El casi seguro triunfo del «Sí» en la consulta popular de este domingo en Ecuador permite prever la convocatoria a una asamblea constituyente en octubre. Sin embargo, más de 30 por ciento de los electores no saben para qué irán a las urnas, según encuestas.
Nueve millones de personas están habilitadas para votar a favor o en contra de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La opción ganadora deberá reunir más de la mitad de todos los sufragios, incluidos los nulos y en blanco.
Además, los electores deberán aprobar o rechazar el estatuto que regirá los comicios de octubre, según el cual partidos políticos y organizaciones sociales podrán presentar sus candidatos a constituyentes, respaldados con las firmas de uno por ciento del padrón electoral.
Los últimos sondeos de las empresas consultoras Cedatos-Gallup y Perfiles de Opinión indican un triunfo del Sí y una gran popularidad del impulsor de la iniciativa constituyente, el presidente Rafael Correa.
"El enorme desprestigio de la oposición ha contribuido para que Correa tenga un nivel de apoyo envidiable", dijo el director de Perfiles de Opinión, Hugo Barber.
[related_articles]
Correa recibe 80 por ciento de opiniones favorables de los encuestados en el último sondeo de esta consultora. Además, 78 por ciento se manifestaron dispuestos a aceptar que el gobierno "tome decisiones al margen de la actual Constitución si ello hace posible un mejor desarrollo del país".
La encuesta indica que 86,5 por ciento de los consultados apoyaron la instalación de una asamblea constituyente, aunque sólo 64 por ciento sabían que el domingo se consultaría al electorado sobre esa alternativa.
Estos datos y la crisis desatada en el Poder Legislativo y en los partidos de la derecha explican en parte que sólo esta semana fuera visible la campaña electoral.
Correa promovió el Sí en entrevistas y en visitas oficiales a varias provincias. El único partido que asumió el riesgo de pronunciarse y hacer campaña por el "No" fue la Unión Demócrata Cristiana (UDC), ex Democracia Popular.
Incluso volvió a la escena el ex presidente Oswaldo Hurtado (1981-1984), para afirmar que Correa intenta concentrar todos los poderes a través de la constituyente.
Hurtado, quien se había mantenido al margen luego de no obtener ni uno por ciento de los votos en los comicios de 2002, fue en esta ocasión la cara visible de la oposición al gobierno.
La campaña del No se focalizó en vincular a Correa con su par venezolano Hugo Chávez, con referencias y acusaciones que arreciaron en los últimos días.
"Aquí nadie sigue la línea de Chávez. Aquí seguimos la línea ecuatoriana, la de los ciudadanos, profundamente humanista, que quiere un cambio radical", replicó Correa.
Para Barber, "quienes tratan de minar la popularidad de Correa asociándolo con Chávez se equivocan, porque el 71 por ciento de los encuestados tienen una imagen positiva del presidente de Venezuela".
Además, y según sus sondeos, 53 por ciento creen que "Correa toma en cuenta a Chávez para algunas decisiones, pero decide lo que le parece mejor" y poco menos de 25 por ciento piensan que el mandatario ecuatoriano "toma muy en cuenta a Chávez para tomar algunas decisiones", abundó.
Correa arguyó que la constituyente era el único mecanismo para reformular las instituciones y el Estado y superar la permanente crisis institucional que ha vivido Ecuador en la última década.
El primer mandatario recordó que en los últimos años desfilaron ocho presidentes, miles de millones de dólares salieron del país llevados por la "banca corrupta" a través del "salvataje bancario", y se registró un éxodo de miles de ecuatorianos.
El 26 de noviembre de 2006, fecha de las elecciones presidenciales que lo llevaron al poder, el pueblo votó por un cambio profundo de las estructuras vigentes, dijo Correa.
"El decreto número 002 fue convocar a una consulta para que el pueblo se pronuncie respecto a si quiere o no una Asamblea Constituyente que nos dé una nueva constitución, y pese a las vicisitudes y trabas por parte de la partidocracia, será una realidad el próximo domingo 15 de abril", afirmó.
Correa aseveró que la asamblea será la máxima expresión de que el poder radica en el pueblo, con el fin de discutir entre todos los fundamentos que deben guiar la vida en común y crear una nueva constitución de cara al siglo XXI, un verdadero Estado de derecho y una adecuada división de los poderes.
Respecto del estatuto, sostuvo que "pone en igualdad de condiciones a los ciudadanos y a los partidos políticos. Todos los candidatos deberán reunir firmas para la inscripción de su candidatura. El Estado garantiza igualdad de espacios publicitarios y se prohíbe terminantemente las dádivas, regalos, etcétera, que pretenden con chequeras comprar la conciencia" de los ciudadanos, añadió.
El mandatario enfatizó que la asamblea estará por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Constitucional y Electoral. Pero señalar que "plenos poderes significa que podrá atentar contra la propiedad privada, o contra derechos fundamentales de la familia y los seres humanos, nada más absurdo que eso", afirmó.
"Una vez redactada esta nueva constitución" será "el pueblo, nuevamente en las urnas, el que podrá aprobar o reprobarla", dijo.
La inminencia del proceso constituyente se da en medio de un grave vacío en el Poder Legislativo.
La destitución en febrero de 57 legisladores por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue un episodio más de la endémica crisis institucional ecuatoriana. Los hechos se precipitaron por la puja entre la mayoría parlamentaria opositora y la mayoría de los magistrados del TSE.
Con el voto de 57 legisladores de los 100 del Poder Legislativo unicameral, el Congreso decidió sustituir al presidente del TSE, Jorge Acosta, por haber convocado la consulta constituyente sin aval parlamentario
Además, los diputados presentaron al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de la convocatoria, pues ésta proponía un estatuto constituyente que autorizaba a la asamblea, una vez instalada, a clausurar el Congreso legislativo y a destituir a sus miembros, contraviniendo otro estatuto aprobado por el parlamento.
Con el voto de cuatro de los siete integrantes del TSE, éste destituyó a los legisladores que promovieron la resolución, basado en que la Ley Orgánica de Elecciones establece que el funcionario público que "interfiera" con "los organismos electorales" en medio de un período electoral, será separado de su cargo y se le suspenderán "los derechos políticos por el tiempo de un año".
El 13 de febrero, en la convocatoria a la consulta del domingo, el TSE estableció como período electoral "el lapso comprendido desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo de 2007, inclusive".
El tribunal adujo en su resolución que Ecuador está "en lo que podríamos denominar estado de emergencia electoral, por lo que ningún organismo ni persona natural o jurídica puede realizar acto alguno que impida u obstaculice, en este caso, la consulta popular".
Apenas esta semana el Tribunal Constitucional desestimó cualquier reclamo de los legisladores destituidos, habilitando la asunción de sus suplentes. Por eso, solamente después de conocidos los resultados electorales del domingo, el Poder Legislativo podrá volver a funcionar con normalidad.
