La consultora de Unicef, Oriana Zanzi, califico de grave el endurecimiento de las sentencias a aplicar en Chile a los infractores de la ley que tengan 16 o 17 años a partir del 8 de junio, cuando entre en vigor la nueva ley penal juvenil.
El cambio realizado a último minuto a la ley sobre responsabilidad penal juvenil "vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño", ratificada por Chile en 1990, declaró este miércoles Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
La referencia de esta agencia especializada es a la fórmula aprobada en la víspera en el Congreso legislativo, que establece que las personas de 16 y 17 años con sentencias mayores a cinco años deberán permanecer obligatoriamente dos años privados de su libertad.
Esta pena se aplicará a jóvenes imputados de delitos graves, como homicidio, al igual que a aquellos procesados por robos reiterados, que pueden no haber violentado a las personas, advirtió Zanzi ante IPS.
Esta iniciativa fue presentada por el senador Hernán Larraín, de la opositora y derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), mientras se discutía el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para su discusión inmediata, que intentaba realizar ajustes al sistema antes de que comience a regir en tres semanas más.
Las modificaciones propuestas por el gobierno recogían las sugerencias planteadas el 3 de abril por el Comité de Expertos que hace el seguimiento de la implementación de la nueva justicia, entidad constituida por ley cuando se aplazó su puesta en marcha, programada inicialmente para el 8 de junio de 2006.
La propuesta precisó aspectos relacionados con la determinación de las penas a aplicar por los jueces, la fijación de criterios más específicos para definir la internación provisoria de los adolescentes imputados, el establecimiento de tiempos y condiciones para la flagrancia, y la flexibilización y ampliación de la cobertura de los centros semi-cerrados.
"Unicef apoyó esas indicaciones porque ayudaban a aclarar la aplicación de la ley", indicó Zanzi.
En este marco, el senador Larraín propuso endurecer las penas, lo cual fue aprobado con los votos de los parlamentos de la oposición derechista y del cogobernante Partido Radical Social Demócrata (PRSD), lo cual causó la indignación de otros legisladores oficialistas. Es que el propio ministro de Justicia, Carlos Maldonado, pertenece a las filas radicales.
La Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes que infrinjan la ley penal, fue promulgada en noviembre de 2005 por el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) para reemplazar el mecanismo que permite juzgar como adultos a jóvenes de 16 y 17 años si las autoridades determinan que tienen discernimiento para entender la falta cometida.
El nuevo procedimiento penal rige para los adolescentes que al momento de cometer un delito sean mayores de 14 años y menores de 18.
Entre los 14 y los 16 años podrán recibir una pena máxima de cinco años de reclusión en centros cerrados o semicerrados, donde serán sometidos a programas de reinserción social. Para los mayores de esa edad, la condena puede llegar hasta los 10 años.
La ley indicaba originalmente que las penas de privación de libertad debían aplicarse siempre como último recurso, lo cual se modificó con la iniciativa de Larraín aprobada el martes.
Otras sanciones previstas por la ley son la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación del daño causado. También se pondrá a disposición de los jóvenes que lo necesiten tratamientos contra la drogadicción.
Zanzi explicó que "desde hace años Unicef venía apoyando el nuevo sistema, en el entendido que respetaba la Convención sobre los Derechos del Niño", ratificada por Chile en 1990.
A juicio de la experta, "la sanción aplicada a los jóvenes infractores de la ley debe estar armonizada por la reinserción social y la convivencia social". Pero el endurecimiento de las penas "va a perturbar el logro de ese propósito", puntualizó.
Agregó que algunas de las consecuencias que puede tener esta disposición son el aumento del "hacinamiento en centro de reclusión, la represión y las medidas de contención", lo cual perjudicará el proceso de rehabilitación de los jóvenes.
Para lograr esto último, se requiere "trabajo personalizado, que involucre a la familia, y que reinserte a los jóvenes en el medio escolar y laboral", sostuvo Zanzi, quien aseguró que Unicef seguirá de cerca la implementación de la nueva justicia penal juvenil.
"El Comité de Expertos escribió una carta pública donde rechaza la medida, principalmente porque puede influir en la estimación de la demanda del sistema, pero ésta no fue firmada por dos de sus integrantes, entre ellos yo", dijo a IPS el abogado del Instituto Libertad, ligado a la oposición derechista, Rafael Marambio.
"Yo creo que por la vía de endurecer las penas se da un señal a la ciudadanía de que los parlamentarios están preocupados por la seguridad ciudadana", explicó el profesional.
"Si tomamos todas las consideraciones de Unicef, resultaría mejor abolir las penas de cárcel para los jóvenes infractores", arguyó.
El Congreso legislativo también rechazó una indicación presentada por diputados de la gobernante Concertación por la Democracia, que solicitaba postergar nuevamente la implementación del sistema.
Esto también es exigido por los trabajadores de un centro del gubernamental Servicio Nacional de Menores (Sename), ubicado en la ciudad de Coronel, octava región del Bío-Bío, quienes se encuentran movilizados hace una semana.
El Sename es el organismo encargado de administrar las sanciones de la nueva justicia penal juvenil.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), Alicia del Basto, dijo a IPS que "todavía no está todo listo" y que ellos apoyan la puesta en marcha del sistema "sólo si el gobierno pone más recursos" para su implementación y para el aumento de sus remuneraciones.
Para resolver ambos aspectos, la Afuse está participando en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia. "Estamos en alerta hasta el 24 de mayo, día en que el ministro nos dará su propuesta. Recién ahí decidiremos" un eventual paro de funciones, indicó.
El ministro Maldonado dijo este miércoles que el sistema "va a partir con las condiciones básicas" y que "lo óptimo lo vamos a alcanzar en el mediano plazo". Hace un año, el Poder Ejecutivo decidió postergar su puesta en marcha por considerar que aún se carecía de la infraestructura y la capacitación requerida.
