El político opositor venezolano Eduardo Lapi, ex gobernador del noroccidental estado de Yaracuy y acusado de corrupción, se escapó de la prisión donde estuvo 10 meses, poniendo en evidencia debilidades de la administración de justicia y del sistema carcelario de este país.
La evasión "está relacionada con fallas graves en los procedimientos de custodia y controles físicos que existen en todos los centros penitenciarios. Debemos arreciar los mecanismos de inteligencia y ser vigilantes del perfil de los funcionarios", dijo el ministro del Interior y Justicia, Pedro Carreño.
Lapi "es un procesado por corrupción que huye de forma cobarde e irresponsable, después que se le otorgaron garantías absolutas a su integridad física", agregó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Aissami.
La fuga, detectada el domingo, se perpetró durante la noche anterior en la cárcel de San Felipe, capital de Yaracuy, 200 kilómetros al noroeste de Caracas y donde el jueves grupos de presos se amotinaron, dispararon armas de fuego e incendiaron enseres al enfrentarse entre ellos, causando cuatro muertos y una decena de heridos.
Lapi ocupaba un área cercana a las oficinas de la prisión y distinta de la de los principales pabellones, junto a un sacerdote acusado de pederastia. Según autoridades locales, se escapó a través de una cañería para aire acondicionado, ganó la calle y abordó un automóvil que lo aguardaba en las inmediaciones del penal.
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Humberto Prado, del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo a IPS que las 30 cárceles que albergan a unos 19.500 presos "están en manos de la población reclusa, abandonadas por parte del Estado, y las declaraciones del Ministerio del Interior y Justicia simplemente tratan de eludir sus responsabilidades".
El año pasado, según Prado, hubo 44 fugas desde los penales, mientras que se evadieron 130 personas que cumplían medidas alternativas a la condena, y desde hospitales o instalaciones de tribunales se fugaron otras 30.
En los penales venezolanos "tenemos una guerra civil no declarada, pues en el año 2005 murieron 408 personas, en 2006 perecieron 412, y calculamos que en lo que va de 2007 hay unos 100 muertos y más de 300 heridos" en riñas y motines, dijo el activista.
Veintisiete personas son interrogadas en relación con el escape, 11 custodios civiles y 16 militares, y al menos 12 residencias en la zona han sido allanadas, incluidas la de la esposa del fugado, Janet de Lapi, y la de su abogado defensor, Alejandro Arzola, en una búsqueda que incluyó llamados al organismo internacional de policía Interpol.
El noroeste venezolano es vecino de las islas holandesas de Aruba, Curazao y Bonaire y del norte de Colombia. Además, según Arzola, "existen suficientes elementos de persecución política y denegación de justicia que no harían dudar a ninguna embajada u organismo internacional para concederle asilo, si Lapi lo solicitase".
Lapi recordó en una entrevista, hecha días atrás y publicada este lunes por el vespertino caraqueño Tal Cual, que en 10 meses de detención su caso pasó por seis jueces que, en ocho audiencias, le negaron el derecho a ser juzgado en libertad y, además, no le permitieron comparecer para informarse de los cargos en su contra.
"Casi un año después no he podido hablar a ningún tribunal. ¿Cómo se puede justificar que un ser humano, del rango o profesión que sea, no tenga en 10 meses la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa?", se quejó el ex gobernador.
Lapi, de 42 años de edad, fue gobernador de Yaracuy durante dos periodos consecutivos, entre 1998 y 2004, como líder del partido Convergencia, creado por el ex presidente Rafael Caldera (1969-1974 y 1994-1999) cuando en 1993 rompió con el socialcristiano Copei, que había fundado y dirigido desde 1946.
Desde 2002, Lapi integró a nombre de gobernadores de oposición la Mesa de Acuerdo que dirigió el entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos, César Gaviria, para desbloquear la crisis política que vivía Venezuela y que culminó en el referendo de agosto de 2004, cuyo resultado ratificó en su cargo al presidente Hugo Chávez.
El nuevo gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, correligionario de Chávez, acusó a Lapi ante los tribunales por contratación de obras sin licitación y desvío de recursos, cerca de cuatro millones de dólares, en la ampliación de una autopista.
Lapi aseveró que la obra estuvo a cargo de un instituto autónomo en materia de vialidad y que además sí se hizo la licitación, a diferencia de lo que, según él, ha hecho Giménez en la prosecución de los trabajos.
La Fiscalía General informó en un documento que el retardo procesal en el caso Lapi "no es imputable al Ministerio Público", pues la defensa introdujo durante los meses de detención distintos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia y hubo inhibiciones de jueces por enemistad manifiesta con defensores del acusado.
La presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Morales, dijo que las demoras tampoco son culpa del Poder Judicial, pues "el imputado se había negado a acudir a audiencias", y si bien el juzgamiento es facultad del poder que dirige, "la acusación corresponde al Ministerio Público, que señala el delito para que se mueva el Poder Judicial".
José Vicente Rangel, durante cinco años vicepresidente de Chávez hasta que en febrero regresó al periodismo de opinión en una televisora privada, dijo poco antes de conocerse la fuga que "la gente en este país está convencida de que el verdadero problema de la justicia es la impunidad".
Prado observó que en la situación de retardo procesal, que ocasiona frecuentes motines y huelgas de hambre, hay miles de reclusos en las cárceles de Venezuela. Esta semana, 850 presos están en huelga de hambre en El Rodeo, unos 40 kilómetros al este de Caracas.
En el frente político, varios partidos de oposición han puesto de relieve la denegación de justicia y las condiciones de reclusión de Lapi, quien durante varios meses estuvo en una dependencia policial, en una celda improvisada en un espacio de seis metros cuadrados en cuyas paredes estaban cables y tableros eléctricos sin empotramiento.
Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, se regocijó en un editorial por la evasión de Lapi: "Enhorabuena. Era un preso político, mantenido en prisión mediante trucos obscenos" de los administradores de justicia en Yaracuy, afirmó.
Petkoff mismo protagonizó en 1967 una fuga desde el caraqueño Cuartel San Carlos, prisión militar donde estaba detenido junto con otros dirigentes políticos de entonces, Guillermo García y Pompeyo Márquez, a través de un túnel que activistas del Partido Comunista cavaron desde una casa cercana.
En 1975 huyeron de ese cuartel 23 guerrilleros izquierdistas, mediante un túnel que cavaron desde dentro hacia fuera.
Después de que Chávez superó el breve golpe de Estado de 2002, el empresario golpista Pedro Carmona, que había usurpado su cargo durante dos días de abril de ese año, se fugó de su residencia, donde cumplía detención domiciliaria, y se asiló en la embajada de Colombia,
El 13 de agosto de 2006 escaparon de una cárcel militar en el sureste de Caracas el sindicalista Carlos Ortega, quien dirigió una huelga contra Chávez en diciembre de 2002 y enero de 2003, y tres oficiales acusados de complotar para asesinar al presidente.
Janet de Lapi y el abogado Arbola dijeron no conocer los planes de fuga del ex gobernador, y abogaron porque las autoridades, en caso de recapturarlo, "ya que le negaron el derecho a la justicia, respeten su derecho a la vida".
