Acusados de racismo y de interferir con decisiones del presidente izquierdista Evo Morales, cuatro miembros del Tribunal Constitucional de Bolivia serán enjuiciados por haber destituido a otros tantos magistrados interinos de la Corte Suprema designados por el actual gobierno.
El ataque verbal del gobierno al Tribunal Constitucional llegó en una declaración del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien generalizó las acusaciones de "racista" y "colonialista" al conjunto del Poder Judicial.
La demanda de juicio de responsabilidades presentada por Morales al presidente del Congreso legislativo y vicepresidente Álvaro García Linera, es la primera arremetida gubernamental contra el Poder Judicial, poniendo en duda la conducta de jueces nombrados en gobiernos anteriores, mientras la oposición aparece convertida en defensora de la justicia.
Desde la restauración democrática de 1982, rigen en este país andino los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ejercen una fiscalización mutua, pero conservando su independencia institucional. El Tribunal Constitucional, creado en 1994, está integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, designados por dos tercios del Congreso por un periodo personal improrrogable de 10 años. Su misión es garantizar los derechos fundamentales de las personas, comprendidos en la Constitución. "Es una pelea por someter al Poder Judicial" al mandato del Ejecutivo, dijo a IPS el abogado constitucionalista y ex parlamentario Benjamín Miguel, quien interpreta el criterio generalizado de los juristas alineados en defensa de las instituciones de la justicia.
Pero el ex juez y ex candidato a la presidencia en las elecciones de 2002, Alberto Costa Obregón, fue más contundente y aseguró a IPS que "todos los gobiernos necesitan controlar al Poder Judicial para gozar de impunidad".
La escaramuza es consecuencia de una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional por el ex militante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y ahora senador del derechista Poder Democrático y Social (Podemos), Luis Vásquez, y su par y correligionario, el empresario cruceño Oscar Ortiz, contra el decreto presidencial del 30 de diciembre de 2006, que designó a cuatro abogados de tendencia oficialista para cubrir acefalías de la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno nombró a los cuatro magistrados durante el período de receso del Congreso, facultado para designar a los titulares de la Corte Suprema de una lista de postulantes.
El argumento de la administración fue la necesidad de agilizar los procesos judiciales pendientes, entre ellos el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la represión ejercida en octubre de 2003 contra una revuelta popular, que dejó 67 muertos y a la postre terminó con su mandato.
Ante la demanda, cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional reconocieron en un fallo del 9 de mayo la atribución presidencial de designar autoridades de manera transitoria y para cubrir acefalías, pero dispusieron el cese de los cuatro jueces por haber vencido sus 90 días de interinato.
Morales solicitó una modificación del dictamen para permitir que los cuatro magistrados interinos permanecieran activos hasta que el Congreso eligiera a los titulares, pero el Tribunal Constitucional rechazó el recurso con un lacónico "no ha lugar".
Los tribunos tienen la facultad de reconocer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una actuación, pero no pueden suspender a los miembros de la Corte Suprema, "lo que demuestra que el Tribunal toma decisiones políticas y no jurídicas", alegó Morales.
Los delitos por los cuales se juzgará a los magistrados del Tribunal Constitucional son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y prevaricato.
Por el primer y segundo delito, la pena máxima es de dos años de prisión, mientras que el prevaricato es sancionado con penas de dos a cuatro años de cárcel, pero con agravantes la sanción podría ascender hasta ocho años de privación de libertad, según el Código Penal.
El procedimiento establece que la Cámara de Diputados reciba la demanda y la derive a la Comisión de Constitución, que a su vez delega la tarea de investigar los delitos al Comité del Ministerio Público y Policía Judicial, que tiene un plazo de 90 días para emitir un informe recomendando el procesamiento de los magistrados o el archivo del caso sin cargos.
En caso de imputación, la Comisión de Constitución presentará el informe al pleno de la cámara baja que votará, en presencia de los acusados, a favor o en contra de un juicio de responsabilidades. Para habilitar el proceso se requiere mayoría absoluta de 62 votos, de un total de 130 diputados. El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con 72 escaños en el cuerpo.
Una votación mayoritaria por el juicio de responsabilidades determinará la inmediata suspensión de los cuatro magistrados y la elevación del caso al Senado, que actuará como tribunal de sentencia.
En la cámara alta, el MAS sólo cuenta con 12 senadores, y la mayoría corresponde al bloque del derechista Podemos, con 13, a los cuales se suma uno de Unidad Nacional y otro del Movimiento Nacionalista Revolucionario, totalizando 15 escaños opositores.
"El gobierno no tiene los dos tercios para condenar a los magistrados del Tribunal Constitucional y por lo tanto el juicio no funcionará", sentenció el constitucionalista Miguel.
Aunque el proceso iniciado podría quedar entorpecido, detrás de la demanda de Morales existe una campaña para transformar a la justicia. La representación del MAS en la Asamblea Constituyente interpretó ese criterio al proponer la supresión del Tribunal Constitucional en el diseño de la nueva constitución.
En esa corriente, el ministro Juan Ramón Quintana se basó en encuestas independientes para afirmar que 80 por ciento de la población reprocha el trabajo del Poder Judicial, y calificó a sus miembros de conformar un "aparato colonial" con un "profundo racismo y desprecio" por los litigantes.
"Esta crisis debe servir para que los ciudadanos se pronuncien contra este poder", dijo Quintana en un llamado a modificar la composición de los tribunales dirigidos por jueces elegidos en gobiernos anteriores.
"Al gobierno no le agradó el fallo del Tribunal" y por ello libra una guerra contra él, alegó Miguel.
La decana del Tribunal Constitucional, Martha Rojas, advirtió que las amenazas del gobierno ponen en grave peligro el Estado de derecho, la democracia y la seguridad jurídica.
El jueves, el pleno del Congreso bicameral comenzó a deliberar para elegir a los cuatro miembros titulares de la Corte Suprema y a un nuevo fiscal general, con la promesa de García Linera de un trámite transparente y libre de concertaciones políticas, en franco rechazo a la forma de designación de anteriores gobiernos.
Un total de 179 postulantes aspiran a la Corte Suprema y 16 abogados desean optar por la Fiscalía General, pero en una primera ronda, la mayoría oficialista de 84 legisladores votó por los cuatro magistrados interinos cuestionados por el Tribunal Constitucional, contradiciendo el anuncio de transparencia.
Las nuevas autoridades deben ser elegidas por dos tercios del pleno del Congreso, esto es 105 de los 157 legisladores, y para ello el MAS necesita convencer a 21 parlamentarios opositores en la próxima sesión prevista para el 29 de este mes.
