Activistas, abogados, periodistas y dirigentes opositores de Zimbabwe acusaron este miércoles ante la ONU al régimen de Robert Mugabe por el recrudecimiento de la represión desde el mes pasado.
"Policía antimotines nos ordenaron dejar nuestros teléfonos celulares en el piso y entonces comenzaron a golpearnos", dijo a la prensa la subsecretaria de Relaciones Internacionales del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), Grace Kwinjeh.
La dirigente se refería a la represión de la jornada de oración convocada por la Alianza Cristiana, una coalición de iglesias de Zimbabwe, el 11 de marzo.
"Apuntaban específicamente contra algunas personas. Los llamaban por el nombre", agregó Kwinjeh, entre ellos al líder de su partido. "'Morgan Tsvangirai, ¿cómo estás?', preguntaron antes de comenzar a golpearlo
Setenta y dos horas después, la Corte Suprema ordenó la liberación de los activistas o que fueran acusados por las autoridades. Un manifestante murió por los disparos recibidos. Pero desde entonces fueron secuestrados 600 opositores más, aseguró Kwinjeh.
El ataque de la policía es parte de una campaña represiva del gobierno de Robert Mugabe contra sus críticos, que gana impulso al mismo ritmo que las dificultades económicas.
El gobierno prohibió los actos y manifestaciones en Harare, y Mugabe permitió a la policía usar la fuerza contra los opositores que participen en ellos.
El líder de 83 años, en el poder desde 1980, felicitó a la policía por reprimir las "tendencias criminales" del MDC en el Día de la Independencia la semana pasada.
La Asociación de Médicos por los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la creciente cantidad de activistas tratados por heridas infligidas por la policía.
La semana pasada, el régimen expulsó del país a la estadounidense Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) e impuso restricciones a las organizaciones no gubernamentales que operan en Zimbabwe, lo cual obstaculiza aun más el ingreso de ayuda humanitaria.
Los zimbabwenses luchan por la subsistencia en un país donde la inflación supera 2.000 por ciento anual, el desempleo es generalizado y los alimentos y otros productos básicos escasean, lo cual es atribuido por la mayoría de los observadores a los malos manejos del gobierno.
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (ECA) indicó en su último informe que Zimbabwe fue el único país donde se registró un crecimiento negativo en 2006.
"Tratamos de reunirnos con tantas delegaciones como nos sea posible mientras estemos en Nueva York", dijo el director de Abogados de Zimbabwe por los Derechos Humanos, Otto Saki.
Hasta ahora, acordaron reuniones con las representaciones de Senegal y Ruanda.
Al ser consultado sobre la posibilidad de reuniones con delegados de China y Sudáfrica, países que han apoyado a Mugabe en los foros internacionales, Saki dijo a IPS: "No han estado disponibles."
La Unión Europea impuso sanciones a Zimbabwe en 2002, y Estados Unidos en 2003, en respuesta a violaciones de derechos humanos y acusaciones de fraude en las elecciones de 2000 y 2002.
Saki y Kwinjeh concentraron sus visitas en las delegaciones africanas, pues las sanciones europeas y estadounidenses debilitaron el respaldo dentro de la región.
La cumbre de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral reafirmó a fines de mayo la solidaridad de los 14 países con Mugabe. El bloque pidió el levantamiento de las sanciones.
Mugabe acusa a enemigos económicos de Zimbabwe en Occidente de socavar a su país en represalia por su controvertido programa de reforma agraria, por el que se confiscaron tierras de hacendados blancos que fueron distribuidas a miembros de la mayoría negra.
"Nuestras instituciones se han convertido en la mayor amenaza para los derechos humanos: la policía, las agencias que deberían custodiar la ley y el orden, los organismos de inteligencia se han dedicado a golpear, mutilar, matar, torturar y secuestrar", dijo Saki.
"La tortura continúa más allá del 11 de marzo", agregó Tawanda Mutasah, directora ejecutiva de Iniciativa Sociedad Abierta para África Austral, patrocinada por la organización estadounidense Open Society Institute.
Mutasah aplaudió las gestiones de presidentes africanos que comienzan a cuestionar al régimen de Mugabe, como John Agyekum Kufuor, de Ghana, Festus Mogae, y Levy Mwanawasa, de Zambia, quien comparó Zimbabwe con el Titanic.
Luego del arresto y los ataques contra altos dirigentes del MDC, el embajador de Gran Bretaña en la ONU, Emyr Jones Parry, pidió considerar la situación de Zimbabwe en el Consejo de Seguridad.
El embajador sudafricano, Kumisani Kumalo, en su carácter de presidente de turno del Consejo, dijo que no admitiría tal debate porque la crisis política y económica de Zimbabwe "no amenaza la paz y la seguridad internacionales".
Pero a fines de marzo accedió, reticentemente, a convocar una sesión para considerar la situación humanitaria en el país africano. (FIN/IPS/traen-mj/mjs/ld/af ip md hd gb ml/07)
