La capital brasileña amaneció este lunes con el impacto de otro «abril rojo». Unos 800 campesinos sin tierra ocuparon una sede gubernamental, mientras 1.000 indígenas acamparon en la plaza de los ministerios, reclamando mejor atención de salud y demarcación de sus tierras.
Es que este martes se celebrará el Día Internacional de Lucha Campesina, que recuerda la masacre de 1996 en Eldorado de Carajás, en la Amazonia oriental brasileña, donde 19 miembros del MST fueron asesinados por la policía cuando participaban de una marcha con otros 3.000 campesinos, reclamando su asentamiento legal.
En tanto, este jueves se conmemora el Día Nacional del Indígena. En esa jornada culminará, en una audiencia en que se espera la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Campamento Tierra Libre, inaugurado este lunes en el centro de Brasilia con líderes provenientes de los más variados pueblos originarios del país.
Este es el mayor campamento de los que ha levantado cada año el movimiento indígena, "con más de 1.000 participantes", lo cual es una muestra de mayor movilización y perspectivas de cambio respecto del Estado con los indígenas, señaló a IPS Ilton Tuxá, coordinador de la Asociación de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo (Apoinme).
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Además de la demarcación de numerosos territorios indígenas aún pendientes de medidas gubernamentales, la manifestación reclama la creación de la Comisión de Política Indigenista, para definir estrategia más amplias y "no autoritarias" para esa población, según Jecinaldo Cabral, coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.
La esperanza es que el presidente Lula firme un documento creando la comisión, en la audiencia del jueves, dijo Tuxá.
La cuestión de la salud de los indígenas amazónicos es otra exigencia urgente, especialmente para los grupos que viven en el Valle de Javari, en la frontera con Perú y Colombia, que son diezmados por el paludismo y la hepatitis ante la omisión de los servicios estatales, denunció Cabral.
Pero es la cuestión del uso y tenencia de las tierras lo que más afecta a los indígenas del nordeste brasileño y lo que fomenta la "alianza con otros movimientos sociales", especialmente el MST, que es movimiento de "más fuerte expresión política" en el país, señaló Tuxá.
Las amenazas a las tierras, tanto de indígenas como de campesinos y pueblos que viven en los bosques, como ribereños, pescadores y extractores de caucho y otros frutos, provienen tanto del avance del área de los grandes negocios agropecuarios, como de las centrales hidroeléctricas que inundan extensas zonas en la Amazonia, así como rutas y grandes proyectos mineros, destacó.
Este mismo lunes, cerca de 500 indígenas ocuparon por dos horas las plantas de la central hidroeléctrica de Estreito, en construcción en el céntrico estado de Tocantins, y luego bloquearon la carretera que une Brasilia con la norteña ciudad de Belem, capital del estado amazónico de Pará. Grupos indígenas y pueblos ribereños acusan a los responsables de la central de amenazar sus tierras y ríos.
Los 800 campesinos del MST y de otros movimientos de trabajadores agrícolas, que ocuparon la sede del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) a las cinco horas de la madrugada de este lunes, reclaman el asentamiento de 150.000 familias que viven acampadas en predios ocupados y en márgenes de carreteras en todo Brasil, a la espera de reforma agraria.
En los alrededores de Brasilia hay 1.800 familias en esa situación.
También ocupaciones de predios considerados improductivos y adecuados para la reforma agraria, y de otras sedes gubernamentales, se multiplicaron por varias partes de Brasil desde la semana pasada.
En el nororiental estado de Pernambuco, uno de los que concentra mayor cantidad de conflictos por la tierra, el MST ocupó este lunes dos haciendas consideradas improductivas, con 100 familias cada una.
Pero la mayor ocupación se registró el sábado, cuando más de 2.000 familias entraron al área Pontal Sur, un extenso proyecto de irrigación en las orillas del río Sao Francisco, que une el centro con el nordeste de Brasil.
El predio ocupado es "un latifundio público", ya que se trata de un proyecto gubernamental, que pose un área de 33.526 hectáreas donde se implantaría la infraestructura de irrigación, pero que está paralizada, según el MST.
Actos por la reforma agraria similares se sucedieron en los últimos días tanto en el extremo sur del país como en el rico estado de Sao Paulo y en zonas de la Amazonia.
Pero las manifestaciones campesinas reclaman también el fin de la impunidad de la violencia en el campo brasileño.
La Jornada de Lucha condena la impunidad de los 150 policías militares responsables de la masacre de Eldorado de Carajás hace 11 años.
Sólo los jefes de la operación policial fueron condenados a la prisión, pero siguen en libertad, mientras no hay una sentencia final en las instancias superiores de la Justicia.
La impunidad de la violencia sigue vigente en el campo, denunció también este lunes en Brasilia la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), dependiente de la Iglesia Católica, al divulgar su informe anual sobre conflictos rurales.
En el año pasado, 39 personas fueron asesinadas en consecuencia de conflictos por la tierra en Brasil, uno más que en 2005.
Pero los intentos de asesinato sumaron 72, con un aumento de 177 por ciento respecto del año anterior, destacó el informe de CPT.
De 1985 a 2006, período en que la Comisión monitorea la violencia en el campo, se registraron 1.104 conflictos con asesinato, con un saldo de 1.464 trabajadores rurales muertos. Pero sólo 85 casos de conflictos fueron llevados a la justicia y condenados sólo 71 asesinos y 19 autores intelectuales de esos delitos.
