El nuevo escándalo en Brasil, que ya arrastró a un ministro y amenaza a tres gobernadores estaduales y a más de un centenar de parlamentarios y funcionarios, eleva la impresión de corrupción generalizada y de ineficacia de los muchos mecanismos de control estatal.
La dimisión del ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, sólo se confirmó en la noche del martes, tres días después de denuncias muy difundidas por la televisión de que habría recibido 100.000 reales (51.500 dólares) de sobornos de la constructora Gautama, el nuevo símbolo de la corrupción en este país.
El problema que crear su renuncia se debe al importante papel que cumplía en la coalición gobernante y al peso económico de la cartera, ya que los grandes proyectos energéticos son cruciales para asegurar los planes gubernamentales de crecimiento económico en los próximos años.
Rondeau representaba en el gabinete a los dos principales líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el senador José Sarney, quien presidió el país entre 1985 y 1990, y al actual presidente del Senado, Renán Calheiros. El PMDB, socio del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), asegura mayoría parlamentaria al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La secuencia de devastadores escándalos de corrupción desde inicios de los años 90 se intensificó a partir de 2005, cuando revelaciones de un ex diputado sobre sobornos de parlamentarios y recursos electorales ilegales desmanteló al primer gobierno de Lula (2003-2007) forzando la renuncia de sus más poderosos ministros y de los principales dirigentes del PT.
El semestre pasado, investigaciones de la Policía Federal pusieron al desnudo la "mafia de los sanguijuelas", con casi cien parlamentarios involucrados en el desvío de recursos públicos, a través de un sistema de distribución de ambulancias a las alcaldías del país.
Un subproducto de ese escándalo casi provoca la derrota electoral de Lula en los comicios de octubre, cuando dirigentes del PT intentaron adquirir de un empresario que dirigía la operación de las "sanguijuelas" un supuesto informes con pruebas de la corrupción de candidatos opositores.
Ahora se trata de fraudes en obras de la administración federal y de gobiernos estaduales, en las que la constructora Gautama habría obtenido ganancias adicionales por sobrefacturación, ofreciendo a cambio sobornos a las autoridades involucradas.
El caso estalló también por acción de la Policía Federal, subordinada al Ministerio de Justicia, que desató el 17 de mayo la "Operación Navaja", deteniendo a 48 personas, entre ellas el ex gobernador del nororiental estado de Maranhão, Jose Reinaldo Tavares, quien fue ministro de Transportes en los años 80.
También fueron presos ex diputados, alcaldes y colaboradores cercanos de varios gobernantes, como dos asesores especiales del ex ministro Rondeau, presuntos negociadores y receptores de las "propinas", además de sobrinos del actual gobernador de Maranhão, Jackson Lago.
Éste último era uno de los blancos de la policía, pero la justicia negó la autorización para apresarlo. Otro gobernador, Teotônio Vilela Filho, del también nordestino estado de Alagoas, está amenazado por las investigaciones, pues cinco de sus colaboradores directos han sido detenidos.
Escuchas telefónicas, vídeos, documentos incautados en la empresa Gautama y otras pruebas acumuladas durante meses sirvieron de base a la operación sorpresiva y a las detenciones practicadas por la Policía Federal. Más de mitad de los detenidos ya fueron liberados, después de ser interrogados por la jueza encargada del caso, Eliana Calmon, del Tribunal Superior de Justicia.
En el Congreso legislativo reina el temor de que aparezcan más involucrados, ya que se habla de una lista de decenas de parlamentarios que habrían recibido "regalos" de Gautama. Nueve partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen integrantes ya presos o acusados de complicidad con la "mafia de las obras", como se la llama.
La reiteración de grandes escándalos indica que los actores de la corrupción "actúan con amplia desenvoltura", confiados en la impunidad, pese a los numerosos políticos inhabilitados en los últimos años, dijo a IPS Eliana Graça, asesora en política fiscal y presupuestaria del no gubernamental Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), con sede en Brasilia y dedicado a monitorear las cuentas públicas.
La única solución es el "control social" de las actividades y gastos del Estado, que es "muy autoritario, apartado de la sociedad y concentrador de poderes", sostuvo Graça, recordando que los muchos mecanismos de fiscalización estatal, como la Fiscalía, los Tribunales de Cuentas y el Consejo de Control de Actividades Financieras, creado en la década pasada, no impiden que se acumulen los fraudes.
Ya hay varias organizaciones como Inesc que tratan de monitorear las cuentas públicas, pero el gobierno les impide el acceso a la información, se quejó. Hay, por ejemplo, un sistema de informaciones financieras del Estado que debería estar abierto a la sociedad, pero está restringido a quienes tienen un permiso especial, como los parlamentarios, ejemplificó.
Encuestas indican que la mayoría de la población tolera ciertos actos de corrupción y beneficios indebidos en servicios estatales, pero la sociedad organizada puede actuar para contener la corrupción, confía Graça.
En su opinión, al menos "disminuyó la impunidad" en relación a la época de la dictadura militar (1964-1985), y eso se refleja en las sucesivas revelaciones y operaciones policiales. Pero es necesario crear otros mecanismos efectivos de control, porque depender de la policía "agrava la concentración de poder", concluyó.
