La presidenta chilena Michelle Bachelet firmó este lunes un proyecto para sustituir la cuestionada Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), instaurada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Si los discursos de la presidenta y la ministra de Educación, Yasna Provoste, se hacen realidad, se van a producir cambios muy profundos en el sistema educacional", dijo a IPS el vicepresidente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, luego de asistir a la ceremonia realizada este lunes en el palacio de gobierno, donde Bachelet firmó el proyecto de Ley General de Educación, que ingresará al parlamento en los próximos días.
La LOCE, que regula todos los niveles educativos, fue promulgada el 10 de marzo de 1990 por el entonces dictador Augusto Pinochet, un día antes de entregar el poder al presidente democrático Patricio Aylwin (1990-1994).
Sus críticos señalan la forma antidemocrática en que fue impuesta y el inicio de un proceso de descentralización y privatización de la educación, pues traspasó los establecimientos que estaban bajo el alero del Estado nacional a los 345 municipios del país y permitió la creación de colegios privados con subvención estatal.
Tanto los municipios como los colegios privados, conocidos como sostenedores, reciben fondos públicos por cada niño educado.
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El proyecto de Ley General de Educación presentado por Bachelet consagra el derecho a una educación de calidad y elimina, hasta octavo grado básico, las pruebas de selección en los colegios subvencionados, con el objeto de evitar la discriminación.
Además, la iniciativa termina con el mercantilismo en la educación, ya que establece que sólo las corporaciones municipales y fundaciones sin fines de lucro podrán ser sostenedores. Los colegios privados tendrán cuatro años para adecuar sus estructuras.
"Su origen autoritario (de la LOCE) y su lejanía con las necesidades y demandas de amplios sectores de la educación reclamaban la necesidad de reformarla ", señaló en su discurso la mandataria.
"A partir de esta ley, los recursos públicos entregados a las entidades educativas deberán ser destinados precisamente al cumplimiento de la función educativa, porque para eso son los recursos públicos, para ser invertidos en educación y nada más que educación. Y fiscalizaremos que así se haga", añadió.
El representante de los colegios particulares subvencionados, Rodrigo Bosch, no tardó en criticar esta determinación, declarando que el proyecto "cambia las reglas del juego".
El sector de maestros y profesores tiene dudas respecto del control que puede ejercer el Poder Ejecutivo en esta materia, tomando en cuenta lo que sucede hoy con la educación superior. "Se supone que las universidades no tienen fines de lucro, pero en la práctica esto no se cumple", advirtió Vásquez.
El proyecto también establece que los sostenedores rindan cuentas de su gestión, tanto del uso de los aportes públicos como de los resultados académicos de sus alumnos, los que deberán ser publicados junto a la información relativa a proyectos educativos y evaluaciones docentes.
Además, se crea el Consejo Nacional de Educación en reemplazo del actual Consejo Superior de Educación. Éste es un órgano autónomo que se encarga, entre otras tareas, de aprobar los currículos confeccionados por la cartera del ramo. La nueva entidad será más representativa de los distintos actores involucrados en la enseñanza.
Bachelet también anunció que en las próximas semanas enviará al parlamento otro proyecto de ley para crear una superintendencia de educación, antigua aspiración del magisterio.
"Pese a que la derogación de la LOCE no estaba en el programa de gobierno de la mandataria, luego de las movilizaciones de los estudiantes (de mayo y junio de 2006) quedó claro que las cosas no podían seguir igual", contextualizó Vázquez.
El proyecto recoge las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, creado por la mandataria en junio de 2006 para sofocar el histórico paro de estudiantes secundarios, que demandaban reformas estructurales al sistema educativo, entre ellas, la caída de la LOCE.
En el Consejo Asesor, de 81 miembros, estaban representados todos los sectores políticos, sociales, económicos, profesionales y confesionales del país, además de actores educativos como directores, profesores, apoderados y estudiantes.
En diciembre de 2006, la entidad entregó a la mandataria su informe final, en medio de críticas del llamado bloque social, integrado por el Colegio de Profesores, estudiantes secundarios y universitarios y algunos organismos académicos, por considerar que no era fiel a la discusión sostenida durante seis meses.
La principal dirigente estudiantil, María Jesús Sanhueza, quien también asistió a la ceremonia de este lunes, valoró la iniciativa legal, señalando que "el esfuerzo que hicieron (los estudiantes) durante un año fue efectivo". Sin embargo, anunció que ahora "las bases van a analizar el proyecto" para decidir si las propuestas del gobierno sintonizan con las propias.
El magisterio ya decidió en una Asamblea Nacional movilizarse hacia la costera ciudad de Valparaíso, sede del Congreso legislativo, cuando se discuta el proyecto.
El coordinador ejecutivo del Observatorio de Políticas Educativas de la estatal Universidad de Chile, Rodrigo Cornejo, cree que la iniciativa tendrá una compleja tramitación.
"La Concertación (coalición de centroizquierda que gobierna el país desde 1990) está dividida. Hay una porción que está comprometida con el fortalecimiento de la educación pública y otra que está por hacer cambios tangenciales. Hay parlamentarios oficialistas que son sostenedores. Por otra parte, (la oposición de) derecha está en contra de todo lo que atente contra el negocio de la educación", dijo a IPS.
