Aprovechando una corriente social más favorable, una alianza de organizaciones de la sociedad civil de Argentina presentó este lunes al Congreso legislativo un proyecto para legalizar el aborto, práctica penada por la ley y primera causa de muerte materna en este país.
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 250 organizaciones de mujeres, entidades de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y la academia, acercaron su propia iniciativa a los legisladores.
"Es la primera vez que se presenta al parlamento un proyecto elaborado por la sociedad civil para reclamar (la despenalización) del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación", anunció a IPS una de las promotoras de la iniciativa, Martha Rosenberg, del Foro por los Derechos Reproductivos.
Por diversos motivos, el ambiente es hoy más favorable a la iniciativa. Según el Estudio Nacional de Opinión Pública sobre Derechos Reproductivos realizado por la consultora Knack quienes creen que el aborto debe dejar de ser delito pasaron de 28 a 46 por ciento de los consultados entre 2004 y 2006.
En ese mismo período, el porcentaje de entrevistados que aceptaría la legalización plena del aborto bajo cualquier circunstancia también creció de 11 a 20 por ciento y el de los que lo rechazan en cualquier circunstancia bajaron de 23 a 13 por ciento. El proyecto de ley —para el cual se analizó legislación vigente en otros países— sostiene que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación, y a realizarse el aborto en servicios públicos de salud, de manera que la práctica sea segura y gratuita.
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También sostiene que fuera de ese plazo tienen el mismo derecho mujeres que hayan sido violadas, las que presenten problemas de salud o riesgo de muerte, o las que acrediten que el feto presenta malformaciones graves. En ningún caso se exigirá autorización judicial previa, pero sí el consentimiento por escrito de la paciente.
En Argentina, el aborto penaliza a la mujer y al responsable del procedimiento salvo en casos de violación de una discapacitada mental o demente, o cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer.
Pero aun en esos casos extremos, los médicos suelen requerir una autorización judicial que demora la práctica más allá del plazo recomendado con el consecuente perjuicio para la mujer.
Este mes murió en la nororiental provincia de Santa Fe una mujer de 20 años, madre de tres niños, que padecía un sarcoma de maxilar. La joven quedó embarazada, y el hospital se rehusó a prestarle tratamiento de radioterapia para no poner en riego al feto. Se requirió entonces un aborto, pero el hospital se negó. Finalmente murieron la mujer y el recién nacido.
En 2006 hubo dos casos que desataron el debate público. En distintas provincias, dos jóvenes discapacitadas, una de ellas menor de edad, fueron violadas y quedaron embarazadas. Pero los médicos se negaban a practicar los abortos y se debió apelar a la justicia para obtener la autorización.
Según estimaciones del Ministerio de Salud, a pesar de la prohibición legal, se producen cada año entre 450.000 y 500.000 abortos clandestinos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informa que 37 por ciento de los embarazos terminan en aborto, y que de ese total 15 por ciento corresponden a menores de 20 años.
En ese marco de ilegalidad, las mujeres de menos recursos económicos son las principales víctimas de procedimientos riesgosos que se realizan fuera de los hospitales y en malas condiciones sanitarias. Del total de muertes maternas, 27,4 por ciento son producto de complicaciones derivadas de abortos inseguros, la principal causa de mortalidad materna y la segunda de mujeres en edad fértil.
Pese a esta realidad, tradicionalmente la opinión pública se manifestaba contraria a la legalización de esta práctica, una resistencia que parece ir cediendo pese al papel determinante que juega en la sociedad argentina la Iglesia Católica, enemiga acérrima del aborto inducido.
De hecho, el clima está cambiando en países más o menos cercanos donde el catolicismo tiene raíces profundas.
En Colombia se ampliaron un año atrás las causales para un aborto legal. En abril, la capital de México despenalizó la práctica, mientras autoridades de Brasil proponen una consulta popular para dirimir la cuestión, siguiendo el ejemplo de Portugal, cuya ciudadanía determinó en febrero que el parlamento podía legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 10 semanas.
"Estoy convencida de que hay mayor apertura al debate", dijo a IPS Cira Candia, secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la Central de Trabajadores de Argentina.
"El aborto en Argentina ya no es un tema tabú, el ministro de Salud plantea que es necesario despenalizar, los medios de comunicación hablan del asunto y, por primera vez, el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) hizo una presentación sobre este tema", remarcó.
Candia aludió así a las declaraciones del ministro Ginés González García, impulsor del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. El funcionario expresó reiteradas veces su respaldo a la despenalización y ordenó distribuir una guía para el mejoramiento de la atención post-aborto en hospitales públicos.
El Inadi, por su parte, envió este mes al parlamento y a los ministerios de Salud de todo el país un protocolo para la atención sanitaria en casos de aborto no punible, advirtiendo a los médicos que si incumplían esa norma estarían incurriendo en actos de discriminación, negando la atención sanitaria debida.
Según Rosenberg, el ambiente para la presentación del proyecto es hoy "más favorable" tanto por el número mayor de adhesiones, como por la creciente participación de sectores sociales en el debate. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos lo están incorporando a sus agendas, dijo.
"Antes teníamos adhesiones individuales de miembros de organismos humanitarios más o menos conocidos, pero ahora por ejemplo las presidentas de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo apoyan la despenalización", ejemplificó.
La activista también consideró que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que promueve intensamente la alianza de organizaciones autoras del proyecto, contribuyó en poner el tema en debate cada vez que surgió un caso polémico, como el de las mujeres con discapacidad mental que fueron violadas.
"En realidad, casos de estos hubo siempre, lo que ocurre es que en un momento dado hay una corriente que los toma como emergentes sociales de una situación grave de discriminación que ya no se debe tolerar", sostuvo Rosenberg.
