El futuro tratado internacional para eliminar las bombas de fragmentación deberá prohibir a las entidades financieras invertir en la fabricación de estos armamentos, dijo a IPS Thomas Nash, coordinador de la no gubernamental Coalición contra las Municiones de Racimo (CMC, por sus siglas en inglés).
Según Nash, en el borrador del tratado que se discute en Lima hasta este viernes hay una referencia específica a la prohibición de todo financiamiento a los fabricantes de bombas de racimo.
"Bélgica no sólo ha prohibido la producción de bombas, sino que también ha puesto en vigor una ley en marzo que impide a sus bancos y financieras invertir en las compañías fabricantes. Todos los países deben imitar a Bélgica", dijo Nash en un foro de la sociedad civil paralelo a una conferencia intergubernamental celebrada este martes en Lima.
"Cortando el flujo de dinero a las fábricas de municiones de racimo, sin duda se va a desalentar la producción. La banca financiera internacional debe escuchar el clamor del mundo", añadió Nash.
Activistas y gobiernos discuten en Lima los mecanismos para terminar con ese tipo de armamento, luego del acuerdo al que llegaron en febrero 46 países en Oslo para finiquitar en 2008 un tratado global que prohíba las municiones de racimo esparcidas en zonas en las que viven más de 400 millones de personas, según datos de la organización Handicap International.
[related_articles]
Al menos 30 gobiernos se sumaron en Lima al compromiso de Oslo, dijo Nash a IPS. De esas nuevas naciones, una decena son productoras de bombas de racimo, entre ellas Alemania, Argentina, Canadá, Chile, España, Francia, Gran Bretaña e Italia. Otro país fabricante, Brasil, se excusó de presentarse en Lima.
Estos explosivos se forman con decenas o cientos de municiones contenidas en obuses, bombas o cohetes de una imprecisión inaceptable, afirman sus críticos.
Lanzadas desde aviones, tierra o agua, estallan y dispersan las submuniciones sobre superficies muy amplias. Entre cinco y 30 por ciento no llegan a explotar de inmediato, y quedan dispersas en el suelo o enterradas y pueden ser detonadas al menor contacto.
Los seis mayores fabricantes de estas armas (Lockheed Martin, EADS, Thales, GenCorp, Textron y Raytheon), obtuvieron unos 12.600 millones de dólares de seis grupos financieros entre 2004 y 2007, de acuerdo con la organización no gubernamental belga Netwerk Vlaanderen.
Según el informe "Inversiones explosivas: Las instituciones que financian las bombas de racimo", elaborado por Netwerk Vlaanderen, 68 financieras y bancos internacionales destinan fondos a esta "industria de la muerte".
La estadounidense Textron, cuyas bombas CBU-105 fueron utilizadas por el ejército estadounidense en Iraq, recibió en 2005 créditos por 1.250 millones de dólares reunidos por Citigroup y JPMorgan Chase. Estas dos compañías financieras aportaron 120 millones cada una, y les siguieron, con 90 millones de dólares por cabeza, Bank of America, el británico Barclays, el alemán Deutsche Bank y el suizo UBS, entre otros.
En marzo de 2003, fuerzas estadounidenses atacaron con bombas de racimo la localidad iraquí de Hilla, matando a 38 civiles e hiriendo a otros 156, afirma el informe.
A pesar de que la guerra de Vietnam acabó hace más de 30 años, los efectos de las bombas de racimo todavía causan graves daños a la población civil de ese país. De acuerdo con la CMC, 34 países continúan produciendo los explosivos, otros 25 los han usado en varios conflictos y 75 almacenan cantidades que representan una amenaza para la humanidad.
"Noventa y ocho por ciento de las víctimas no son combatientes sino civiles. Al momento se han registrado 13.306 fallecidos, en su gran mayoría pobres y menores de 18 años", explicó la representante de Handicap International, Anne Villeneuve. "Los que se dedican a fabricarlas saben que están entregados a una industria de la muerte".
La estadounidense Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997 por promover la campaña internacional que culminó ese año con un tratado para eliminar las minas antipersonal, estuvo en Lima para llevar el mensaje de adhesión de otras cinco galardonadas, la guatemalteca Rigoberta Menchú, la iraní Shirin Ebadi, las irlandesas Betty Williams y Mairead Corrigan y la keniata Wangari Maathai.
La declaración conjunta señala que "el control de armas y el desarme no son asuntos esotéricos para dominio de unos cuantos expertos que suelen negociar a puertas cerradas, ya que no se trata únicamente de temas militares, sino que comprende una perspectiva humanitaria".
"Los racimos de la muerte" plantean un problema más grave que las minas antipersonal porque su efecto es más letal", señaló Jody Williams. "Por eso, entiendo que los organismos que financian las actividades de las fábricas son tan responsables como estas de las consecuencias mortales de los explosivos", agregó.
"No sólo es peligrosa la producción, sino también el almacenamiento. Calculamos que sólo Estados Unidos cuenta con millones de esas bombas, listas para ser usadas en cualquier momento", añadió.
Desde 1999, las zonas que más bombas de racimo han recibido son Afganistán, Iraq, la provincia autónoma serbia de Kosovo y Líbano, y, en todos los casos, las principales víctimas son civiles, dijo Villeneuve.
"La Convención de Ottawa (Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal) suponía cortar de facto la inversión de las fábricas. Pero parece que eso no sucede así, porque hay bancos que invierten en las empresas fabricantes, aunque pertenecen a países que han prohibido las minas", señaló Villeneuve.
"Por eso, el tratado sobre las bombas de racimo debe mencionar explícitamente la prohibición de invertir en los productores de esos explosivos", sostuvo. "Hemos logrado tener un mundo prácticamente sin minas terrestres, ahora buscamos limpiar al mundo de las bombas de racimo. Y ese no es un sueño imposible", dijo Nash.
