Una redada nacional en Alemania contra activistas de izquierda acusados de terrorismo y de planificar disturbios para la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos el mes próximo es parte de una gran campaña oficial para ahogar toda protesta durante el encuentro.
Unos 900 oficiales de policía allanaron el miércoles las viviendas y oficinas de varios activistas de izquierda sospechosos de planificar disturbios en la próxima cumbre, que se realizará del 6 al 8 de junio en Heiligendamm, sobre el mar Báltico, unos 200 kilómetros al noreste de Berlín.
Los allanamientos tuvieron lugar en el norte y noreste del país, y sobre todo en Berlín, Hamburgo, Bremen y otras ciudades de los estados federales de Baja Sajonia, Brandenburgo y Schleswig-Holstein.
La policía identificó a 20 personas como principales sospechosas, pero aclaró que no hubo detenciones.
También desbarató conexiones de Internet e incautó computadoras y documentos relacionados con supuestas protestas previstas para la cumbre del G-8.
"Grupos de extrema izquierda y sus miembros son sospechosos de haber fundado una organización terrorista o pertenecer a una con el único objetivo de orquestar ataques con bomba y otro tipo de actos violentos para perturbar o evitar la realización de la cumbre del G-8 en Heiligendamm", reza el comunicado de la Fiscalía.
Esa dependencia también acusó a las organizaciones de izquierda de perpetrar varios ataques menores en los últimos meses.
El ministro del Interior, Wolfgang Schaeuble, anunció que el gobierno iba a reforzar los controles en la frontera para evitar el ingreso de manifestantes extranjeros violentos.
"Las medidas de seguridad incluyen controles en varios puntos fronterizos para evitar que ingresen a Alemania delincuentes potenciales y otros que puedan recurrir a la violencia", declaró Schaeuble.
"Se prestará especial atención a los violentos activistas antiglobalización", añadió
La redada fue parte de una serie de medidas de seguridad dispuestas por el ministro en su lucha declarada contra el terrorismo.
Schaeuble propuso recurrir al ejército, autorizar la intercepción de conexiones de Internet y ampliar la utilización de datos biométricos en los documentos personales de identidad.
El ministro pidió además autorización para abatir aviones comerciales sobre territorio alemán en caso de que hayan sido secuestrados.
"En la lucha contra el terrorismo, no es válida la presunción de inocencia. Eso querría decir que voy a permitir 10 atentados terroristas en vez de detener a una persona que pudiera no estar involucrada en ningún delito", dijo Schaeuble en entrevista con el semanario Stern.
Sin embargo, negó tener intenciones de eliminar las libertades civiles.
"Considero a la ley y a nuestro sistema constitucional como defensores de la libertad. Es un deber fundamental del Estado defender y garantizar nuestra seguridad y nuestra libertad", señaló.
Schaeuble advirtió varias veces en los últimos meses que Alemania corre serios riesgos de ser objeto de ataques orquestados por organizaciones terroristas islámicas.
Pero no todos piensan como él.
El comisario federal para las libertades civiles, Peter Schaar, calificó los planes de Schaeuble de "desproporcionados ataques contra nuestros derechos". "Estamos desmantelando el imperio de la ley garantizado por la Constitución alemana", afirmó.
Schaar lamentó que muchas de las ideas de Schaeuble ya habían tomado forma.
"Numerosas personas inocentes ya están bajo sospecha por utilizar Internet o teléfonos. El simple hecho de usar las telecomunicaciones basta para convertirme en un delincuente potencial", apuntó.
En la cumbre de junio, los jefes de Estado y de gobierno del G-8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia) se reunirán para discutir asuntos como comercio internacional, el recalentamiento planetario y la asistencia económica para África.
También participarán los jefes de gobierno de los cinco países con las mayores economías emergentes: Brasil, China, India, México y Sudáfrica.
Se espera que unos 100.000 activistas extranjeros y alemanes participen en manifestaciones en las zonas aledañas a Heiligendamm, en contra de lo que las organizaciones de izquierda llaman políticas neoliberales.
Las autoridades construyeron una valla de cemento y alambre de púas de 12 kilómetros, por 17 millones de dólares, alrededor del sitio donde se realizará la cumbre.
Habrá unos 16.000 policías y más de 1.100 soldados a cargo de la seguridad del cerco y de mantener a los manifestantes a varios kilómetros de la cumbre. Nueve buques de guerra patrullarán las aguas que bañan a Heiligendamm.
