Por quinta vez consecutiva, los mapuches aparecen como los más discriminados y afectados por el poder en Chile en el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, presentando este miércoles por Amnistía Internacional.
"La situación de los pueblos indígenas en Chile sigue siendo grave en materia de acceso a la justicia y en cuanto a la protección de derechos", dijo a IPS Sergio Laurenti, director ejecutivo para este país de la organización no gubernamental con sede en Londres, durante un encuentro con medios de comunicación previo a la presentación oficial del informe anual de la entidad.
"Recibimos denuncias regularmente. Prácticamente todos los días estamos escuchando alguna noticia relacionada con (el maltrato y la discriminación del) pueblo mapuche", puntualizó.
Con más de 600.000 integrantes, los mapuches conforman la más numerosa etnia del país y reúnen a 87 por ciento de la población indígena total. Una quinta parte de ellos vive en la región de la Araucanía, ubicada a más de 600 kilómetros al sur de Santiago.
El documento de Amnistía 2007, de 466 páginas y que repasa lo ocurrido el año anterior, explica que en julio efectivos de carabineros (policía uniformada) allanaron la comunidad mapuche de Temuicuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, en busca de animales robados a terratenientes de la zona, lo cual es negado por los indígenas.
"Según los informes, la policía disparó gas lacrimógeno, balas de goma y fuego real contra miembros de la comunidad, que iban desarmados. Varias personas resultaron heridas y algunas casas destruidas", señala el texto.
En diciembre, la policía disparó contra varios mapuches de Temuicuicui que se encontraban cobrando salarios en Ercilla, acota el documento.
"La situación de violencia policial se mantiene hasta hoy, por lo menos en la provincia de Malleco, siendo entre cinco y 10 las comunidades afectadas", confirmó a IPS José Aylwin, co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con sede en Temuco, capital de la región de la Araucanía.
"Hay varias causas judiciales abiertas y querellas presentadas por las comunidades en conjunto con el Observatorio en contra de carabineros. También hay una mesa de conversación en la que participa la gobernación de la provincia de Malleco y carabineros, pero éstos niegan su participación en los hechos", acotó el profesional.
Más allá de estos hechos, "el estado de postración económica de ciertas comunidades indígenas no es visualizado por el Estado chileno como una situación que debiera preocupar desde la perspectiva de los derechos humanos", dijo a IPS el periodista Nibaldo Mosciatti, jefe de prensa de la radio Bío-Bío, invitado por Amnistía a comentar el informe.
"Al estar (las comunidades mapuches) confinadas al sur, las noticias que vienen de allá no tienen mucho impacto, no se transforman en un tema de debate nacional. Ocurre en la región de la Araucanía y queda allá", añadió. "El poder de las (firmas) forestales (que han ido desplazando a los grupos indígenas en la región) es tan grande, que finalmente uno tiene la sensación y la sospecha de que parte del aparato del Estado se pone a disposición de ellas, que es más o menos lo que ocurre en el norte con las grandes mineras, con pequeñas comunidades en disputa por derechos de agua", explicó Mosciatti.
El informe de Amnistía Internacional también llamó la atención sobre la impunidad en que falleció, el 10 de diciembre, el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), en cuyo régimen "se perpetraron flagrantes violaciones de derechos humanos considerados de lesa humanidad".
El documento consigna que Pinochet estaba siendo perseguido penalmente en varias causas al momento de su fallecimiento: una investigación por enriquecimiento ilícito (caso Riggs) y cuatro casos de violaciones a los derechos humanos, "en los que miles de personas fueron objeto de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".
"En lo que corresponde a Pinochet las causas se cerraron, pero en cada caso hay co-responsables", indicó Laurenti, quien exhortó a la justicia a no cejar en las investigaciones para determinar todas las autorías.
"Amnistía ha identificado y publicado los nombres de al menos una veintena de ex oficiales militares que están sujetos a procesos", puntualizó el director ejecutivo de la organización humanitaria.
"De un total de 600 casos, sabemos de 12 personas presas. Esto es una señal fuerte de que la impunidad se está tolerando", aseguró.
En este mismo sentido, Amnistía conminó a este país a hacer valer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de septiembre, que establece que la ley de amnistía de 1978 no puede ser aplicada en crímenes de lesa humanidad.
La sentencia se refiere al caso del profesor militante del Partido Comunista Luis Alfredo Almonacid, asesinado por la policía en 1978 en presencia de su familia.
Precisamente, en su mensaje del lunes pasado, la presidenta Michelle Bachelet señaló que apoyará "la moción que declara inaplicable la amnistía y la prescripción para los crímenes de lesa humanidad".
De igual forma, la mandataria aseguró que insistirá en la "ratificación de la Convención de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura".
También anunció la creación del Instituto de Derechos Humanos, la fundación del primer Museo Nacional de la Memoria y la instauración del 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido Desaparecido.
"La presidenta ha anunciado una serie de medidas importantes en materia de derechos humanos. Son buenas noticias. Ahora, hay una distancia entre el decir y el hacer. Nuestra expectativa es que va a utilizar su liderazgo para hacer cumplir estas promesas", dijo Laurenti.
El informe de Amnistía también cuestiona las condiciones en que vive la población penitenciaria y critica la excesiva fuerza policial utilizada en manifestaciones estudiantes de mayo, junio y octubre.
En este sentido, Laurenti y Mosciatti rechazaron el procedimiento de "detención selectiva" que carabineros inauguró en las marchas del pasado 1 de mayo, en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.
"La detención preventiva, selectiva, como está planteada, puede implicar una violación de derechos humanos", remarcó Laurenti, ya que la policía arresta a personas sólo por su apariencia o conducta sospechosa.
"A mí me gustaría ver qué balance vamos a hacer a final de año de la respuesta del gobierno ante eventuales manifestaciones ciudadanas de reclamo. Para mí son muy graves las detenciones selectivas. Si se detiene a personas que no están cometiendo delito ni sobre las que pesa orden judicial de arresto se está trasgrediendo el Código Penal; son detenciones ilegales", indicó por su parte Mosciatti.
A la hora de proyectar lo que sucederá este año, Laurenti prefiere ser optimista. Cree que 2007 estará marcado por la creciente "apropiación de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la población", que cada vez está más conscientes de ellos.
