Durante la campaña electoral de 2006 que llevó al derechista Álvaro Uribe a su segunda presidencia fueron interceptadas las comunicaciones de su principal rival, el candidato de la izquierda Carlos Gaviria. El gobierno afirma estar «totalmente sorprendido».
Santos dijo que una fuente le demostró el origen de dichas grabaciones, que no tiene claro a quién le eran reportadas, pero sí "tengo clarísimo para quién no grababan. No grababan para el gobierno. Ni el presidente ni el ministro de la Defensa" estaban enterados, insistió.
Las interceptaciones fueron atribuidas por él a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol), que coopera estrechamente con los estadounidenses Buró Federal de Investigaciones (FBI) y Agencia Central de Inteligencia (CIA).
De inmediato fueron destituidos el director de la Dipol, general Guillermo Chávez, y su superior, el director general de la Policía, general Jorge Daniel Castro.
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En reemplazo de Castro fue nombrado el prestigioso brigadier general Óscar Naranjo, hasta ahora director de la Dirección de Investigación Criminal, hombre de confianza de Estados Unidos pero con fuertes enemigos dentro de la propia fuerza pública.
Dado que Naranjo tiene a otros nueve generales policiales por encima en la línea de mando, éstos renuncian. Según el diario El Nuevo Siglo, otros tres generales, comandantes regionales, también pedirían la dimisión, configurando así la más sonada crisis de la Policía en casi 60 años.
"No es una política, no es una directriz, no es una orden, que la verdad sirva para construir y no para destruir", para hacer justicia "y no para destruir la nación", lo contrario sería "una cacería de brujas", dijo Naranjo a los periodistas.
Pero el ministro Santos se quedó corto cuando se le preguntó por afirmaciones hechas por Uribe el 19 de abril, cuando reaccionó a la decisión del ex vicepresidente estadounidense Al Gore de no asistir a un foro en Miami pues allí estaría el presidente colombiano.
"Yo tengo pruebas, que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policial, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos, que dicen: ya nos tiramos (echamos a perder) el Tratado (de Libre Comercio) acusando a este tal por cual de Uribe", afirmó el presidente en una transmisión en cadena por todos los canales de televisión.
"Tengo pruebas específicas", repitió el mandatario en esa ocasión en una clara referencia a escuchas de conversaciones de opositores de su gobierno que han expresado en Washington argumentos contra la firma del acuerdo comercial entre los dos países.
Santos reafirmó que Uribe "recibió informaciones de inteligencia sobre la visita de un senador al exterior, sobre sus actividades en el exterior", pero el ministro no lo identificó.
A guisa de explicación, agregó que "en forma un poco rimbombante, muchas veces los servicios de inteligencia u otras agencias les llevan a sus superiores informaciones que son de prensa, que son de público conocimiento, como si fueran información de inteligencia".
"Qué está haciendo, o qué dijo el senador Fulano frente al Partido Demócrata en Estados Unidos, qué dijo el senador Zutano en una conferencia (siendo) casi todo información de prensa. No es de suponer que el gobierno colombiano o que las instituciones colombianas tienen la capacidad de interceptar comunicaciones en el exterior", agregó.
El ministro no pudo responder al periodista Félix de Bedout, de W Radio, que preguntó en qué medio de prensa había sido publicado un diálogo semejante entre dos opositores, citado por Uribe.
"A él le llegó la información como a cualquier persona" sobre "qué es lo que están diciendo en contra del gobierno ( ) eso es perfectamente claro y legítimo" y "no es ningún tipo de inteligencia ilegal", aunque matizó que no toda, sino "la mayor parte de la información" proviene de los medios.
Sobre las interceptaciones de las comunicaciones, "Santos dijo que eran unas ruedas sueltas que lo hicieron por su cuenta. No se hacen grabaciones para guardarlas en un archivo. ¿A quién se le estaba reportando esa información?", se preguntó Daniel García – Peña, secretario general del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), del cual el espiado Carlos Gaviria fue candidato presidencial.
Aunque de antemano se sabe que la propuesta naufragará por el dominio oficialista de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dirigentes del PDA están considerando hacer una acusación formal contra Uribe ante ese organismo, competente según la Constitución.
"El ministro Santos revela que efectivamente se cometió un delito, porque la interceptación ilegal es un delito. La afirmación que hace Uribe, de que tiene informes de inteligencia sobre opositores, es una confesión de que él sabía que ese delito se estaba cometiendo", dijo García-Peña a IPS.
Pero las escuchas telefónicas por las cuales se desbarrancó el generalato policial fueron otras.
Semana, la principal revista política de este país andino, publicó varias conversaciones telefónicas efectuadas entre febrero y abril por jefes paramilitares de segundo nivel que están presos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, cerca de la noroccidental ciudad de Medellín, y que negociaron con el gobierno su desmovilización.
Las transcripciones evidencian órdenes de asesinatos, ventas de cocaína, extorsiones y control de poblados y de sectores de esa capital del departamento de Antioquia por parte de los paramilitares, milicias ilegales de ultraderecha activas desde los años 80 en este país que lleva casi medio siglo en guerra civil.
Las grabaciones transcriptas muestran también la existencia de redes paramilitares activas y de modernos arsenales de reserva que ahora serían utilizados y que no fueron entregados durante las desmovilizaciones de unos 30.000 miembros (según cifras oficiales) muy publicitadas durante el primer mandato de Uribe (2002-2006).
El abandono de la delincuencia fue la condición principal que puso el gobierno para negociar con los paramilitares. Sobre las tan sólo 17.000 armas que fueron entregadas en ese entonces, se explicó que no todos los desmovilizados eran combatientes, sino que muchos formaban parte de redes de apoyo.
Respecto de esas grabaciones, el ministro Santos dijo que ordenó "cotejar unas voces", y si éstas involucran a paramilitares presos en Itagüí, "pierden su beneficio en forma automática", en referencia a la pena aliviada de ocho años de prisión como máximo para delitos atroces prevista para los desmovilizados.
Los máximos jefes ultraderechistas, varios de ellos narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos, negaron su participación en esas conversaciones y pusieron en duda la autenticidad de las grabaciones.
En Colombia las grabaciones no constituyen prueba judicial, a menos que otros hechos las corroboren.
La contrariedad gubernamental por el hecho mismo de la filtración, sin haber sido informado previamente, fue esgrimida también en plena campaña electoral, cuando la prensa publicó evidencias que implicaban a oficiales de inteligencia del ejército con atentados terroristas presuntamente concebidos para atribuirlos a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas en 1964 y archienemigas de los paramilitares.
La colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó una alerta que advierte que "el derecho a disentir y opinar es piedra angular de la libertad de expresión y ésta, a su vez, es la base de la democracia", y pidió "resultados concretos" y "claridad" sobre quiénes y por qué están siendo objeto de espionaje.
"Estamos muy preocupados", pues "el miedo a la vigilancia puede tener un efecto negativo para la prensa colombiana, que trabaja ya en un ambiente de autocensura generalizada", dijo el director del Comité para la Protección de los Periodistas, Joel Simon, con sede en Nueva York.
