La investigación iniciada en España a las no gubernamentales Fundación Intervida y Anesvad, por casos de corrupción y malversación de fondos, ha producido una fuerte reacción en favor de aumentar la transparencia en el manejo de donaciones.
"Queremos que se haga luz en esta y en cualquier otra sospecha de irregularidades, que son inusuales y excepcionales", dijo a IPS Pilar Orenes, vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para el Desarrollo (Congde).
"Se debe investigar a fondo y, si se confirman las sospechas, espero que se tomen las medidas pertinentes, tanto judiciales como administrativas porque afectan muy negativamente a la mayoría de las ONG que actúan correctamente", puntualizó.
Intervida promueve planes de apadrinamientos de niños y niñas de los países del Sur, con actividades en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Malí, Bangladesh, India y Filipinas. Es de carácter laico y su sede central está en Barcelona.
Por su parte, Anesvad trabaja en proyectos de acción sanitaria y desarrollo social también en países de África, América Latina y Asia. Está asentada en la septentrional ciudad española de Bilbao y fue creada en 1970 por el sacerdote católico Javier Olazábal para combatir la lepra y otras enfermedades en las poblaciones pobres.
El actual presidente de Anesvad (A nuestros enfermos servimos viendo a Dios), José Luís Gamarra, fue detenido el 5 de este mes y puesto a disposición judicial tras ser denunciado por trabajadores de esa organización y acusado de un delito de apropiación indebida de fondos.
Frente a estos hechos, el Patronato de Anesvad creó una junta rectora para que la dirija de forma provisional, en tanto que los empleados, tras señalar que no se responsabilizan por la actuación del presidente detenido, reiteraron su decisión de continuar el trabajo de cooperación y colaborar con la justicia.
Pero esta no es la primera investigación judicial que recae sobre Anesvad. En 2005, otros dos directivos fueron investigados por la apropiación de una importante suma de dinero, pero no fueron llevados ante la justicia porque devolvieron la integridad de los fondos sustraídos, tras lo cual fueron expulsados de la entidad.
En cuanto a la Fundación Intervida, según la Fiscalía Anticorrupción, sus directivos desviaron más de 45 millones de euros (58 millones de dólares), camuflándolos bajo el concepto de "gastos para apadrinamiento".
Esos fondos fueron transferidos a empresas como El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, Genéricos Farma-ahorro y Enriquecidos Lácteos, cuyos directivos además lo son de Intervida en Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador y El Salvador.
Al no obtener respuestas claras por parte de la dirección de Intervida respecto de la investigación judicial que la Fiscalía de Cataluña, comunidad autónoma en la que tiene su sede esta ONG, está realizando por desvío de fondos, el escritor y académico Francisco Carrillo anunció el sábado su "dimisión irrevocable" como vocal del consejo rector de esa fundación.
Carrillo, quien se encuentra en París, señaló en un comunicado que su renuncia "está motivada por la sorprendente ausencia de reacción de los altos directivos de Intervida para informar con total transparencia a los miembros de su consejo rector", sobre lo que sucede.
No obstante, el escritor destacó que "las supuestas irregularidades de gestión aún están por demostrarse".
"Por el bien de tantos niños y niñas que se encuentran bajo la protección de Intervida, confío, espero y deseo que los tribunales de justicia lleguen a la conclusión de que la organización no cometió delito alguno", añadió.
Con fuertes campañas de publicidad, Intervida logró el apoyo de unas 400.000 personas que aportan una paga mensual por cada niño apadrinado, lo cual le produce a la ONG unos ingresos anuales de aproximadamente 90 millones de euros (117 millones de dólares).
En una carta dirigida a la Fiscalía, trabajadores de Intervida informaron de que fueron testigos de la llegada del resguardo de una transferencia vía fax, realizada por Intervida Guatemala a una cuenta de Bancafé Internacional por 16 millones de dólares (12 millones de euros), en el paraíso fiscal de Barbados.
Bancafé tiene nacionalidad colombiana y sede en Miami desde 1987.
Respecto a esta ONG también hay antecedentes previos a la actual investigación judicial, que se derivan de otra realizada entre 1998, 1999 y 2000 por la Fundación Lealtad, que se ocupa de analizar las actuaciones de estas organizaciones y certificar los resultados.
Cuando la Fundación Lealtad señaló que en esos tres años Intervida no fue lo suficientemente transparente, respecto de la información pública que debía proporcionar a los donantes, y que tampoco "reflejaba la realidad de la gestión de los fondos en las entidades del Sur", la ONG rechazó el informe, rompió con ella y no volvió a someterse a sus análisis.
Lo mismo hizo Anesvad, según informó Patricia de Roda, directora de Lealtad. Frente a la alarma social causada por los hechos denunciados, el director general de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria de Cataluña, David Minoves, señaló que lo que está ocurriendo debe hacer pensar a quienes colaboran con las organizaciones humanitarias acerca de su propia responsabilidad.
Porque, enfatizó, "así como la administración pública exige a las ONG unos mínimos de rigor para que den cuenta de sus acciones, los ciudadanos que hacen aportaciones deben pedir lo mismo a las entidades a las que aportan sus fondos".
Juan Pablo de Laiglesia, secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), precisó a IPS que el marco legal es "tan estricto, que permite descubrir las posibles irregularidades y corregirlas". Por ello, adicionó, tiene "una confianza total en la validez de este marco y en la actuación de la justicia, a la que hay que dejar que actúe y resuelva".
De Laiglesia concluyó coincidiendo con la Congde, pues también manifestó que los casos de Anesvad e Intervida son excepciones dentro de un conjunto de organizaciones "que se destacan por su eficacia, eficiencia y rigor y, por ello, lo sucedido no debe afectar al aprecio social y el compromiso con las ONG y sus acciones solidarias, que son muy importantes".
No obstante, Rafael Jariod, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas ONG, acusó a la Congde de discriminar a las organizaciones menores. Manifestó que lo que ocurre con Intervida y Anesvad "suena a caza de brujas", pues "han hecho muchas cosas bien aunque, como todo el mundo, se han podido equivocar".
Pero Intervida no es precisamente una "ONG pequeña", dada la extensión de sus sedes por muchos países y la cifra que maneja anualmente, fruto de su recaudación.
Los temores de los cooperantes ya se están materializando.
Fuentes de Intervida reconocieron que apenas se hizo pública la investigación a que era sometida, se dieron de baja unos 10.000 donantes y creen que esta cifra crecerá entre los 356.198 que tenían inscriptos antes de desatarse el escándalo. Destacan también que la fiscalía lleva cuatro años investigando, pero que aún no ha emitido ninguna denuncia contra la ONG.
La fiscal Carmen Marín Aragón se desplazó la semana pasada a Perú para tomar declaración a los empleados que Intervida tiene en ese país.
Frente a estos hechos, Pilar Orenes enfatiza que hay esperar que la justicia decida pero, al mismo tiempo, impulsar a que "todas las ONG se sometan a control y presenten memorias e informes exhaustivos y claros, "porque lo que puedan hacer mal unos pocos no nos debe afectar a todos. Es la cuantía y la calidad de nuestra cooperación al desarrollo la que está en juego", concluyó.
