostuvo Sotoudeh, y eso obedece a que los menores son juzgados como adultos en tribunales provinciales y no juveniles.
Los jueces que fallan en casos de adulterio tienen la obligación de emitir condenas a muerte por lapidación, aunque estas rara vez se llevan a cabo.
Hay una decena de mujeres y hombres sentenciados a ese tipo de muerte que aguardan ser ejecutados, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En mayo de 2006, una mujer y un hombre acusados de adulterio fueron apedreados hasta la muerte en el nordeste de Irán.
Meses después, organizaciones que abogan por los derechos de la mujer iniciaron una campaña contra las leyes que prevén la lapidación que las afecta más a ellas que a los hombres.
Abogados voluntarios asumieron la defensa de varias mujeres y un hombre y lograron salvarlos, según varias fuentes.
El sistema judicial iraní está estrechamente vinculado a la legislación islámica. Todas las normas aprobadas por el parlamento también deben contar con el visto bueno del todopoderoso Consejo Clerical, de seis miembros de línea dura, designados por la máxima autoridad religiosa del régimen chiita, el ayatolá Alí Jamenei, encargado de analizar la compatibilidad entre ambas.
El Consejo puede vetar las normas aprobadas por el parlamento. Toda modificación en la legislación es un asunto religioso y la última decisión la tienen las autoridades chiitas.
Los opositores a la sharia (ley islámica) pueden ser acusados de herejía y condenados a muerte.
El activista de derechos humanos Emadeddin Baghi lleva adelante una campaña para convencer a legisladores y autoridades religiosas de derogar la pena capital o al menos reducir su uso al mínimo.
Musulmán devoto y ex estudiante del seminario religioso Qom, Baghi fundamenta su posición a favor de la abolición y del "derecho a la vida" en el Corán, libro sagrado del Islam, y en la sharia.
En 1999, el muy popular diario reformista Neshat publicó un artículo de Baghi en el que argumentaba que las leyes religiosas iraníes, acerca de la retribución en casos de asesinato, no se aplicaban a un gran número de situaciones, 25 por ciento de ellas, en los que la muerte no era intencional.
Esa visión fue considerada hereje por las autoridades y el diario cerró tras una gran ofensiva contra periódicos reformistas. Su editor, Mashallah Shamsolvaezin, permaneció 19 meses en prisión. Cinco años más tarde se levantó la medida, pero el diario nunca volvió a salir.
Baghi también fue juzgado por oponerse al código del Corán y sentenciado a dos años de prisión por ese artículo y otros supuestos delitos.
Sin inmutarse, Baghi ahora fundó la primera organización contra la pena capital, la Asociación por el Derecho a la Vida.
"No hemos tramitado el permiso necesario para nuestra asociación porque estamos seguros de que será rechazado. También vemos la presión que padecen las organizaciones no gubernamentales habilitadas. El gobierno desconfía mucho de ellas", dijo Baghi a IPS.
También escribió un libro acerca de la pena de muerte y el Islam. Su argumento central es que su abolición no contradice a la religión.
Las autoridades iraníes impidieron la edición del libro. Pero Baghi se las ingenia para tratar de publicarlo en Afganistán. Además tiene esperanzas de que incida bastante en la reducción del tabú religioso que impide un debate abierto en torno a la cuestión de la abolición de la pena de muerte en este país.
