Dos reclutas que intentaron secuestrar un avión en Cuba para viajar a Estados Unidos se encuentran heridos y en espera de ser juzgados, dijo este martes el líder cubano Fidel Castro, quien acusó a Estados Unidos de estimular la emigración ilegal.
"Hace falta una gran dosis de serenidad y sangre fría para enfrentar tales problemas", afirmó Castro, de 80 años, en un artículo publicado en la portada del diario oficial Granma, el quinto que escribe en el último bimestre. De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, conocidas la semana pasada, tres soldados del Servicio Militar Activo huyeron armados de una unidad castrense el 29 de abril, luego de dar muerte al también recluta Yoendris Gutiérrez y de herir a otro "combatiente" cuyo nombre no se divulgó.
De los tres fugados, uno fue arrestado y "reveló que el propósito era abandonar el país de forma ilegal". Los otros dos secuestraron un ómnibus de transporte urbano con varios pasajeros e irrumpieron en la terminal de vuelos nacionales del aeropuerto internacional de La Habana. En la terminal aérea, "los asesinos dieron muerte con cuatro disparos a uno de los rehenes, el teniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR),Víctor Ibo Acuña Velásquez, quien opuso resistencia pese a estar desarmado", señaló un comunicado del Ministerio del Interior del jueves 3.
La policía había hecho circular unos días antes las fotografías de los tres reclutas fugados, a quienes identificó como Yoan Torres Martínez, de 21 años, Alain Forbus Lameru, de 19 años, y Leandro Cerezo Sirut, también de 19 años.
Consultados por IPS, sectores opositores que citaron fuentes familiares señalaron a Forbus Lameru como el primero de los encarcelados, lo que indicaría que Cerezo Sirut y Torres Martínez son los acusados de los sucesos del aeropuerto. La nota del Ministerio del Interior se abstuvo de precisar nombres.
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En este aspecto, el artículo de Castro se extendió en detalles nuevos del caso, que vinculó además con la excarcelación otorgada en abril por la justicia de Estados Unidos al anticastrista autor de acciones terroristas Luis Posada Carriles, de origen cubano y nacionalizado venezolano.
"Los autores no han sido juzgados todavía, porque en el transcurso de los hechos ambos resultaron heridos, uno de ellos por los disparos que hizo el otro dentro del avión", indicó el mandatario cubano. La precisión permite prever que los soldados desertores tendrían un juicio diferente al llevado a cabo en 2003 contra los fallidos secuestradores de una embarcación, que concluyó con la aplicación de la pena de muerte a tres de los involucrados.
Observadores hicieron notar que Castro se refirió a los soldados como a "dos personas jóvenes" que cometieron los delitos "aspirando a disfrutar del consumismo en Estados Unidos". El reporte oficial inicial del Ministerio del Interior los llamaba "delincuentes" y "asesinos".
"Ahora muchas personas en el exterior esperan la reacción de los Tribunales y el Consejo de Estado ante un pueblo profundamente indignado con los acontecimientos", comentó Castro, en previsión de una reacción internacional similar a la que despertó aquel caso.
En su opinión, "la impunidad y los beneficios materiales con que se premia desde hace casi medio siglo toda acción violenta contra Cuba, estimula tales hechos. Hacía muchos meses no ocurría nada parecido".
El gobernante permanece alejado de la actividad pública desde fines de julio de 2006, cuando fue sometido a una compleja operación abdominal, pero desde comienzos de 2007 ha dado muestras de progresiva recuperación.
En abril de 2003, 11 personas armadas retuvieron una lancha repleta de pasajeros con intenciones de desviarla hacia Estados Unidos.
Las autoridades arrestaron al grupo y lo sometieron a "juicio sumarísimo", previsto en los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal. Tres de ellos, señalados como los "principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores" fueron sentenciados a la pena capital, ejecutada el 11 de abril de aquel año.
El incidente formó parte de una ola de secuestros de medios de transporte para ser desviados hacia Estados Unidos, en lo que el gobierno cubano denunció como "plan siniestro de provocaciones" tramado en ese país.
En esa ocasión, Castro argumentó que hubo que aplicar "sin vacilación alguna" las sentencias para cortar de manera radical una situación que ponía en juego la seguridad del país.
El castigo despertó una reacción adversa inclusive de personalidades afines a la Revolución Cubana. "Llegará el día en que podamos acceder a los deseos de todos aquellos amigos ( .) que nos aconsejan abolir esta pena", dijo Castro en una entrevista concedida el pasado año al periodista y editor español Ignacio Ramonet. Según el artículo 29 del Código Penal, la pena capital es de carácter excepcional y no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando embarazadas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia. No se practica en este país desde 2003.
Elizardo Sánchez, de la opositora Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, sin reconocimiento legal en este país, dijo a IPS que "técnicamente" los reclutas están expuestos a la sanción máxima.
Sánchez señaló la acusación de dos asesinatos, formulada en el comunicado oficial, y la posibilidad de que se les aplique la ley contra el terrorismo, por intentar secuestrar una aeronave.
