La crisis del transporte aéreo de Brasil, originada en la rebelión de los controladores de vuelo, no se resuelve aún y además abre otros dos frentes para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva: el descontento militar y la amenaza de una investigación parlamentaria.
La Asociación Brasileña de Controladores del Tráfico Aéreo (ABCTA) anunció este jueves una suerte de tregua, mitigando temores de que se repitan, en estos días de muchos viajes por el feriado del Viernes Santo católico, los retrasos y suspensiones de vuelos que convirtieron los aeropuertos brasileños en un infierno el fin de semana anterior.
Una nota del presidente de la ABCTA, Welington Rodrigues, pide "disculpas" a la sociedad por los trastornos generados por la huelga nacional de cinco horas del 30 de marzo y promete respeto al gobierno y a la "jerarquía y disciplina" militares. La mayoría de los controladores son sargentos de la fuerza aérea, y por ello la paralización de tareas es considerada un motín.
Pero la "rebelión", según Rodrigues, debe recordarse como "un grito de socorro", pues no están resueltos los problemas del control de vuelos del que depende la vida de los pasajeros. Durante la huelga, un grupo de controladores denunció malas condiciones de trabajo, equipos inadecuados y amenazas y castigos militares.
La nota conciliadora no borra los conflictos ni los sentimientos de traición que dejó la huelga en distintos actores. Los controladores se sienten engañados por el presidente Lula y el ministro de Planificación, Paulo Bernardo, quienes, para restablecer los vuelos el viernes, prometieron que no habría castigos a los huelguistas y la pronta desmilitarización de la actividad.
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Para negociar el fin de la huelga, el presidente había anulado órdenes de prisión dictadas por la fuerza aérea, desautorizando a su comandante, el brigadier Juniti Saito, quien amenazó con su renuncia.
Tres días después el gobierno se retractó ante la presión de los jefes militares que consideraron intolerable la indisciplina y la violación de la jerarquía.
El argumento de que, como supremo comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente puede imponer sus decisiones sin violar la jerarquía, diseminó la agitación en filas militares. Lula tuvo que reunirse con los comandantes, condenar la paralización de los controladores como "una irresponsabilidad" y suspender sus promesas.
Ahora, al menos 18 controladores están sujetos a un proceso de la justicia militar y pueden sufrir penas de expulsión y prisión, tras una investigación de 40 días. Las reacciones posibles de sus colegas agravan la incertidumbre sobre el transporte aéreo, que vive el drama de frecuentes atrasos y cancelaciones de vuelos desde octubre.
Brasil supo que dependía de un sistema de seguridad aérea deficiente después de que dos aviones chocaron sobre la Amazonia a mediados de septiembre, provocando la muerte de 154 personas que viajaban en la aeronave de la compañía Gol. La otra, pequeña, logró aterrizar en un aeropuerto cercano, sufriendo pequeños daños.
Las investigaciones del caso, que arrojaban sospechas sobre la responsabilidad de algunos controladores en el accidente, dieron pie a que los técnicos decidieran vigilar menos vuelos cada uno desde fines de octubre, provocando colas de miles de pasajeros en los aeropuertos.
Gradualmente se destapó la realidad de los controladores, unos 2.300, según la ABCTA, 80 por ciento de los cuales son militares, de acuerdo con la fuerza aérea.
Ahora se sabe también que la desmilitarización, prometida por Lula y viejo reclamo de los controladores, es de difícil ejecución y un proceso prolongado. Puede demorar muchos años, según expertos, y costaría miles de millones de dólares.
El sistema de control implantado en los años 70 en Brasil, hace parte de la defensa aérea del país. La actividad se ejerce en los Centros Integrados de Defensa Aérea y Control del Tráfico Aéreo, cuyo nombre refleja su concepción militar. No será fácil separar la seguridad de los vuelos comerciales de ese régimen.
La promesa de desmilitarización inmediata de unos 1.500 sargentos y suboficiales de la aeronáutica que controlan vuelos quedó pospuesta para un futuro incierto. Su actividad depende de varios servicios que son militares, como las telecomunicaciones y los sistemas de radares para control del espacio aéreo.
El sistema es una herencia del régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, en una historia similar a la de muchos países. Argentina intenta desmilitarizar la actividad que registra frecuentes incidentes y errores.
Además de este problema que requiere solución gradual y prolongada, con muchos conflictos previsibles y reacciones negativas de militares que se resisten a perder una de sus funciones, el agravamiento de la crisis aeroportuaria torna casi imposible impedir que se instale una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que requiere la oposición.
La CPI fue rechazada en votación de la Cámara de Diputados, pero la oposición recurrió a la Suprema Corte de Justicia, que debería emitir a fin de este mes un fallo sobre la legitimidad de la investigación.
Si es aprobada, la CPI creará dificultades adicionales al gobierno, ya que las investigaciones parlamentarias suelen acaparar la atención política y legislativa, retardando la aprobación de leyes que interesan al gobierno.
