«Me fui porque era insoportable, esos narcos nos tenían amenazados y ahora no sé si regresaré. No quiero que me maten», dice con angustia un campesino del estado de Michoacán afincado desde noviembre en la capital mexicana.
"No diga mi nombre por favor, no vaya a ser que esos canijos (desgraciados) me encuentren aquí. Son malos", alertó en entrevista con IPS.
Este campesino originario del sudoeste del país es uno, quizá entre cientos ya, de los desplazados de sus hogares por la creciente violencia atribuida al narcotráfico. Se trata de un fenómeno que apenas estaría manifestándose.
La guerra que libran militares, policías y narcotraficantes en México dejó desde enero un saldo histórico de más de 1.000 muertos. También medio centenar de denuncias contra uniformados por violaciones de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, golpes y cateos injustificados.
Si los militares no están preparados para luchar contra el narcotráfico y al mismo tiempo respetar los derechos humanos, mejor que regresen a los cuarteles, dijo este martes el presidente de la estatal, pero independiente, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
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El funcionario indicó haber recibido 52 quejas contra uniformados destinados al combate contra el tráfico de drogas. Entre ellos, hay un caso de presunta violación sexual contra una joven de 17 años, y varias por detenciones arbitrarias.
No existen datos sobre las personas desplazadas, pero según algunos observadores habría ya cientos. Además, el fenómeno se puede confundir con los procesos de abandono del campo a la ciudad o con la constante emigración a Estados Unidos.
"No dudo de que haya muchísimos desplazados por la violencia del narcotráfico. Pero que no se use como un argumento más para justificar la militarización del país y la cadena de violaciones que esto conlleva", señaló a IPS el director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fabián Sánchez.
"El gobierno usará cualquier argumento para decir que esta militarización se vale y que es lo que quiere y necesita la gente, cuando en los hechos lo que está pasando es que hay zonas de ocupación militar donde los derechos humanos dejaron de existir, pues se hacen detenciones y cateos sin orden judicial", denunció Sánchez.
Las mafias han respondido con una agresividad inusual a la orden dada por el presidente Felipe Calderón de que se desplazaran miles de soldados por diversos estados del país con el propósito de recuperar territorios arrebatados por el narcotráfico y frenar la violencia,
El conservador Calderón apeló a las Fuerzas Armadas, un mes después de asumir la presidencia de México en diciembre, en base a lo que establece la Constitución ante problemas graves de seguridad interior y a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de marzo de 1996, cuando estableció jurisprudencia al indicar que los militares podían actuar en apoyo de la policía.
En el marco de la guerra del narcotráfico, un grupo armado ejecutó el lunes en la capital de México a José Nemesio, responsable del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Se trata del más alto mando policial asesinado desde que Calderón llegó al gobierno.
El funcionario muerto era un experto en labores de inteligencia y no estaba vinculado a acciones operativas. Su caso se suma a docenas de policías y miembros de las Fuerzas Armadas que han sido ejecutados por delincuentes.
"El narcotráfico ha retado al Estado a niveles intolerables, así que la única respuesta posible era usar una fuerza equivalente a su poder de ataque, que son las Fuerzas Armadas", declaró a IPS Guillermo Garduño, experto en seguridad y Fuerzas Armadas de la Universidad Autónoma de México.
Garduño asegura que hay muchos desplazados por amenazas del narcotráfico y se queja de que eso no aparece en la prensa. El fenómeno indica que hay territorios arrebatados al Estado, lo cual requiere una intervención decidida del gobierno, justificó.
El campesino entrevistado por IPS vivió desde niño en Michoacán, donde 143 personas murieron en lo que va de este año en acciones vinculadas al narcotráfico. Ahora, junto a su esposa y luego de vender su tierra menos de 15 hectáreas— trabaja en la capital y pide no revelar en qué ni dónde.
"Andaban por ahí en el campo todos armados, muchos jovencitos, pero bien agresivos. Nos decían que con la siembra (de marihuana) nos darían buena lana (dinero), pero que, si no le entrábamos, debíamos aguantarnos las consecuencias. Estuvieron amenaza que amenaza, así que mejor nos salimos", indicó.
Calderón sostuvo que se libra una guerra contra el narcotráficos que será "será larga y dolorosa", y llama a la unidad nacional para afrontarla.
Pero opositores, organizaciones humanitarias y expertos responden que no puede haber unidad nacional frente a una estrategia que señalan equivocada, pues a su entender no pone acento en labores de inteligencia y abusa de las Fuerzas Armadas, cuando es la policía la que debería estar al mando.
Denise Dresser, politóloga y académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México, cree que algunos dirigentes políticos que critican la estrategia de Calderón lo único que buscan es sacar provecho y golpear al gobierno.
Alienta que la lucha contra el narcotráfico no se transforme además en una batalla política.
Sin embargo, Sánchez opinó que la sociedad y los políticos "no pueden quedarse con los brazos cruzados cuando el gobierno sólo apuesta a la fuerza y usa a los militares".
"El problema es que no se está haciendo nada por mejorar la institucionalidad de las policías, por limpiarlas para que sean ellas las que luchen contra el narcotráfico, para hacer reformas en materia de justicia y mejorar la situación social de millones de personas", agregó el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
El gobierno de Calderón afirma que trabaja en todos esos frentes, pero argumenta en su defensa que muchos de ellos tomarán más tiempo. Mientras entiende que no se puede renunciar al control de territorios ni ceder espacios y peor negociar con las mafias.
Con ese argumento, creó por decreto el 9 de mayo un nuevo grupo de seguridad. Se trata del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, integrado por 3.500 militares de elite que serán capacitados para el "manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública", según reza el decreto.
Los narcotraficantes mexicanos, que actúan en coordinación con colegas colombianos y de otros países productores de drogas, son responsables del transporte de gran parte de los estupefacientes consumidos en Estados Unidos, el principal mercado mundial.
Los observadores ven en la violencia mexicana de los últimos años el reflejo de una guerra interna por el control de las rutas de acceso a Estados Unidos, pero también por los mercados locales, cada vez más demandantes.
"Con su estrategia equivocada, Calderón está comprometiendo y arriesgando a la sociedad, que ahora debe cuidarse no sólo de los narcotraficantes, sino también de los militares que pueden detener a cualquiera persona sin ninguna orden y violar sus derechos", advirtió el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
