El asesinato impune de dos ambientalistas del departamento hondureño de Olancho y las infracciones a la prohibición de talar bosques amenazan una precaria tregua en esta zona siempre convulsionada por la deforestación.
"Esta paz relativa se puede interrumpir en cualquier momento, porque persiste la impunidad, y la veda parcial decretada para frenar la tala del bosque sigue siendo burlada", dijo a Tierramérica la dirigente humanitaria Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y oriunda de Olancho.
Desde 1998 han muerto seis ambientalistas en este departamento que ocupa parte del este, centro y norte del país, con una superficie similar a la de El Salvador y cerca de 2,5 millones de hectáreas boscosas de especies madereras de gran valor. Más de la mitad de sus bosques han sido talados.
Los elementos que dieron pie a años de protestas de los pobladores "están tan vigentes como ayer. La gente resiente que no haya justicia para los autores intelectuales del fusilamiento de dos ambientalistas, mientras sigue el tráfico ilegal de madera", observó Oliva.
La activista relató el pacto suscrito en febrero por grupos ecologistas contrarios a la deforestación y cooperativas de madereros, tras el asesinato cuatro meses atrás de los activistas Heraldo Zúñiga y Roger Murillo, del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
Las muertes fueron atribuidas a cuatro policías, puestos a disposición de la justicia en marzo tras intensa presión de organizaciones como Amnistía Internacional.
Los madereros se aglutinan en la cooperativa Primero de Mayo, cuyos integrantes mantienen una fuerte pugna con el líder del MAO, el sacerdote católico Andrés Tamayo.
En febrero, miembros de esa cooperativa tomaron la carretera que conduce a Tegucigalpa, reclamando que se levantara la veda al corte de árboles en varios municipios de Olancho decretada en 2006 por el gobierno de Manuel Zelaya.
Ante los incidentes y protestas que estuvieron a punto de desembocar en violencia, el gobierno estableció una comisión encargada de lograr un entendimiento e integrada por militares, representantes del Ministerio de Ambiente, del MAO y de la cooperativa Primero de Mayo. En ese ámbito se pactó la tregua.
Pero si no funciona, "analizamos medidas más profundas para garantizar una paz total" en la zona, dijo a Tierramérica el ministro de Defensa, Arístides Mejía.
En mayo del año pasado, el gobierno dispuso la suspensión de la tala de árboles en los municipios de Salamá, El Rosario, Jano, Silca y Manto.
Según dijo Tamayo a Tierramérica, la movilización de los campesinos organizados ha logrado frenar la tala en Salamá, Silca, Manto, El Rosario y Jocón, pero no en el resto de las comunidades afectadas.
El trasiego ilegal de madera continúa, según un control efectuado en la zona por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
A las piezas taladas se les aplica una mezcla de agua y cal para opacar el tono oscuro característico de la madera recién cortada, según el informe del Comisionado.
En Salamá, donde reside Tamayo, grupos madereros han organizado a pobladores en cooperativas contrarias al movimiento ecologista, afirma el reporte.
Los 24.000 kilómetros cuadrados de Olancho albergan gran parte de la reserva de la biosfera del río Plátano, declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El área forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, una iniciativa para restaurar la valiosa cadena boscosa de la región que comprende el sur de México y los siete países de América Central.
En los bosques de Olancho hay pinos (Pinus oocarpa, entre otras especies), caobas (Swietenia macrophylla), cedros (Cedrela odorata), robles (como los Quercus sapotifolia, Quercus bumelioides, Quercus oleoides) y guayabos (Psidium Guajava L.).
Los campesinos ecologistas afirman que la tala está alterando el régimen hídrico de los ríos de la zona.
La deforestación es un grave problema para Mesoamérica. Los incendios, la tala ilegal y la explotación descontrolada provocan una reducción de 400.000 hectáreas de bosques por año y si la tendencia no se revierte, en 2015 estos habrán desaparecido, afirmaban registros científicos de 2002 del Corredor Biológico Mesoamericano.
Olancho ha sido una zona de recurrentes luchas por los recursos desde tiempos de la colonia española.
A mediados del siglo pasado, se lo consideraba el granero de América Central por su abundancia de maíz, frijol, arroz y sorgo. Pero la desaparición de los incentivos estatales a la agricultura hizo mermar esa producción.
Su población, de algo menos de medio millón de habitantes, vive del agro, el comercio, la ganadería y el trabajo forestal. La pobreza está muy extendida. En los últimos años, muchos han emigrado a Estados Unidos. Pero el negocio dominante es el bosque.
En 1997, mientras encabezaba una misión pastoral en las montañas que rodean la comunidad de Jocón, Tamayo presenció una escena imborrable: unos labradores se aprestaban a sepultar a un campesino en una bolsa de plástico porque no tenían dinero para comprar un ataúd ni madera para fabricarlo.
"Paradójicamente, allí había unos aserraderos y las comunidades estaban rodeadas de una gran riqueza forestal", relató a Tierramérica el religioso.
A partir de entonces, Tamayo organizó a unas 23 comunidades del norte de Olancho contra el trasiego ilegal de maderas finas.
Esos poblados organizados están en los municipios de Manto, Guarizama, Silca, Salamá, Guata, Jano, Jocón, El Rosario, Mangulile, La Unión y Esquipulas del Norte. Allí la defensa del bosque "es un espíritu ardiente, como lo son las quemas ilegales para extraer madera", dijo Oliva.
La exportación de maderas deja al país algo más de 50 millones de dólares y los destinos son Estados Unidos, el Caribe y países europeos como Alemania, según la Asociación de Madereros de Honduras.
La legislación forestal se considera obsoleta, pero una nueva ley a punto de aprobarse recibe críticas de los ecologistas, que consideran nula la protección prevista para las reservas. La estatal Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, encargada de regular el uso de los bosques, ha sido cuestionada por denuncias de vínculos de algunas de sus autoridades con empresas madereras.
Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, el poder y la influencia de "los barones de la madera" es tal en Olancho que "gran parte de los candidatos a cargos políticos en ese departamento reciben financiamiento" de aquellos.
* La autora es colaboradora de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 14 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
