El escándalo alcanzó en Brasil a por lo menos nueve jueces importantes, confirmando sospechas de buena parte de la población de que el Poder Judicial también tiene su «banda podrida», tal como el Ejecutivo y el Legislativo, que mostraron numerosos casos de corrupción en los últimos años.
Es "preocupante" lo que ya se divulgó, porque indica que "todos los poderes del Estado están bajo sospecha" y se vuelve "más grave" al involucrar a la justicia, pero por otra parte es alentador que el mismo Estado compruebe su capacidad de "autoinvestigación", dijo a IPS Sergio Mazina, vicepresidente del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales.
Dos operaciones de la Policía Federal, cuerpo del Ministerio de Justicia, desbarataron en las dos últimas semanas algunas mafias que explotan bingos (lotería de números sorteados con los apostadores presentes) y máquinas tragamonedas, que si bien son ilegales, se diseminaron gracias a autorizaciones judiciales favorecidas por cierta ambigüedad de las leyes.
Las supuestas "ventas de sentencias" a favor de esos juegos de azar involucran a los nueve jueces, incluido un miembro del Superior Tribunal de Justicia, instancia sólo superada por la Suprema Corte. Los indicios de complicidad y soborno, recogidos mediante escuchas telefónicas y documentos incautados, comprometen a muchos abogados, policías, empresarios y a algunos fiscales.
La Operación Hurricane (huracán en inglés) detuvo a 25 personas, entre ellas dos jueces de apelación de Río de Janeiro y un juez laboral, el 13 de abril. Uno de los abogados presos es hermano del magistrado Paulo Medina, del Superior Tribunal de Justicia, que en agosto pasado liberó 900 máquinas tragamonedas que la Policía Federal había confiscado por cuatro meses por importación irregular.
Medina no fue detenido, pero tuvo que dejar temporalmente sus funciones en el Tribunal pidiendo licencia médica, ante las sospechas de su participación en la mafia. Su hermano aparece en un registro telefónico negociando una sentencia a favor de los empresarios de juegos por un millón de reales (492.000 dólares) en la misma época de la liberación de las 900 máquinas.
Los tres jueces y el fiscal detenidos fueron puestos en libertad por decisión de la Suprema Corte que juzgará sus casos. Ese tratamiento en un "foro privilegiado" provocó reacciones incluso de juristas que protestaron por el "corporativismo" que entrañaba.
Sin explicar por qué se liberó a "los jueces de apelación y a personas vinculadas a la Justicia" y se mantienen presos los demás, la sociedad perderá la confianza en las instituciones y atribuirá al Poder Judicial la impunidad de que disfruta el crimen en Brasil, advirtió en un artículo publicado el viernes Denise Frossard, jueza jubilada y ex diputada conocida por llevar a la prisión a varios responsables del "juego del bicho", una popular lotería ilegal.
Otras 48 personas, entre ellas cinco jueces, están acusadas del delito de crimen organizado en torno a bingos y tragamonedas en el sureño estado de São Paulo. Sobre ellas cayó la Operación Themis de la Policía Federal una semana atrás, con la incautación de documentos y bienes, pero sin arrestos por falta aún de autorización judicial.
Las operaciones contra tantas autoridades son "una novedad" en la historia brasileña, destacó Mazina. Pero se trata de "una lucha sin gloria", pues es resultado de ilegalizar "actividades que disfrutan de amplia aceptación popular y que por la conciencia de la población no deberían estar prohibidas", sostuvo.
Ese "prohibicionismo exacerbado" contra juegos muy populares fomenta las "organizaciones criminales sofisticadas", que infiltran sus "tentáculos en la policía, la política y el Poder Judicial", reiterando otras historias como la de la "ley seca" que prohibió las bebidas alcohólicas en Estados Unidos en los años de 1920, explicó.
Los bingos, estimulados por una ley que destinaba parte de sus ganancias al fomento de los deportes, fueron prohibidos en 2003. Desde entonces, 775 acciones judiciales intentaron cerrar 1.550 casas de bingos en Brasil, según la Abogacía General de la Unión. La permanente batalla judicial y las fortunas en juego componen una fuerte tentación.
No hay cifras nacionales precisas, pero la alcaldía de São Paulo estimaba en 180 las casas de bingo en esa ciudad, la mayoría cerradas en los últimos días. Las tragamonedas serían cerca de 300.000 sólo en el estado homónimo, instaladas en bares, panaderías, casas de loterías y otros comercios, muchas explotadas también por dueños de bingos.
Pero la "venta de sentencias" no es un fenómeno nuevo en este país. Hace años preocupa a los empresarios, dijo a IPS Claudio Weber Abramo, director de la no gubernamental Transparencia Brasil, dedicada al combate de la corrupción, recordando casos anteriores de jueces presos por favorecer a gasolineras fraudulentas y a bandas delictivas.
El escándalo actual "desnuda la ineficiencia del Poder Judicial al no disponer de mecanismos de control, de monitoreo sistemático y análisis de sus fallos con amplia divulgación", dijo Abramo. Es una "cuestión de deficiencia gerencial", evaluó. "Sin uniformidad, reina el caos de 'cada juez una sentencia'" en un sistema "hecho para proteger a los ricos y poderosos", como comprobó la liberación de los jueces de apelación, opinó.
El recién creado Consejo Nacional de Justicia adoptó algunas medidas positivas, prohibiendo el nepotismo en el nombramiento de funcionarios de los tribunales y limitando salarios abusivos en el Poder Judicial, pero representa un control "insuficiente" porque no es independiente, sino compuesto por los propios jueces, tal como las corregidurías, señaló Abramo.
La lentitud de los procesos, impuesta por códigos hechos para que los abogados ganen más prolongando los casos, y las sentencias que "siempre favorecen a algunas empresas" en una tendencia que podría ser identificada mediante un análisis sistemático, son otros problemas serios, según el activista.
Pero no hay perspectivas de cambios importantes, si bien el escándalo de los bingos por lo menos "amplía la presión" por una reforma necesaria del Poder Judicial, concluyó.
