La organización no gubernamental Sin Fronteras denunció ser víctima de hostigamiento de parte de las autoridades en México por su trabajo en favor de los inmigrantes que afrontan abusos de todo tipo en este país.
"Si a nosotros nos hostigan como nunca antes, qué decir de los inmigrantes cuya situación no registra ningún cambio", dijo a IPS Karina Arias, portavoz de Sin Fronteras, una agrupación con casi 11 años de trabajo en México.
Alrededor de 200.000 inmigrantes indocumentados, procedentes de América Central y de países sudamericanos, son detenidos y deportados anualmente por México. Muchos de ellos, en tránsito hacia Estados Unidos, sufren abusos de autoridades, asaltos y violaciones sexuales, según indican múltiples estudios y testimonios.
Otros 73.000 extranjeros logran ingresar a Estados Unidos, pero también son deportados desde allí, mientras sólo 70.000 alcanzan su objetivo y se quedan de forma temporal o definitiva en ese país.
Sin Fronteras, que realiza tareas vinculadas a la defensa y apoyo de los inmigrantes, pidió el miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le otorguen "medidas cautelares" (protección y vigilancia policial a su favor), pues teme por la seguridad de sus integrantes, una veintena.
"El hostigamiento que vivimos desde comienzos de año es inédito, nunca lo habíamos sentido antes", afirmó Arias.
En marzo, la directora del grupo, Fabienne Venet, visitó el edificio del estatal Instituto Nacional de Migración en la capital de México para hablar de temas migratorios con autoridades y descubrió que, mientras lo hacía, sus documentos de identidad eran videograbados por personal de ese lugar sin ninguna justificación.
Otros hechos denunciados son las limitaciones que desde comienzos de año se impusieron a los abogados de Sin Fronteras para entrar a centros de detención donde alojan a los inmigrantes, a donde acuden con el fin de asesorar a los allí confinados.
"Se les limita el tiempo, no se les permite ingresar con plumas ni papel y si llevan un amparo (documento legal que permite la liberación del detenido), se les impide el paso", explicó Arias.
En un hecho más que interpretan como parte del hostigamiento fue el ocurrido el 20 de este mes, cuando una funcionaria de Sin Fronteras que viajaba hacia el sur de México a visitar a inmigrantes detenidos fue requerida en el aeropuerto de la capital por agentes migratorios, quienes según la versión del grupo la intimidaron.
"Todo esto sucede en un contexto de endurecimiento de la política migratoria y su vinculación creciente al tema de la seguridad y a una política de descrédito hacia las organizaciones civiles que trabajamos por los derechos humanos de los migrantes", declaró la portavoz de Sin Fronteras.
Pero el gobierno mexicano de Felipe Calderón, en funciones desde diciembre, asegura que se esfuerza por mejorar su trato hacia los inmigrantes y en castigar a los funcionarios que abusan de esas personas. En esa línea indicó que pronto dará cursos de capacitación en derechos humanos y hasta de primeros auxilios a los funcionarios migratorios.
Calderón reconoce que México no ha sabido aplicar una política migratoria adecuada con los centroamericanos y que existen graves problemas en derechos humanos.
Pero Sin Fronteras no ve que tal reconocimiento se traduzca en hechos. "Hasta ahora no documentamos ningún cambio", dijo Arias.
Los activistas acusan a las autoridades de aplicar el doble rasero, pues cuando se trata de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos reclaman con vehemencia, pero hay poca acción cuando se trata de los centroamericanos en México, país que comparte 1.149 kilómetros de fronteras con Guatemala y Belice.
Para llegar a Estados Unidos, los indocumentados de América Central pagan más de 3.000 dólares a traficantes de personas, según diversos informes. Pero esa cantidad no es suficiente, pues en su paso por México son obligados a desembolsar mucho más y sufren asaltos o hasta son secuestrados.
Además, muchos resultan lisiados o mueren cuando intentan subir a los trenes de carga que los transporta del sur de México hacia el centro y norte del país. Otros son atacados por pandillas juveniles o resultan víctimas de violaciones sexuales.
El estatal Instituto Nacional de Migración señala que cada año las detenciones y deportaciones de inmigrantes en la frontera sur son de alrededor de 200.000.
En 2006, la estatal, pero independiente Comisión Nacional de los Derechos Humanos procesó 337 quejas por diversas violaciones contra los inmigrantes. Ese ente reconoce que se trata de un número pequeño, pues según argumenta, los inmigrantes son renuentes a presentar denuncias.
