Un paquete de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia que Washington creyó liberado este mes, fue nuevamente bloqueado en el Senado estadounidense mientras el presidente colombiano Álvaro Uribe afronta una complicada situación interna.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos certificó el 4 de este mes ante el Congreso legislativo los avances de las fuerzas estatales colombianas en materia de derechos humanos, paso necesario para liberar 55,2 millones de dólares de asistencia militar a Bogotá, que permanecían congelados desde 2006.
Pero el lunes, el senador Patrick Leahy, del opositor Partido Demócrata y presidente del Subcomité de Operaciones Exteriores del Comité de Asignaciones, volvió a bloquear la liberación de los fondos al solicitar más explicaciones a la cancillería sobre los vínculos entre las ilegales milicias paramilitares colombianas y altos funcionarios de este país andino.
La decisión fue divulgada el miércoles por varias organizaciones internacionales de derechos humanos y análisis político, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington sobre América Latina, que apoyaron la medida.
Es la tercera vez que se congela esa suma, que corresponde a 25 por ciento de la ayuda al ejército de Colombia para 2006.
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Mientras, el congresista Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, informó que un grupo de legisladores demócratas considera realizar audiencias sobre Colombia.
Se trata de establecer "exactamente" qué ocurre, cuál es el papel de los paramilitares, hasta dónde forman parte del gobierno y cómo éste los está enfrentando, afirmó.
El gobierno de Uribe es el principal aliado de Washington en América Latina. Su política de seguridad depende de la financiación de ese país, que dona al ejército colombiano la tercera mayor ayuda militar después de las destinadas a Israel y Egipto.
El actual comandante del ejército colombiano, general Mario Montoya, fue señalado en el diario estadounidense Los Angeles Times, por una fuente oficial no revelada, de haber actuado en connivencia con paramilitares en la Operación Orión, efectuada en octubre de 2003 en la barriada popular Comuna 13 de Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.
La Comuna 13 era entonces disputada entre milicias de guerrillas izquierdistas surgidas en los años 60 y grupos paramilitares. Orión dejó ocho civiles desaparecidos.
Tras la revelación del diario estadounidense, Montoya acudió a un homenaje de desagravio en la Comuna 13, al que los habitantes fueron llevados en autobuses alquilados por militares para tal fin. Algunos no sabían a qué iban, según versiones de prensa de Colombia.
El senador opositor Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), lideró un debate finalizado en la madrugada del miércoles sobre el paramilitarismo en Antioquia, donde Uribe nació, al que representó como senador entre 1986 y 1994 y gobernó entre 1995 y 1997.
Desde los años 80, ese departamento ha puesto la mayor cantidad de víctimas civiles de la guerra interna colombiana.
Petro se preguntó quién organizó y financió el homenaje a Montoya, tras afirmar que ha surgido un "nuevo cartel de Medellín", al que atribuyó más poder y dinero que todas las organizaciones de narcotraficantes del pasado, "que puede contar con un ejército paramilitar nacional y que se ha convertido en un chantaje para el gobierno", pero no dio detalles.
"El paramilitarismo se recrea y se autodestruye permanentemente. Es caníbal, se mata a sí mismo", dijo Petro, y reseñó venganzas mafiosas y las distintas etapas históricas de esas fuerzas, surgidas en este país desde mediados del siglo XIX, siempre de la mano de sectores ávidos de tierra y de políticos regionales en este país rico en recursos naturales.
El ciclo actual fue iniciado por la mafia en diciembre de 1982, y retomado meses después por "un grupillo" de militares, mencionados por Petro, y que desarrollaron estas bandas para atacar a civiles acusados de guerrilleros. El gobierno y el bloque oficialista replicaron que esas acciones fueron en defensa propia por los ataques de la insurgencia.
Petro se centró en las cooperativas privadas de seguridad Convivir, que terminaron potenciando grupos paramilitares comandados por narcotraficantes.
Éstas fueron reconocidas por decreto del gobierno en 1993, y hasta 1997 —tras una limitación impuesta por la Corte Constitucional— sus miembros podían portar armas largas con la misión de apoyar a la fuerza pública en la contrainsurgencia, dijo a IPS Gustavo Gallón, director de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas.
