La población boliviana afectada por el desabastecimiento de gas ha comenzado a cuestionar la nacionalización de los hidrocarburos, y activistas sociales retoman las banderas de la confiscación de los bienes de 12 empresas transnacionales que los explotan.
Errores en la redacción de 44 contratos suscritos por el gobierno boliviano con empresas extranjeras en octubre de 2006 y la negociación de anexos secretos por parte del equipo gubernamental derivaron en una investigación del Senado que descorre el telón del complejo proceso iniciado el 1 de mayo del año pasado.
Así, los ingresos estimados por el gobierno por concepto de aumentos de los impuestos y la propia nacionalización han quedado en entredicho luego de las audiencias celebradas con las principales autoridades del sector y con representantes de las más importantes petroleras extranjeras, como la brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF.
"Afirmar que los ingresos (del Estado) por hidrocarburos se incrementarán de 39.000 millones de dólares a 81.000 millones de dólares (en 30 años) es un cálculo irracional", dijo a IPS el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Carlos Arce, al cuestionar la propaganda oficial sobre los nuevos contratos petroleros.
El razonamiento de Arce es simple: mediante impuestos de 50 por ciento a la producción, previstos en la Ley de Hidrocarburos que puso en vigor el gobierno anterior, el gobierno obtenía una proyección de ingresos para los próximos 30 años de 39.000 millones de dólares.
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Pero si con los nuevos contratos esas expectativas pasaban a 81.000 millones de dólares, podría concluirse que las empresas debían volcar al Estado más de 100 por ciento de lo producido, o sea que trabajarían a pérdida, una hipótesis carente de lógica, según el investigador.
El 1 de mayo de 2006, Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos y el incremento de los impuestos desde 50 hasta 82 por ciento de lo explotado en los megacampos gasíferos que abastecen a Brasil con 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día.
La medida, sin embargo, no incluyó la confiscación de las instalaciones industriales de las empresas extranjeras, como refinerías y gasoductos, y se basó en la renegociación de nuevos contratos con esas compañías, que pasarían de explotar recursos como concesionarias a ser prestadoras de servicios de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La recuperación de los hidrocarburos privatizados en los años 90 y el prometido aumento de cientos de millones de dólares anuales de ingresos para el Estado se convirtieron en la medida más aplaudida de los primeros meses de gestión del izquierdista Morales, instalado en el poder en enero de 2006.
Pero una desafortunada renegociación, que concluyó a toda prisa el 28 de octubre, devolvió tranquilidad a los inversionistas extranjeros, pues lograron ventajas como la devolución de costos operativos que implica una caída de ingresos para el Estado en un monto hasta ahora no estimado, según Arce.
En el mejor de los casos, las compañías pagarán hasta 60 por ciento en impuestos y no el 82 por ciento prometido por el gobierno, explicó el analista.
Esta interpretación quedó ratificada por las declaraciones de ejecutivos de Petrobras, Repsol y la francesa Total ante la comisión legislativa, ante la cual reconocieron la existencia de ventajas y compensaciones, como la recuperación de costos de inversión.
La negociación con las transnacionales se ventila en medio de una escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en las principales capitales del país, mientras Petrobras, poseedora de concesiones en los mayores campos gasíferos, descarta realizar nuevas inversiones para atender al insatisfecho mercado interno.
La decisión de reducir la atención a los consumidores bolivianos se explica porque los nuevos contratos no incluyeron una cláusula obligatoria para priorizar el abastecimiento interno, estimulando la producción para exportar a Brasil y Argentina, según Arce.
Largas colas de amas de casa a la espera de las garrafas de GLP y bloqueos de calles por gente cansada del desabastecimiento son la contracara de este país que posee 48 trillones de pies cúbicos de gas natural, la segunda mayor reserva de América del Sur después de Venezuela.
Mientras, el Senado no halla una fórmula legal que corrija los errores de los contratos que debe aprobar y evite futuros juicios de las petroleras contra YPFB.
En la siguiente fase, la Cámara de Diputados deberá examinar los documentos antes de promulgarlos en calidad de leyes.
Las 15.000 páginas de los acuerdos ya habían sido aprobadas en noviembre gracias a la mayoría parlamentaria oficialista durante unas sesiones cuestionadas por falta de un análisis cuidadoso.
Durante la fase de protocolización en la notaría pública se advirtieron los errores que obligaron a devolver la documentación al Congreso, donde los parlamentarios opositores afinaron su sentido crítico y descubrieron deficiencias y detalles guardados en secreto por el equipo negociador del gobierno.
La primera derivación con costo político del trámite fue la destitución el 23 de marzo del presidente de YPFB, Morales Olivera. El influyente político había asumido esa función el 26 de enero, tras desempeñarse como asesor de la empresa estatal.
Morales Olivera, hijo del abogado personal del presidente Morales, Manuel Morales Dávila, adquirió protagonismo como asesor por los poderes concedidos por el mandatario para negociar con las petroleras, superando las jerarquías del propio ministro de Energía, Carlos Villegas, y de la presidencia de YPFB.
La actuación de Morales Olivera será investigada por la fiscalía a pedido del Senado y en el proceso serán incluidos Villegas y otros negociadores de los contratos. La presidencia de la empresa estatal está a cargo ahora del ingeniero en informática Guillermo Arequipa, el cuarto responsable desde que el Movimiento al Socialismo llegó al gobierno.
La segunda consecuencia de la negociación de los contratos es el descrédito del proceso de nacionalización del petróleo, porque YPFB no consiguió reinstalar sus operaciones productivas y, al contrario, las petroleras extranjeras han consolidado concesiones y negocios.
"Se ha mentido al pueblo, sólo se han cambiado los contratos y ahora debemos nacionalizar los hidrocarburos mediante una confiscación de bienes sin compensación", dijo a IPS el concejal de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, líder de la denominada "guerra del gas" que en octubre de 2003 terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El activista llegó esta semana al Palacio de Gobierno y entregó una carta al viceministro de Movimientos Sociales, Sacha Llorenty, reclamando explicaciones por el cambio de orientación del proceso nacionalizador.
"El gobierno realizó un acto simbólico al tomar el campo petrolero de San Alberto, en el departamento sureño de Tarija, y teatralizó un episodio para mantener el respaldo social a su gobierno", comentó Arce respecto de las acciones militares de toma de yacimientos y refinerías que dirigió el propio mandatario el 1 de mayo de 2006.
La actuación de condescendencia de las petroleras ante el análisis de los contratos en el Congreso esconde el propósito de adquirir el derecho a una indemnización en caso de una real nacionalización de la industria, dijo a IPS el dirigente cívico de la sudoriental zona petrolera de Camiri, Mirko Orgaz.
El gobierno ha anunciado la intención de celebrar elecciones anticipadas en 2008, a las que podría presentarse Morales. Eso debilitaría el retorno de movilizaciones por una completa nacionalización de las operaciones petroleras, pues el tema volvería a ser instrumento de campaña del presidente, opinó Orgaz.
Morales aguarda que la Asamblea Constituyente finalice su tarea de redactar una nueva constitución, para lo cual tiene plazo hasta el 6 de agosto, y decida sobre el eventual acortamiento de su mandato y la reelección presidencial.
Su propósito es ser reelecto por otros cinco años para dirigir un proceso de cambio al que denomina "revolución democrática y cultural", apoyada por sectores indígenas y populares.
