Una actitud de transparencia inédita asumió la Suprema Corte de Justicia de México para deliberar si es constitucional o no una ley sobre medios de comunicación aprobada el año pasado bajo la presión de las poderosas empresas Televisa y TV Azteca.
En su página de Internet, el alto tribunal colocó sin restricción de acceso el proyecto de resolución que discutirá a partir del 21 de este mes y en el que se concluye que la normativa, que favorece a esas televisoras y a un puñado de empresarios, "propicia fenómenos de concentración que contrarían el interés público".
Es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia difunde sin restricciones un proyecto de sentencia aún no debatido.
Además, los magistrados decidieron concentrarse en el análisis del tema y suspender cualquier otra discusión e invitar a especialistas para que hablen sobre los aspectos técnicos de la ley. Todo el proceso de deliberaciones será transmitido en vivo por el canal de televisión del Poder Judicial.
"Con la transparencia, la Corte se ha vacunado contra la previsible presión de las televisoras. Lo que ha hecho es histórico y evita que surja cualquier arreglo oscuro o sospecha de acuerdos bajo la mesa", dijo a IPS el experto en medios de comunicación Néstor Cortés.
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"En esta discusión se verá hasta qué punto las instituciones harán frente al poder fáctico de los medios", opinó Cortés.
En México, siete de cada 10 televidentes ven canales del consorcio Televisa, mientras dos ven a los del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales.
La ley Federal de Radio y Televisión fue aprobada en marzo de 2006 en medio de las campañas hacia las elecciones presidenciales de julio y bajo una abierta presión de las dos cadenas de televisión dominantes. Se sabe, por diversos testimonios de legisladores, que parte de la normativa fue redactada en las oficinas de esos medios.
La norma permite a las firmas que ya manejan estaciones de radio y televisión ofrecer canales digitales adicionales e incursionar en servicios de telecomunicaciones sin pasar por una licitación y sin pagar nada adicional al Estado. Además, deja a criterio del gobierno otorgar nuevas concesiones del espectro radioeléctrico y estipula que las que se liciten ganará.
La mayoría de frecuencias a estos medios fueron entregadas por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder de 1929 a 2000, sin concurso ni licitación de por medio.
Hasta comienzos de los años 90, estas televisoras y radiodifusoras fueron sumisas a los gobiernos y varios de sus dueños eran miembros del partido oficial.
Durante la presidencia del conservador Vicente Fox, (2000-2006), correligionario del actual mandatario Felipe Calderón, las dos principales cadenas de televisión trataron con tersura al gobierno y recibieron apoyos oficiales.
Así, Fox entregó en febrero de 2005 a Televisa, a través de su filial Apuestas Internacionales, 130 permisos para instalar el mismo número de salas de juego y operarlas hasta 2045.
Además, se les perdonó pagos de impuestos a cambio de la transmisión de propaganda oficial.
Según la revista Forbes, que enlista cada año a los hombres y mujeres más ricos del planeta, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca elevó su fortuna durante el gobierno de Fox de 1.400 millones de dólares a 4.600 millones.
En el mismo período, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, lo multiplicó de 1.500 millones a 2.100 millones de dólares.
Para Sergio Aguayo, columnista del diario Reforma y académico del Colegio de México, la actitud de los magistrados frente a lo que será su debate "es una muestra de seguridad en sí mismos, es la mejor forma de blindar su autonomía".
Las cadenas televisivas han ignorado en sus espacios noticiosos los anuncios de la Corte sobre cómo acometerán el análisis de la norma, que fue impugnada hace un año por un grupo de legisladores de diversos partidos, incluido representantes del gobernante Acción Nacional.
TV Azteca abrió su noticiero de mayor audiencia, del jueves en la noche, con una dura crítica editorial a una resolución de la Corte que invalidó las facultades de legisladores para objetar los nombramientos que hace el presidente de los integrantes de la estatal Comisión Federal de Competencia.
"Se viene una interesante controversia entre las Corte y los poderes de la televisión, pero anticipo que los jueces no se dejarán amedrentar y por eso todas las medidas inusuales que han tomado", señaló Cortés, quien realiza consultorías privadas en materia de relaciones públicas.
La controvertida norma pasó el tamiz de la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, cuando todos los partidos políticos, incluida la oposición de izquierda, la aprobaron sin discusión y en una sesión que duró menos de siete minutos. Luego, en el Senado, fue refrendada, pero ya con muestras de rechazo y división entre las bancadas.
Cuando fueron consultados sobre el tema, el actual presidente Calderón y su principal contrincante, el líder izquierdista Andrés López Obrador, respondieron de forma evasiva.
"Es que estaba en juego la difusión de sus propaganda política en la televisión, por eso los candidatos rehuyeron debatir sobre la ley", sostuvo Cortés.
En su momento, observadores, portavoces de radios y televisión culturales y comunitarias y hasta algunos funcionarios del Estado y de la Organización de las Naciones Unidas pidieron a los legisladores rechazar o modificar la ley. Pero eso no sucedió.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia de México se apresta a debatir el tema y, según vaticinan observadores, todo apunta a que la declararán inconstitucional de forma total o en varios de sus tramos. El proyecto de sentencia que va en ese sentido fue elaborado por uno de sus ministros más conservadores, el juez Sergio Aguirre.
Además, legisladores de diversos partidos prometieron que cualquiera sea la resolución de la Corte, prepararán una nueva ley sobre radio y televisión que se ajuste a los requerimientos de mayor democratización en esas áreas.
