El gobierno de Estados Unidos expulsará de su territorio en pocos días más a los ex mayores del ejército peruano Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón, acusados del asesinato de 69 campesinos en 1985 en la meridional región andina de Ayacucho en el marco de la guerra contrainsurgente.
Las autoridades peruanas pidieron en noviembre de 2006 a Estados Unidos la extradición de Hurtado, imputado de dirigir la patrulla militar que el 14 de marzo de 1985 en la localidad de Accomarca perpetró la masacre, que incluyó la muerte de 30 niños y 27 mujeres.
Este ex oficial había huido de su país el 28 de diciembre de 2002, un año y medio después de que el gobierno de transición de Valentín Paniagua constituyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con las guerrillas entre 1980 y 2000.
Rivera, quien también participó en la masacre de Accomarca, escapó a Estados Unidos cuando empezaron las investigaciones.
En el informe final de esta Comisión, emitido en agosto de 2003, se concluye que el caso Accomarca, registrado en las postrimerías del gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), no había sido sometido a proceso judicial y que los responsables, en lugar de recibir castigo, habían gozado de la protección del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Hurtado fue detenido el jueves de la semana pasada en Miami y Rivera Rondón al día siguiente en el oriental estado de Maryland, ambos por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), pero la noticia sólo fue confirmada a las autoridades peruanas el lunes.
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En una declaración pública, la directora de ICE, Julie Myers, confirmó las detenciones de los ex militares peruanos y dijo que "Estados Unidos no se va a convertir en una guarida de quienes han huido de su país evadiendo la justicia y las sanciones por los crímenes que han cometido".
La captura casi simultánea de Hurtado y Rivera no ha sido casual. Ambos pretendían obtener la residencia permanente, presentando documentación falsa que acreditaba que en Perú no afrontaban ninguna requisitoria judicial.
La abogada defensora de las víctimas de Accomarca, Karim Ninaquispe, informó a IPS que no pedirá que se reactive el proceso de extradición de Hurtado y Rivera porque Washington ha confirmado que los deportará a Perú.
"Iniciar alguna acción como requerir la detención preventiva con fines de extradición entorpecería el regreso de los dos ex militares", advirtió.
"Me parece más razonable dejar que las autoridades estadounidenses resuelvan como corresponde la expulsión de Hurtado y Rivera", explicó: "En un lapso de un mes podrían llegar al país y ser detenido en el aeropuerto, para que sean puestos inmediatamente a disposición del tribunal".
Pedro Gamarra, ex procurador del Ministerio de Justicia encargado de los casos de violaciones de los derechos humanos, señaló que el intento de los ex militares de buscar la residencia permanente en Estados Unidos es una demostración de que no tenían ningún interés en someterse a la justicia peruana.
"Escaparon de Perú justo cuando comenzaron las investigaciones, luego de terminado el régimen de Fujimori, en cuyo mandato los responsables de la masacre continuaron impunes", dijo Gamarra a IPS.
En efecto, Hurtado, no obstante haber confesado ante un tribunal militar que se limitó a cumplir órdenes y que procedió según las normas de la "lucha contra la subversión", recibió una condena sorprendente de sólo seis años de prisión el 28 de febrero de 1992, siete años después de perpetrarse la masacre de Accomarca.
Mientras cumplía sentencia, el gobierno de Fujimori amnistió el 15 de junio de 1995 a todos los militares condenados, procesados judicialmente o investigados por la fiscalía por violaciones de los derechos humanos.
Así, Hurtado salió en libertad sin cumplir la sentencia por el delito de "abuso de autoridad" y continuó con su carrera militar hasta al alcanzar grados superiores. Cuando se cometieron los crímenes de los que se le acusa sólo ostentaba el grado de subteniente y llegó hasta mayor.
En diciembre de 1994, el jefe del ejército, general Nicolás Hermoza Ríos, le concedió una felicitación personal a Hurtado y en 1996 le impuso la Condecoración de Caballero.
Hurtado declaró ante el tribunal militar: "Entre los presuntos terroristas capturados ( ) habían niños cuyas edades oscilaban entre ochos años y un año".
"Ordené al grupo de asalto que estaba a mi mando que hiciera fuego (sobre los detenidos), al mismo lancé yo una granada en el interior (de la vivienda) ( ) con la intención de eliminar a los posibles heridos que podían haber quedado", añadió.
"Sí, incendié la casa ( ) y permanecimos allí hasta que se consumiera todo el fuego y verificamos que sólo quedaran cenizas y fuego calcinado", contestó ante una pregunta específica del tribunal.
"El juicio contra Hurtado y los otros militares ha sido muy penoso y deficiente", relató Ninaquispe. "La presión de los militares sobre las autoridades es muy fuerte y hay algunos que reciben privilegios", apuntó.
Ninaquispe se refería al general José Williams Zapata, quien fue el jefe de Hurtado y de Rivera Rondón.
En 1997, Williams Zapata alcanzó notoriedad internacional al comandar la operación de rescate de los 72 rehenes de la residencia en Lima del embajador japonés Morías Aoki, tomada por guerrilleros del izquierdista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Pero, debido a ese caso, afronta hoy una investigación judicial por la presunta ejecución tras entregarse de ocho de los 14 militantes que dominaban el lugar hasta el ingreso de las fuerzas militares a sangre y fuego.
Además, después que en 2001 le fueron encontradas cuentas en Islas Caimán con dinero de origen desconocido, la justicia anticorrupción abrió un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito contra este ex jefe castrense.
Aparte de los dos casos anteriores, Williams Zapata también está enjuiciado por la masacre de Accomarca. Sin embargo, los cargos en su contra no impidieron que el año pasado fuera nombrado por el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hasta que a fin de año pasó al retiro.
El nuevo y segundo gobierno de Alan García, quien también ocupó la presidencia de 1985 a 1990), también ha sido condescendiente con Williams Zapata, ya que el 5 de diciembre lo designó jefe de la delegación de Perú ante la Junta Interamericana de Defensa. La explicación del Ministerio de Defensa es que este militar aún no ha sido sentenciado.
Empero, Hurtado ha declarado ante las autoridades que Williams Zapata era su jefe inmediato y que le ordenó que no reportara por escrito las "bajas subversivas" en Accomarca sino que se lo comunicara sólo verbalmente.
Williams Zapata, pese a encontrarse con limitaciones para salir de Perú, recibió un "permiso especial" del tribunal para ejercer el cargo diplomático en las oficinas en Washington de la Junta, que funcionar en la órbita de la Organización de Estados Americanos.
El permiso se lo concedió la Sala Nacional Antiterrorista. "Yo apelé contra ese privilegio inadmisible, pero igual se lo dieron", indicó Ninaquispe.
"Entonces le he escrito al presidente Alan García para que retorne al general Williams Zapata y responda a los cargos. Él fue el jefe de las patrullas que actuaron bajo sus órdenes en Accomarca", recordó.
Los familiares de las víctimas de Accomarca informaron que también han remitido un escrito a las autoridades de la Junta Interamericana de Defensa para que proteste ante Lima por el nombramiento de un procesado por crímenes contra la humanidad.