El senador mostró documentos y testimonios presentados ante la justicia, organismos de control e incluso ante la embajada de Estados Unidos, de ex paramilitares arrepentidos y ex militares que se negaron a tomar parte en asesinatos y que hoy están muertos o en el exilio.
"Las Convivir son los mismos paramilitares", declaró un soldado a la fiscalía. "Yo había ido al ejército para cuidar las vidas y no para acabarlas", afirma uno de los testimonios que mostró Petro y que incriminan al general retirado Rito Alejo del Río, apoyado públicamente por Uribe.
Dos haciendas de la familia de Uribe habrían sido punto de reunión de paramilitares e incluso base de operaciones bajo la coordinación de un hermano del actual mandatario, Santiago, acusaciones rechazadas con vehemencia por éste y por el gobierno.
El miércoles fue mostrada a la prensa la firma del ahora presidente y entonces gobernador, autorizando a hoy confesos jefes paramilitares a crear dos cooperativas Convivir.
El denominador común de las denuncias de Petro es que los casos terminaron engavetados, muchos por el ex fiscal y hoy embajador en México, Luis Camilo Osorio.
"Al escuchar al senador Petro, a veces tengo la impresión de escuchar a Luis Carlos Galán", dijo el hijo del inmolado candidato presidencial del Partido Liberal (PL), el también senador Juan Manuel Galán, durante el debate que causó evidente nerviosismo en el gobierno.
"La diferencia, prosiguió, es que Luis Carlos Galán le dijo al país lo que le iba a pasar, y Petro en estos años le ha dicho al país lo que le pasó. Ojalá Petro no termine como Galán", añadió su hijo. El dirigente fue asesinado en 1989 en plena campaña electoral.
"La alianza de militares anticomunistas, autodefensas y narcotraficantes, que es lo que yo llamo el paramilitarismo, mató a Luis Carlos Galán", señaló Petro en el debate, que se prolongó 10 horas y media.
El paramilitarismo "no surgió porque el Estado no existía. Nació con sectores del Estado", dijo el senador, contrariando la argumentación de muchos, incluido el gobierno.
El escándalo de la "parapolítica" estalló el año pasado. Hay ocho importantes políticos tras las rejas, todos uribistas, y muchos otros investigados.
Uribe logró en 2006 una desmovilización parcial paramilitar, luego de negociaciones cuyo contenido permanece secreto.
Unos 31.000 combatientes, 10 veces más que lo calculado inicialmente, se presentaron a entregar unas 18.000 armas. Casi todos fueron indultados.
Mientras, 2.695 deben confesar todos sus crímenes para acogerse a penas máximas de ocho años de prisión y resarcir con sus bienes a las víctimas, según un fallo de la Corte Constitucional que molestó a los acaudalados jefes paramilitares y que el gobierno intentó enmendar sin éxito.
El parlamento de mayoría oficialista había dispuesto apenas una confesión parcial y la opción de pagar la pena en fincas acondicionadas, además de una multa.
La perspectiva de perder la posibilidad de saber la verdad llevó a sobrevivientes y familiares de muertos y desaparecidos a organizarse.
Unas 50.000 personas afectadas por las acciones de esas milicias se han inscrito ante la Fiscalía General de la Nación, y existe un Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del cual hace parte el padre de un soldado asesinado tras denunciar el trabajo conjunto de militares y paramilitares.
"El paramilitarismo está vivo, armado, en los negocios y en el poder", y el narcotráfico "va a tener una influencia muy grande en las próximas elecciones" regionales y locales de octubre, advirtió en el debate el portavoz del PL en el Senado, Luis Fernando Velasco.
"Estamos fallando en la negociación (con los paramilitares) porque estamos negociando con el narcotráfico. Y al narcotráfico hay que negociarle de frente", expresó, tras subrayar el llamado centra del PL: rodear a la Corte Suprema de Justicia, que está investigando los nexos de políticos y paramilitarismo.
